CARACAS.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN,Parlamento) designó este martes una comisión para investigar los hechos violentos que han ocurrido recientemente en el país y que, aseguran, han sido promovidos por "paramilitares", así como para determinar la presunta responsabilidad del ministro de Interior, Néstor Reverol.
La plenaria del Parlamento acordó que una comisión especial de siete diputados investigue y documente los hechos de violencia que se han presentado en el país durante las últimas semanas en Venezuela, en el marco de una ola de protestas opositoras y también oficialistas, además de actos de vandalismo.
Estos hechos violentos han dejado, según la Fiscalía venezolana, un saldo de 26 fallecidos, 437 personas heridas y 1.289 detenidos, de los que 65 permanecen privados de libertad y otros 217 serán presentadas este martes ante los tribunales.
La comisión deberá presentar un informe en un lapso no mayor a 20 días, según el acuerdo aprobado con los votos de la mayoría opositora en ausencia de los diputados chavistas.
Ese informe será analizado en la plenaria para determinar "la eventual procedencia del establecimiento de la responsabilidad política" del ministro de Interior, así como del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, en los hechos violentos.
La mayoría opositora del Parlamento también acordó "emplazar" a la Defensoría del Pueblo a "ejercer sus competencias constitucionales de velar por la seguridad ciudadana y garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la protección por parte del Estado frente a todo acto de violencia".
También instaron a la Defensoría a garantizar la protección de la integridad física de las personas, sus propiedades o el ejercicio y disfrute de sus derechos fundamentales, particularmente "los derechos de libertad y manifestación pacífica".
El Legislativo instó a la Comisión de Política Interior a que tramite ante la Fiscalía las acciones correspondientes para "hacer valer la responsabilidad personal" de los titulares de la Fuerza Armada Nacional y demás órganos de seguridad del Estado" por las violaciones a los derechos fundamentales que denuncia el acuerdo.
Este acuerdo, según el Parlamento, será notificado a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a los representantes de misiones diplomáticas acreditadas en el país.
Dan plazo al ombudsman para activar destitución de jueces
El Parlamento venezolano, dio este martes al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, tres días para que califique de "falta grave" la actuación de siete magistrados del Supremo acusados por la oposición de haber dado un "golpe de Estado" y de esa forma iniciar el proceso de destitución.
En un debate en el que solo votaron los opositores, el Parlamento aprobó "requerir al defensor del Pueblo, como presidente del Consejo Moral Republicano, que en el plazo legal de tres días hábiles, provea lo conducente para la tramitación de las solicitudes de la calificación de falta grave de los magistrados".
Según el documento leído por el secretario de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) José Ignacio Guédez, de vencerse este plazo "se iniciará una investigación sobre la posible participación de Saab en el golpe de Estado perpetrado entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2017" a través de varias sentencias del Supremo.
Entre estas fechas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó dos sentencias, que luego revocó, en las que se limitaba la inmunidad parlamentaria y además asumía las competencias del Parlamento, un hecho que fue calificado por los diputados opositores como un "golpe de Estado".
Ante esto, la Asamblea aprobó el pasado 5 de abril iniciar un proceso para la destitución de los siete magistrados de la máxima corte, pero para ello necesitan que el llamado Poder Moral o Ciudadano califique como "falta grave" la actuación de los jueces.
El diputado opositor Ángel Medina aseguró que esta solicitud fue presentada el pasado 31 de marzo ante ese Poder, pero la misma fue declarada por esta institución como "inoficiosa".
Sin embargo, Medina, que se presentó en el hemiciclo con una pancarta que decía "defensor del dictador", dijo que acudirán nuevamente al Poder Moral a realizar la misma petición.
En el debate de este martes, el Legislativo también aprobó crear una comisión "especial" para que se investigue la conducta de Saab sobre la solicitud del Parlamento.
El diputado opositor Henry Ramos Allup indicó que el defensor "no ha cumplido con sus deberes como presidente del Consejo Moral Republicano" y lo acusó de ser otro de "los soportes de este régimen".
FUENTE: EFE
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