CARACAS.- La oposición venezolana presentará en la Mesa de Negociación que se instala en República Dominicana cuatro requerimientos básicos, siempre con la mirada puesta en las condiciones de la elección presidencial que debe celebrarse en 2018.
Según ha explicado el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges la oposición exigirá al régimen de Nicolás Maduro garantías de que la próxima elección presidencial será libre y competitiva; la apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas para afrontar la emergencia humanitaria compleja que sufre el país; la liberación de más de 500 presos por razones políticas y la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional.
De estas cuatro exigencias la elección presidencial para el periodo 2019-2026 es la clave para un cambio político en el país. En este sentido el documento de peticiones electorales incluye 10 garantías que la oposición aspira a que el régimen de Maduro se comprometa a cumplir.
Observación internacional calificada
La primera de estas garantías se orienta a que Maduro permita que el proceso presidencial cuente con misiones de observación internacional electorales de la ONU, OEA y la Unión Europea. Desde el año 2006 el Gobierno venezolano se niega a permitir la presencia de observadores internacionales. Entre 2006 y 2015 este rol lo asumió la Unasur, mientras en 2017 la veeduría se limita al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y a varias organizaciones de observación electoral nacionales. Sin embargo, para los comicios de alcaldes convocados para el 10 de diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió prescindir incluso de las organizaciones nacionales que en el pasado han monitoreado los procesos electorales.
La oposición aspira a que los observadores internacionales de las elecciones de 2018 sean autónomos –no solo financieramente– en su relación con el país anfitrión, que sus técnicos puedan acceder sin restricciones a todos los aspectos y fases del proceso electoral y que el CNE permita que los observadores puedan emitir declaraciones e informes públicos con sus hallazgos y recomendaciones sin que deba existir la aprobación de la autoridad electoral.
Garantizar la votación de los venezolanos residenciados en el exterior
Según el último corte del Registro Electoral apenas 101.431 venezolanos están autorizados para votar en el exterior, a pesar que se calcula que al menos existen 750 mil votantes potenciales que se les impide ejercer su derecho al voto en alguna de las 110 misiones diplomáticas del país. Adicionalmente se exige que se restituya el centro de votación ubicado en la ciudad de Miami (cerrado en el año 2012). Casi 20% de los electores inscritos para sufragar en el exterior se encuentran en el estado de Florida y no disponen de consulado, ni de centro de votación.
Auditoría internacional al registro de votantes
La última auditoría independiente al Registro Electoral fue realizada en el año 2006 por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral de la CIDH (Capel). Además de la auditoría se exige al régimen de Maduro permite la inscripción de los nuevos votantes (dentro y fuera de Venezuela) en la base de datos de ciudadanos mayores de 18 años que pueden sufragar. Desde mediados del año 2015 el CNE no realiza jornadas especiales de inscripción y actualización en el RE.
Seis meses entre la convocatoria y la elección
En las dos votaciones celebradas en 2017 (gobernadores y alcaldes) los rectores del CNE violaron la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Procesos Electorales al realizar los procesos electorales 10 semanas después de la convocatoria oficial. La legislación electoral venezolana establece que deben existir al menos seis meses entre la convocatoria de la elección y la realización del evento comicial. No obstante, antes de instalarse la Mesa de Negociación ya han oficializado su candidatura presidencial Nicolás Maduro, Henri Falcón y presumiblemente Henry Ramos Allup. Aunque el CNE no ha oficializados la fecha de la elección distintos voceros del régimen de Maduro han asegurado que esta votación pudiese realizarse durante el primer trimestre del año 2018, a pesar que la toma de posesión del próximo presidente está prevista constitucionalmente para el 10 de enero de 2019.
