MIAMI.- El retorno del dictador Daniel Ortega a la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica para la búsqueda de una salida a la crisis en Nicaragua, “solo es viable a través de la presión, con medidas que podrían ir desde la aplicación de la Carta Democrática Interamericana hasta un embargo comercial”, valoró el periodista y exdiputado opositor Santiago Aburto.
En efecto, el Departamento de Estado en Washington, a través de su embajador en Nicaragua, Kevin Sullivan, hizo un llamado a Ortega el pasado 14 de agosto para retornar a la mesa de negociaciones y encontrar una salida a la crisis sociopolítica del país centroamericano que comenzó en abril de 2018.
La Alianza Cívica se levantó de la mesa de diálogo en mayo pasado alegando que el Gobierno sandinista continúa encarcelando a opositores, tras la muerte en prisión del preso político Eddy Montes, tras ser abatido por un disparo de un fusil Ak-47 que solo es portado en el lugar por custodios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
No obstante, según reportan voces cercanas al proceso de conversaciones, Ortega rehúsa retornar al diálogo. No respondió al llamado de reanudar el diálogo el pasado 31 de julio, cuando vencía el plazo dado por las partes.
Dos semanas más tarde, el embajador Sullivan señaló que el Gobierno de Ortega “debe regresar a la mesa de negociaciones y cumplir con los compromisos asumidos en marzo pasado”, al tiempo que advirtió que de no hacerlo podría tener consecuencias.
“Si el Gobierno mantiene su rechazo de volver a las negociaciones, esto será ciertamente un elemento importante que los países miembros de la OEA, incluyendo los Estados Unidos, tomarán en cuenta en su evaluación de los próximos pasos a tomar”, dijo el diplomático estadounidense.
Presión
Para el periodista Aburto, el retorno del régimen sandinista a la mesa de diálogo solo sería posible con presión.
“Creo que sí (que podría retornar al diálogo), si va acompañada de la (aplicación) de la Carta Democrática Interamericana y de un posible embargo financiero (de Estados Unidos al régimen de Ortega), lo mismo que (sucedió) con Venezuela. Eso sí sería el jaque mate para la economía en Nicaragua, que ya está en dificultades porque no hay trabajo, hay escasez y carestía de la vida”, dijo el también exdiputado opositor.
Entretanto, la oposición y varios países demandan la realización de reformas electorales y comicios presidenciales anticipados, como vía para lograr una salida pacífica al conflicto en Nicaragua, que ha dejado 325 manifestantes muertos, lo que ha sido tipificado como crímenes de lesa humanidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la pasada 49na. Asamblea General de la OEA, efectuada en Medellín, Colombia, en junio pasado, se emitió una resolución en la que exhorta la reanudación de la “negociación efectiva y de buena fe” entre el régimen de Nicaragua y la Alianza Cívica, y el cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados (en marzo pasado)”.
Presos políticos
Para el exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, pese a que Ortega ha demostrado ser parte “del bloque mundial de las dictaduras”, tras estrechar los lazos con Irán, se le debe exigir a Ortega la libertad de los 120 presos políticos, la restauración de las libertades y el adelanto de las elecciones presidenciales”.
Pero según aseguran desde Managua, Ortega impide las manifestaciones pacíficas, acosa y persigue a líderes y ex reos de conciencia, y mantiene activos a grupos paramilitares creados y financiados para desarticular las protestas.
“Estamos claros que si no lo aprietan, no lo presionan y no lo arrinconan (el dictador Daniel) Ortega no va a negociar”, afirmó el político nicaragüense.
Por otra parte, Aburto señaló que el mensaje enviado por el Departamento de Estado a Ortega es claro. “Le mandaron a decir en público a Daniel Ortega que debe volverse a sentar en la mesa de negociación con la Alianza Cívica. Las sanciones van a venir, eso es indiscutible, ya está en el Congreso (en Washington) la lista (de los nuevos sancionados) y me imagino que el informe del Departamento de Estado”.
La Ley de sanciones para Nicaragua, conocida como la Nica Act, que fue adoptada por el Congreso estadounidense el año pasado y promulgada por el presidente Donald Trump el 20 de diciembre de 2018, establece que el Departamento de Estado debe entregar un informe a los comités en el Congreso sobre la crisis política en Nicaragua, el restablecimiento de la institucionalidad en el país, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y movilización, y elecciones anticipadas.
Insistir
Hasta hoy, según se desprende del comportamiento del régimen nicaragüense, Ortega no ha cumplido ninguna de las cláusulas de la Nica Act.
Durante el discurso de conmemoración del 40 aniversario de la llamada revolución sandinista el pasado 19 de julio, Ortega descartó la continuidad del diálogo, la realización de elecciones anticipadas y anunció que los comicios se realizarán en noviembre de 2021, poniendo fin a una posible solución a la crisis sociopolítica por la vía pacífica.
Sin embargo, el exembajador Dávila considera que a pesar que Ortega pretende ignorar la gravedad de la crisis del país, y se niega a buscarle una solución, “los nicaragüenses debemos seguir insistiendo en la solución civilizada por medio del diálogo y el consenso”.
“Tenemos que seguir luchando por la democratización de Nicaragua por medio del diálogo nacional. Hace bien el embajador de Estados Unidos Kevin Sullivan en demandar a Ortega el reinicio del diálogo, el camino para buscar la estabilidad. Ortega rehúye al diálogo porque tendría que ceder, y no quiere ceder, y nuestra obligación es buscar la apertura por medio del diálogo, el camino correcto en estos momentos para superar la persistente crisis”, acotó.
