Las demandas se centran en lo que consideran violaciones a las leyes, irregularidades en los comicios y fraudes electorales con los cuales supuestamente Ortega puja por mantenerse en el poder.
Los opositores nicaragüenses sostienen que el gobernante de la nación centroamericana comete los mismos abusos que su homólogo venezolano, que controla las instituciones del estado, las fuerzas armadas y el poder electoral.
Algunos opositores como el excandidato a la alcaldía de Managua por el partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Mendieta, que renunció a la candidatura bajo el argumento de que no existen condiciones para votar de manera limpia, justa y transparente en las elecciones municipales del próximo 5 de noviembre, señalan que Almagro mantiene un acuerdo con el presidente Ortega.
A través de una declaración pública, la oposición que no participa en las elecciones municipales declaró non grato a Wilfredo Penco, a quien Almagro nombró jefe de la misión de observadores de la OEA en Nicaragua, un nombramiento que para Mendieta, pone en riesgo la credibilidad de la OEA.
En opinión de Mendieta, Penco es un aliado de Ortega.
El jefe de la Misión de la OEA estuvo a cargo de la observación de las elecciones en Nicaragua en el 2008, 2011 y 2016, en representación del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA), un organismo creado por el fallecido Hugo Chávez, e integrado por exmagistrados electorales de izquierda en la región. Penco avaló esos procesos electorales en los que la oposición y organismos de observación nacional e internacional denunciaron serias irregularidades y fraudes electorales en los que hasta muertos votaron.
A su arribo a Nicaragua la noche del pasado 9 de octubre, Penco dijo que “actuaría con responsabilidad y profesionalismo”, en un intento de disuadir la desconfianza de los nicaragüenses respecto a su imparcialidad.
“La OEA a quien le dábamos un voto de confianza por su participación en Venezuela, creímos que iba a tener en Nicaragua un comportamiento similar de defensa y promoción de la democracia, la defensa ciudadana y de los derechos humanos, sin embargo, [en Nicaragua] están actuando con doble moral”, denunció Mendieta.
“Una cosa es lo que hacen en Venezuela y es digno de destacarse, y otra, la que están haciendo en Nicaragua en complicidad con el régimen orteguista. En vista de esta situación hemos declarado non grato al jefe de la Misión [de la OEA] Wilfredo Penco”, añadió.
El excandidato a alcalde dijo otro hecho que se suma es la presencia tardía de la OEA para el proceso electoral en ese país, prevista para los primeros días de agosto, pero que llega sólo tres semanas antes de los comicios de noviembre.
Mientras, el excandidato presidencial Noel Vidaurre, resaltó que, en 2011, el año en que Ortega se reeligió de manera inconstitucional, Penco avaló el fraude electoral, pese a que la OEA en aquel momento declaró que el proceso estaba plagado de irregularidades.
“Hay un informe de la Unión Europea y de la OEA que indican que esas elecciones fueron anómalas, y que no se podían confiar en esos resultados, sin embargo, Penco lo avaló. Estamos claros que este señor es colaboracionista del gobierno de Ortega y que viene a avalar el proceso electoral de este régimen”, dijo Vidaurre.
La presencia de la misión de observación de la OEA se da en el marco de los acuerdos suscritos con el gobierno de Daniel Ortega en octubre pasado. Ese acuerdo establece la observación de los comicios municipales, y el desarrollo de un trabajo sobre temas institucionales por un periodo de tres años, en los que se incluye depuración del padrón electoral y mejorar el sistema electoral.
Mendieta, dijo que Ortega se vio obligado a firmar ese acuerdo con la OEA, organismo al que criticó por su informe en el 2011, en un intento de detener el proyecto de Ley Nica Act, una legislación que pretende sancionar al régimen sandinista por violaciones a las leyes, los derechos humanos, la corrupción y los fraudes electorales que se han registrado en el país desde las elecciones del 2008, dos años después de la llegada de Ortega al poder.
La Nica Act fue aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 3 de octubre, y se encuentra en el Senado para su debate.
Legisladores critican a OEA
La congresista Ileana Ros-Lehtinen y el senador Ted Cruz, patrocinadores de la Nica Act, emitieron una declaración conjunta sobre el envío de la Misión de la OEA a Nicaragua.
“La OEA está destinada a apoyar la democracia y el Estado de derecho en las Américas y a no permitir a déspotas como Ortega desmantelar las instituciones democráticas de una nación. Sin embargo, al enviar esta misión observadora defectuosa en lugar de tomar cualquier acción real y significativa, la OEA está validando este proceso corrupto e ilegítimo”.
Además, afirman que la selección de Wilfredo Penco y la corrupción generalizada y sistemática en el Consejo Supremo Electoral nicaragüense, solo apuntan a un resultado predeterminado y favorable para el régimen de Ortega.
“En Nicaragua no hay democracia, no hay libertad, Ortega reprime a los representantes de organismos de derechos humanos, a los sindicalistas que no están con el gobierno, y por el alto nivel de corrupción”, acotó el excandidato presidencial Noel Vidaurre, que cree que la Nica Act será aprobada.
De acuerdo con la opinión del político, otro factor en contra del gobierno de Nicaragua son las relaciones con Rusia. “Se sabe que Rusia tiene centros de espionaje en Nicaragua, a eso se suma las relaciones con Venezuela, un país que reprime y tiene muertos de hambre a sus ciudadanos y sin medicinas, ese apoyo incondicional de Ortega que no es más que pagar la plata que Chávez y Maduro le han dado, eso también preocupa al Senado”, argumentó.
¿Quién financia?
El jefe de la Misión de la OEA, finalmente conversó con los medios independientes el miércoles 11 de septiembre, dijo que antes solo lo hizo con medios oficialistas porque fue lo que le presentó la Cancillería, y reiteró que su actuación seria “profesional, objetiva e imparcial”.
También reveló que el financiamiento lo hizo España, Chile, Luxemburgo y Honduras, pero no precisó el monto del aporte realizado para la observación electoral en Nicaragua.
Sin embargo, la OEA estimó el costo en 18.5 millones de dólares.
