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La Habana. - Un enfermero dormitaba desparramado encima de una camilla metálica en un pasillo contiguo al cuerpo de guardia del antiguo hospital La Dependiente, en el municipio Diez de Octubre, al sur de La Habana. Eran las dos de la madrugada cuando Gisela llegó con su esposo al hospital.

Un joven africano que estudia medicina en Cuba con expresión cansada los atendió. Auscultó al paciente y preguntó si tenía falta de aire. Luego le recomendó que acudiera al consultorio del médico de su barrio para que le practicaran un PCR y le explicaran los protocolos a cumplir.

“En el hospital no tenían medicamentos para bajar la presión arterial. El doctor tenía roto el aparato de tomar la presión y no había paracetamol para bajar la fiebre. La única receta que me dio fue que tomara abundante agua y mantuviera el distanciamiento dentro de la casa. La salud en Cuba está agonizante”, dice Joel, esposo de Gisela.

Joel tiene diarreas, dolor de garganta y fiebre a intervalos. El matrimonio vive con sus tres hijos en una precaria habitación con barbacoa [entresuelo añadido a una casa de puntal alto para habilitar una habitación] de madera [entresuelo añadido a una casa de puntal alto para habilitar una habitación] en una cuartería [ciudadela] en la Calzada de Diez de Octubre, cerca de la Esquina de Toyo, donde el domingo 11 de julio un grupo de habaneros que reclamaban libertad se enfrentó a la policía.

“Mis hijos y yo estábamos viendo la final de la Eurocopa cuando escuchamos el estruendo y la gritería. Salimos a la puerta del solar a curiosear, casi frente por frente donde sucedieron los hechos. El menor de mis hijos, de 16 años recién cumplidos, con unos amigos fue a tirar fotos con su teléfono al carro patrullero volcado. Un chivato de la zona lo delató y ahora el jefe de sector de la policía le quiere abrir un expediente de peligrosidad social”, cuenta Joel.

Gisela, la esposa, indica que en el solar donde residen han detenido a varios jóvenes acusados de vandalismo y desacato. “La policía sabe bien lo que pasó y cómo pasó. Pero quieren intimidar a la gente. Por culpa de todo esto, mi marido tiene la presión descompensada, no hay medicamentos y para más desgracia es sospechoso de tener COVID”.

Un funcionario del Instituto de Higiene y Epidemiología en La Habana afirma que “las protestas del 11 de julio y respectivas contramarchas en apoyo del gobierno han propiciado un aumento considerable de contagios. De 600 a 700 infectados en los días previos al 11 de julio a más del doble en la actualidad”.

Aunque para el próximo 30 de julio alrededor de un millón 700.000 habaneros en edades comprendida entre 19 y 80 años -más de la mitad de la población de la capital-, habrían sido vacunados con tres dosis, las cifras de contagiados han seguido disparándose. Según diversos especialistas, las vacunas cubanas Soberana y Abdala disminuyen su eficacia frente a las variantes del virus Delta y Delta Plus.

La irresponsabilidad del mandatario designado Miguel Díaz-Canel ha sido doble. Primero, dio luz verde al enfrentamiento entre cubanos. Y después, al convocar a un 'acto de reafirmación revolucionaria' donde los asistentes usaron mascarillas, pero no guardaron la debida distancia. Priorizó la política y olvidó las medidas higiénico-sanitarias en el momento peor de la pandemia en el país.

A pesar de que medios oficiales intentan negarlos o los tergiversan, los actos de violencia por parte de las fuerzas de orden están perfectamente documentados en fotos y videos. Desde su balcón en la calle Galiano, en Centro Habana, Elizardo, observó “cómo militares de tropas élites vestidos de civil llegaron en guaguas de color azul a la zona. Antes de repartir golpes, se formaban en escuadras y portaban palos o bates de béisbol”.

Norge, fue uno de los cientos de detenidos el domingo 11 de julio. “Estaba frente al Capitolio con un grupo de amigos protestando de forma pacífica, cuando siento que me dan un golpe tremendo por la cabeza. Perdí el conocimiento. Posteriormente mis amigos me dijeron que me arrastraron hasta un camión donde llevaban a los detenidos. En el calabozo los policías me decían que no los mirara a la cara. Es mentira del gobierno que no hubo violencia. Todo lo contrario. Querían infundir el pánico en la gente”.

El martes 20 de julio, a doce jóvenes arrestados durante las manifestaciones pacíficas les celebraron juicios sumarios en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en la intercepción de las calles Carmen y Juan Delgado. Solo dos de ellos tenían abogados porque sus padres se enteraron a tiempo, los otros diez fueron juzgados sin derecho a defensa, entre ellos el fotógrafo Anyelo Troya, uno de los realizadores del videoclip Patria y Vida, condenado a un año de prisión. Dos días después, el jueves 22, en otro juicio sumario en el mismo tribunal, la estudiante Gabriela Zequeira, de 17 años, era sancionada con ocho meses de privación de libertad.

Tras dos semanas de represión incesante y de la pandemia en alza, una noticia esperanzadora llegaba el sábado 25 de julio, con la excarcelación de Anyelo Troya, Gabriela Zequeira y los artistas Carlos González y Alexander Diego Gil. Pero según aclaraba Diario de Cuba, "ninguno de los liberados ha sido absuelto, sino que, en un aparente proceso de rectificación de condenas, han sido excarcelados para esperar el resultado de sus apelaciones en sus casas. Curiosamente se trata de algunos de los casos más visibles debido a la cobertura que ha realizado la prensa y las denuncias de familiares y amigos".

Antes de ser amenazado y multado con 2.000 pesos por la Seguridad del Estado, el periodista independiente Waldo Fernández Cuenta, había reportado en Diario de Cuba que la policía había ido al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, en Marianao, para coaccionar a Yoel Misael Fuentes García, adolescente de 16 años. En la tarde del 11 de julio, Yoel se acercó a ver las protestas en La Güinera, el barrio donde reside, al sur de la capital, cuando recibió una herida de bala de la policía en su pierna derecha.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informaba el 23 de julio que ha documentado el arresto y/o desaparición de 757 personas, trece de ellas menores de edad. La dictadura verde olivo intenta vender a la opinión pública internacional una narrativa de concordia, diálogo y paz entre cubanos. La realidad es muy distinta.

Continúan las redadas nocturnas para detener a presuntos sospechosos de cometer actos vandálicos. A la mayoría de los ciudadanos que liberan, las autoridades les imponen multas de 2.000 pesos, bajo la acusación de propagar el virus. A quienes salen a las calles en defensa del régimen, infringiendo las pautas de bioseguridad y de confinamiento, se les trata con alfombra roja. Pero el vertiginoso aumento de contagiados en La Habana demuestra que el COVID-19 no cree en ideología.

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