CARACAS.- Nueve de cada 10 venezolanos no pudieron pagar su alimentación diaria en 2017, año en que se registraron los peores indicadores sociales en casi tres décadas en el país, según el informe anual publicado este miércoles por la organización no gubernamental Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Venezuela enfrenta desde octubre pasado una espiral hiperinflacionaria, combinada con una prolongada fase de desabastecimiento de alimentos y medicinas.

La evaluación de Provea sostiene que en 2017 nueve de cada 10 venezolanos no pudieron pagar su alimentación diaria, mientras que ocho de cada 10 declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez.

En la presentación, la especialista Susana Rafalli dijo que el problema de nutrición no es solo el resultado de no poder comer, sino de todos los factores que pueden afectar la salud. "Durante 2017 disminuyó 52 por ciento la importación de alimentos, sin aumentar la producción interna (de Venezuela)", señaló.

Rafalli mencionó cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO) sobre el aumento de las personas que padecen hambre en el país.

"De acuerdo a la FAO, a las personas con hambre registradas en 2016 en Venezuela se sumaron 1,3 millones más, lo que lleva a un balance de 1,8 millones de venezolanos en situación de hambre a partir de la oferta alimentaria que se le puede garantizar", explicó.

Señaló que en 2017 se registraron 11.852 violaciones a la propiedad privada vinculada al sector alimentario, afectando la obligación del Estado de respetar la realización del derecho a la alimentación.

A la vez, Rafalli dijo que el régimen construyó una arquitectura "de control estatal sobre el hecho alimentario", conformado entre otros por el llamado carnet de la patria, un documento emitido por el régimen y los Comités Locales de Alimentación y producción, compuestos por partidarios del régimen que distribuyen bienes de consumo.

"El carnet de la patria se creó como una herramienta para consolidar la dominación... La naturaleza de las instituciones y formas de organización que se consolidaron en 2017 para el control estatal de lo alimentario obedecen a objetivos políticos y no a la realización de un derecho humano", añadió.

En su informe, la organización defensora de los derechos humanos subrayó que los problemas sociales se agudizaron el año pasado en medio de las protestas contra el régimen, entre abril y julio, que dejaron más de 100 muertos.

El portavoz del grupo, Rafael Uzcátegui, dijo que Provea registró los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, cuando la agrupación comenzó a elaborar una evaluación anual sobre los derechos humanos.

FUENTE: EFE

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