El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan junto al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
APCARACAS.- Un grupo de ONG venezolanas emitieron un comunicado conjunto este jueves en el que saludaron la decisión de que se instale una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, pero al mismo tiempo lamentaron la falta de información sobre el memorando de entendimiento que firmaron el fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro.
"Lamentamos la falta de información a la opinión pública sobre la visita, su desarrollo y que, hasta los momentos, no se haya hecho público el nuevo Memorando de Entendimiento (MdE). En un país en donde reina la opacidad institucional y la falta de transparencia en la gestión pública, esperamos que esa no sea la dinámica impuesta en el desarrollo del mandato de la Oficina", señalaron las ONG en el texto.
En ese sentido, enfatizaron la necesidad de que divulgue el contenido del memorando para conocer "cuáles son las áreas prioritarias que según el f iscal se establecieron, y en las que la oficina brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades" venezolanas.
Resaltaron que en el memorando se incluye la "asistencia para desarrollos legislativos en el campo de la justicia".
"Mal podría la Oficina brindar esta asistencia para que sea implementada en procesos legislativos, como los que adelanta la actual Asamblea Nacional, sin publicidad alguna y simulando la participación ciudadana. Insistimos en que las políticas deben ser elaboradas y adoptadas con transparencia, de cara a la nación", exigieron.
A la par, reconocieron que el fiscal Khan dejó claro que su objetivo es mejorar la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma, así como que el proceso de investigación avanza de forma independiente a las actuaciones de esta nueva oficina.
Las ONG consideraron "imprescindible" que la oficina de CPI "contribuya a crear las condiciones para que el Estado cumpla con su deber de garantizar la existencia y el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)", ya que son "socios necesarios para establecer responsabilidades significativas en crímenes de lesa humanidad", de acuerdo a la propia CPI.
Exigen que el Estado venezolano se abstenga de incurrir en intimidaciones y represalias contra las ONG, entre ellas los proyectos de ley de cooperación internacional y ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.
La solicitud fue suscrita por las ONG Acceso a la Justicia, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), Civilis Derechos Humanos, Defiende Venezuela, Foro Penal Venezolano, Laboratorio de Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
FUENTE: REDACCIÓN
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