Ortega da pasos a consolidar su 'dinastía'

“Es el eslabón de continuidad, es una consolidación [de la dinastía] básicamente. Ellos están seguros mientras tengan su sostén policial y militar, mientras tanto puede haber todas las sanciones [de la comunidad internacional], pero no son efectivas”, afirmó el exembajador y analista político Roger Guevara Mena.

El experto se refiere a las sanciones que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto al régimen sandinista y a familiares directos de Ortega por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Y aunque analistas políticos coinciden que esas penalidades van creando un cerco de aislamiento a Nicaragua, para Guevara Mena, las sanciones no impiden los planes de consolidación de continuidad en el poder que han impuesto Ortega y su esposa.

“No son efectivas [las sanciones] porque se ejecutan en territorio norteamericano o con personas e instituciones bajo jurisdicción estadounidense. En Estados Unidos se pueden congelar bienes, revocar visas a personas o se puede paralizar activos de cualquier tipo que tiene que ir con nombre y apellido, pero fuera de Estados Unidos, no”, advirtió el analista.

Pese a las sanciones, Daniel Ortega sigue imponiendo la política del terror. Siete aspirantes presidenciales junto a 26 opositores guardan prisión, acusados por el régimen de “traición a la patria” y de “lavado de dinero”. El último detenido es el secretario de la junta directiva del diario La Prensa. El régimen le acusa por supuesta defraudación aduanera y lavado de dinero.

A la candidata a la vicepresidencia por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), la ex Miss Nicaragua Berenice Quezada, el régimen la inhibió de participar en los comicios y enfrenta un proceso penal en libertad por declararse a favor de las protestas de abril de 2018.

“Las leyes son territoriales, están sancionados para ingresar a Estados Unidos, estarían sancionados si este mandato fuera del Tribunal Penal Internacional que emite una orden que involucra a la Policía Internacional, pero eso no se está haciendo”, afirmó Guevara Mena.

Ortega, señalado de crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales de derechos humanos tras la represión durante las protestas que dejaron un saldo de 328 muertos, no ha sido acusado porque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, el órgano judicial encargado de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional.

Los "herederos"

Ortega de 75 años y Murillo de 70, tienen nueve hijos, siete del matrimonio y dos de un matrimonio previo de Rosario, adoptados por Ortega: Zoilamérica y Rafael Ortega. La primera está fuera de la dinastía por denunciar a su padre adoptivo por abuso sexual en 1998.

Los otros ocho hermanos son parte del régimen de sus padres, ocupan cargos de “asesores” presidenciales y dirigen los negocios familiares obtenidos de la ayuda petrolera venezolana y de los fondos públicos. Controlan los negocios de distribución de petróleo en el país, la mayoría de los medios de comunicación, las agencias publicitarias beneficiadas con contratos del estado, empresas de servicios y la distribución de productos básicos como es Agricorp y del nuevo matadero Nuevo Carnic S.A., entre otros negocios.

Una fuente vinculada a los Ortega que decidió hablar en condición de anonimato sostiene que el sucesor de sus padres sería Juan Carlos Ortega Murillo, “el hijo predilecto de Rosario”, a quien se refiere como la “reencarnación” de Augusto César Sandino, personaje en cuyo legado se inspira el FSLN.

Historia que se repite

La de Ortega Murillo no es la primera dinastía que vive Nicaragua. De 1936 a 1979 gobernó la dinastía somocista que inició con Anastasio Somoza García (1936-1956) y tras su asesinato gobernaron sus hijos Luis Somoza Debayle (1956-1963) y Anastasio Somoza Debayle (1967-1979)

De la dictadura somocista Nicaragua cayó en manos de la dictadura sandinista (1979-1990) codirigida desde Cuba. El sandinismo en su primera etapa perdió las elecciones en 1990. Pero recuperó el poder en noviembre de 2006, gracias a un pacto de impunidad firmado entre Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán.

Para el opositor en el exilio Christiam Martínez, en 1990 se crearon las bases para el retorno del sandinismo y la instauración de la dinastía de izquierda porque el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro aprobó una Ley de Amnistía en nombre de la “estabilidad” del país, y con ello se permitió que los crímenes y robos de propiedades permanecieran en la impunidad y a los responsables continuar como actores de la política nacional.

“Esa amnistía fue aprobada sobre más de 50.000 muertos acompañado del saqueo de más 1.100 millones de dólares al pueblo nicaragüense, que benefició a la dirección nacional del FSLN y a sus principales cuadros políticos y militares”, afirmó.

Tras su retorno Ortega tomó control de las instituciones del Estado, el Ejército, la Policía y logró abrir camino a la reelección indefinida “valiéndose de una aberrante resolución emitida a su favor por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manejada por militantes sandinistas”, señaló Martínez.

El opositor en el exilio agregó que la “concertación” del gran capital nicaragüense con Ortega contribuyó a la instauración de la dinastía.

“Viene un dilema para todos los nicaragüenses porque la comunidad internacional va a seguir sancionando a funcionarios, le van a poner un cerco como en los 80”, dijo la fuente.

“No les importa arrastrar al pueblo”, aseguró, todo con tal de mantenerse en el poder.

@FloresJudith7
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