Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela condenaron los sucesos ocurridos el día viernes 22 de noviembre en la población indígena de Ikabarú en el estado Bolívar, calificándola como parte de la política de “el oro de sangre” que desarrolla el régimen de Nicolás Maduro en el estado Bolívar al que acusan de asociarse con bandas criminales nacionales e internacionales, lo que le permite utilizar los recursos que allí se generan para mantenerse en el poder y disfrutar de las prebendas de la corrupción.

Ocho oradores de todas las tendencias políticas rechazaron estos sucesos. Inició el debate el diputado el Ángel Medina, quien culpó de la masacre a quienes que están en el poder “manchándose de sangre, por su voracidad y a la ambición”. Argumentó que en Bolívar el Arco Minero del Orinoco ha logrado, en buena medida, destruir y descomponer la vida y los arreglos sociales, “ahora se impone la cultura de la sangre y las balas, donde la fuerza es la nueva forma de determinar quién manda en una zona que se ha convertido en instrumento de destrucción de las familias de Guayana”, reseñó una nota de prensa de la Presidencia de Juan Guaidó.

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Ante los sucesos del pasado viernes, el parlamentario “denunció la pretensión del régimen de gobernar con las balas para hacerse de las minas de este pueblo indígena”. Aseguró que este no es un hecho aislado, sino que es parte de una política permanente que usa la violencia para tomar las minas de Guayana, señalando que desde el 2016 han ocurrido al menos 40 masacres en Bolívar por la fiebre del oro, que está sustituyendo la renta petrolera.

El diputado José Pratt señaló que este “oro de sangre” financia violaciones de grupos terroristas y genera devastación y muerte en las zonas de extracción.

Señaló al gobernador Justo Noguera de "intentar desplazar" a quienes durante generaciones han trabajado la minería artesanal, resaltando que no es la primera vez que asesinan indígenas por temas de minería. De igual forma, aseguró que seguirán estos hechos “porque el oro de Guayana es la caja chica de un régimen que no encuentra como sostenerse y se asocia con grupos delincuentes nacionales e internacionales como la FARC y el ELN”.

Freddy Valera, diputado de la Unidad, precisó que el arco minero es un problema de Estado que le dio nueva connotación a la minería, pero particularmente en Bolívar, donde la seguridad la ejercen los militares y los cuerpos represivos junto al gobernador, a quien solo le preocupan las minas y no los problemas de la gente en la región.

Por su parte, el diputado Edwin Luzardo cuestionó que se pida no politizar el tema, cuando ninguna masacre ha tenido respuesta. Igualmente aseguró que las muertes no acabarán, si no se termina con la mafia del negocio del oro. “No acabaremos con asesinatos indígenas sino se erradicamos con la mafia y para ello hay que resolver el problema político del cese de la usurpación.”

FUENTE: Redacción / Nota de prensa / Centro de Comunicación Nacional

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