Un grupo de ONG venezolanas expusieron este miércoles durante el 163 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima, Perú, la situación de vulnerabilidad que se padece en Venezuela en el acceso a la salud, la justicia y la alimentación, en medio de la durísima crisis socioeconómica y política que asola al país petrolero y que ha provocado protestas antigubernamentales desde hace casi 100 días.
La CIDH, cuya relatoría para Venezuela recae en el abogado peruano Francisco José Eguiguren, escuchó los argumentos de los activistas de DDHH, que señalaron que en el país caribeño hay aumento de la mortalidad infantil, carencias de medicinas, insumos y equipos médicos; deficiencias de infraestructura hospitalaria; desabastecimiento de alimentos, desnutrición y malnutrición en una alarmante proporción de hogares; y la politización de la justicia en contra de opositores y críticos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Justicia roja
La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Marianna Romero, tras participar en la sesión propuesta por el Estado venezolano para discutir sobre la asistencia jurídica gratuita a enjuiciados, afirmó que “no se ha garantizado el derecho al acceso a la justicia a los venezolanos porque todo el aparato y el andamiaje institucional, incluyendo la justicia, es utilizado como instrumento político” en beneficio del gobierno de Maduro.
Describió que el sistema de Defensa Pública, que tiene el objetivo de proveer asistencia jurídica gratuita a quien lo necesite, ha sido convertido en un mecanismo “coercitivo, sistemático, reiterado y consciente que busca ocultar evidencias de malos tratos, de torturas, de arbitrariedades en casos relacionados con DDHH”, en el marco de las protestas que se han registrado en el país desde 2014.
Durante la audiencia se resaltó que la actual titular de la Defensa Pública, Susana Barreiro, fue la jueza que condenó a casi 14 años de prisión al líder opositor venezolano, Leopoldo López, en un juicio cuestionado por presuntas manipulaciones de pruebas y reiteradas violaciones a los derechos a la defensa y al debido proceso del propio López.
El Estado venezolano, representado por su Secretario Ejecutivo de DDHH, Larry Devoe, manifestó ante la CIDH como un logro que 2 millones de venezolanos han tenido acceso a la Defensa Pública. Sin embargo, Romero cuestiona este dato aseverando que esa cifra no tiene importancia “cuando se observa un acceso irregular a la justicia”.
Para la activista “no vemos que haya realmente condiciones para que se pueda hablar de debido proceso, que se cumplan las garantías, o que las personas sean presentadas ante su juez natural”. Esto último en alusión a los cientos de personas detenidas y presentadas ante jueces militares por protestar contra el gobierno de Maduro, lo que viola la Constitución venezolana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles.
“La comisión sabe que hay un problema no solo de acceso a la justicia sino de institucionalidad en Venezuela. Hay una crisis económica, política y humanitaria con diversos problemas”, sostiene Rondón.
Salud precaria
Judith Bront, de 36 años, se presentó este miércoles ante la CIDH para exponer el caso de su hijo de 12 años Samuel Cegarra, fallecido hace un par de meses tras contraer una infección en el servicio de Hemodialisis del Hospital Infantil J.M. De Los Ríos, el principal pediátrico de Venezuela.
El menor de edad, paciente crónico de insuficiencia renal, murió en pocas semanas tras no poder recibir los antibióticos requeridos. Junto a Samuel otros tres niños han muerto en el referido centro asistencial por la misma razón, en medio de la escasez de medicamentos que supera 85%, según datos de los gremios farmacéuticos.
Las ONG Prepara Familia y Cecodap, presentes en la CIDH, afirmaron que “la actual crisis hospitalaria de infraestructura, medicamentos, insumos y déficit de personal” impiden atender las necesidades de salud de la niñez y adolescencia.
Los datos oficiales revelaron que en 2016 murieron 11.466 niños menores de 12 meses de edad, un salto de 30,12% en la mortalidad infantil respecto al año anterior, mientras que la mortalidad materna creció casi 66% a 756 mujeres, en comparación a 2015.
Esto describe la crítica situación de salud que ha llevado a cientos de organizaciones civiles, partidos políticos y ciudadanos venezolanos a exigir al gobierno de Maduro, infructuosamente, que reconozca la crisis humanitaria y abra canales de ayuda internacional para atender la emergencia.
Crece la desnutrición
Venezuela defendió ante la CIDH su programa de cajas de alimentos (llamadas CLAP) entregadas por el Ejecutivo directamente a cada hogar, previo registro ante entes oficiales, que ya habría llegado a 3,8 millones de viviendas desde abril de 2016.
No obstante Carlos Trapani, de Cecodap, explica que la caja CLAP es “administración de escasez, no tienen criterios nutricionales, no tienen proteínas, hay irregularidad de suministro. Es una medida paliativa que genera discriminación”.
Aseguró que una encuesta realizada en 1.099 hogares en Caracas en 2016 determinó que 35% de las familias comen menos alimentos, mientras que en casi 25% de los hogares los adultos dejan de comer para que niños, adolescentes o personas de la tercera edad puedan hacerlo, ante la escasez de alimentos y el alto precio de los mismos en una economía con inflación pronosticada en 720% para 2017 según el FMI.
También mencionaron datos de Cáritas con 9% de niños menores de 5 años con desnutrición aguda en el segundo semestre de 2016, dato que se ha triplicado en tres años.
“La crisis política, económica y social está afectando a los niños de forma acelerada”, dice Trapani, y por ello Prepara Familia y Cecodap plantearon la CIDH que se hagan al Estado venezolano recomendaciones como la publicación de los datos sobre epidemias, mortalidad y violencia; un plan extraordinario de recursos financieros para atender las necesidades de salud y alimentación de niños y adolescentes; y para atender y dotar al hospital pediátrico J. M. De Los Ríos de medicamentos, insumos, reactivos, equipos médicos y electromecánicos.
