Cuatro organizaciones independientes indicaron ante el Congreso estadounidense que la recuperación de la democracia debe incluir a la sociedad civil
Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
SAUL LOEB/ AFPMIAMI.- Representantes de cuatro ONG de derechos humanos urgieron ante el Congreso de EEUU una agenda de atención en Venezuela que garantice el fin de las violaciones y la inclusión de la sociedad civil en el plan de recuperación de la democracia en el país que atraviesa una severa crisis agudizada por la emergencia, tras los sismos.
Las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón, y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) expusieron ante los congresistas el deterioro de los derechos humanos, tras presentar un informe detallado sobre la situación de los 518 presos políticos que aún permanecen tras las rejas, y que consideraron “una emergencia humanitaria marcada por la arbitrariedad y el sufrimiento”.
En la audiencia, organizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, también participaron la Oficina para Asuntos Latinoamericanos y el Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos, se informó.
Las ONG pusieron de relieve la necesidad de protección de las personas detenidas y en condiciones de vulnerabilidad, así como la restitución de la institucionalidad en el país.
Pidieron que se trabaje por la liberación plena y definitiva de todos los presos políticos, la derogación de leyes “que asfixian el espacio cívico” y el desmontaje de los aparatos de persecución.
La abogada Martha Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón, destacó la situación de salud de los presos políticos entre los que hay 64 mujeres, 23 ciudadanos extranjeros y 25 venezolanos con doble nacionalidad, y detalló que al menos 38 detenidos padecen enfermedades graves y 20 adultos mayores de 70 años en condiciones de deterioro acelerado.
Durante su intervención difundida por sus redes, citó casos emblemáticos como el de Emirlendris Benítez, presa política detenida en 2018 que sufrió un aborto en la cárcel y con secuelas físicas irreversibles, así como la tragedia de doña Carmen Navas, madre del preso Víctor Quero, quien falleció tras años de búsqueda desesperada de su hijo de cuyo paradero las autoridades le negaron información por más de un año.
Este último caso, según Tineo, simboliza el impacto de la desaparición forzada como herramienta de tortura psicológica contra las familias.
Dijo que del total de 795 presos políticos que fueron excarcelados, solamente una minoría obtuvo la libertad plena mediante la aplicación judicial de la Ley de Amnistía.
La defensora también cuestionó el caso de la cárcel del Helicoide, considerado un centro de torturas, y cuyo desalojo obedeció a loa presión internacional, pero no ha modificado la situación de los presos que siguen bajo condiciones de aislamiento y desatención “similares o peores” en los centros a donde fueron llevados.
Finalmente subrayó que la recuperación democrática de Venezuela requiere la participación activa de las organizaciones de derechos humanos. Ante el debilitamiento institucional, la sociedad civil no solo actúa como observadora, sino como un actor estratégico con experticia técnica en documentación, monitoreo, acompañamiento jurídico y análisis de riesgos.
“Esta capacidad instalada representa un valor agregado indispensable para cualquier proceso genuino de estabilización y democratización”, dijo Tineo y reafirmó el compromiso con “una agenda de cooperación constructiva”.
"Asumimos nuestra responsabilidad histórica en defensa de la dignidad como un bien sagrado", indicó.
“La reconstrucción de Venezuela nos convoca a ser artífices de nuestra propia realidad", enfatizó y planteó a los congresistas republicanos y demócratas “acciones inmediatas para superar la crisis”, dijo la defensora según informó la ONG.
“La ruta hacia la justicia exige transparencia y compromiso. Las víctimas esperan una justicia genuina y libertad plena. La democratización de Venezuela exige transparencia absoluta, voluntad política y el restablecimiento del Estado de derecho.
“La recuperación democrática de Venezuela requiere la participación activa de las organizaciones de derechos humanos. Ante el debilitamiento institucional, la sociedad civil no solo actúa como observadora, sino como un actor estratégico con experticia técnica en documentación, monitoreo, acompañamiento jurídico y análisis de riesgos”, añadió.
FUENTE: Con información de ONG Justicia, Encuentro y Perdón red X
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