Prohibición de transmisiones obligatorias de radio y televisión durante la campaña
La última vez que el CNE sancionó al Presidente de Venezuela por usar recursos públicos para promocionar a candidatos del partido oficial fue durante el mes de mayo del año 2000. En esa oportunidad el CNE impuso una multa de 100 unidades tributarias a Hugo Chávez, al tiempo que prohibió la transmisión (durante la campaña electoral) del programa ¡Aló, Presidente! y cualquier otro espacio cuya producción se financiara con recursos del Estado. Aunque los recursos del Estado se han seguido utilizando para promocionar a los candidatos de la revolución bolivariana el CNE no ha vuelto a imponer sanciones de ningún tipo al jefe del Gobierno. La oposición aspira a que en 2018 se prohíba el uso de transmisiones oficiales obligatorias en radio y televisión. Adicionalmente pedirán que se prohíba dentro de la publicidad gubernamental la inauguración de obras públicas y anuncio de inversiones públicas durante la campaña electoral como es el caso de las leyes de garantías electorales de Brasil y Colombia.
La oposición también exigirá que se permita que organizaciones de la sociedad civil puedan transmitir mensajes que promuevan la participación durante campañas. Desde hace siete años el CNE ha prohibido piezas publicitarias de ONG críticas al gobierno alegando que no son actores electorales a pesar que el artículo 62 de la Constitución Nacional establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en asunto públicos.
Campaña institucional del CNE
La oposición también aspira a que el régimen de Maduro se comprometa a garantizar que el CNE asumirá su rol de árbitro en los procesos electorales y generará especialmente piezas publicitarias dirigidas a despejar las dudas sobre el secreto del voto. En los últimos cuatro años Maduro ha enfocado sus mensajes electorales en asegurar que él puede saber cómo votan los ciudadanos, sugiriendo que existirán sanciones para los ciudadanos que disfruten de planes sociales y no voten por él o por los candidatos del Psuv. El CNE nunca ha desmentido estas afirmaciones. La presidenta del organismo se ha limitado a asegurar que este tipo de afirmación forman parte del debate y las estrategias de campañas de los actores políticos.
Normar cierre de mesas de votación
Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales las mesas de votación deben cerrar a las 6 pm el día de la elección salvo que existan electores en cola. No obstante, la revisión de los resultados electorales demuestra que las mesas (en zonas con tendencia histórica a votar por el chavismo) suelen permanecer abiertas entre 6pm y 9:30 pm. En las mesas que permanecen abiertas después del teórico horario de cierre se suelen registrar resultados de participación y de votación a favor de los candidatos oficiales estadísticamente anómalos en comparación a las mesas de votación en donde el proceso culmina a las 6:00 pm
Designación no partidista de juntas electorales
La oposición exigirá al Gobierno que se cumplan los protocolos previstas en las Ley para la designación de los integrantes de las Juntas Electorales regionales y municipales. En las últimas elecciones 90% de los integrantes de estas instancias fueron designados discrecionalmente por el CNE, no permitiendo que se incorporaran a estas funciones los ciudadanos sorteados para desempeñar funciones temporales el día de la elección. El CNE tampoco siguió el protocolo previsto en la Ley para designar, notificar y acreditar a los 200 mil personas que deben trabajar en las mesas de votación.
19 revisiones técnicas a la plataforma de votación
La oposición aspira a que se retomen todas las garantías técnicas que existía hasta el año 2015. La mayoría de las auditorías realizadas en el pasado, no fueron ejecutadas para los procesos electorales ejecutados en 2017.
Estas auditorías son:
Nuevo CNE
La exigencia electoral más compleja de la oposición es lograr que se admita designar un nuevo CNE conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral y en la Constitución Nacional. Los cinco rectores principales (además de los tres rectores suplentes incorporados a las áreas técnicas del organismo) fueron designados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aunque este procedimiento debe ser asumido por la mayoría de los diputados que integran a la Asamblea Nacional.
En la petición de un nuevo CNE también se incluye la designación de 23 nuevos directores regionales electorales. En los comicios del pasado 15 de octubre los integrantes del Dirección Regional del CNE en el estado Bolívar se prestaron para manipular manualmente los resultados del 13 mesas de votación para garantizar el triunfo del candidato del Psuv en esta entidad.
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