Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
DANIEL CASTROPÉ/DLAMIAMI.- Las organizaciones Outreach Aid to the Americas (OAA), Prisoners Defenders (PD) y Gremio Médico Cubano Libre (GMCL) anunciaron en Miami la presentación de una solicitud colectiva ante Naciones Unidas para “abolir de inmediato” el contrabando humano, tortura psicológica y física cometidos por el régimen de Cuba contra médicos cubanos, familiares y sus hijos menores.
En una rueda de prensa en Big Five Club, el Gremio Médico Cubano Libre (GMCL), a través de varios de sus representantes, expuso crudos testimonios de víctimas de ese tipo de “torturas” y criticó una ley que sanciona por ocho años a los profesionales que se liberan de las denominadas ‘misiones médicas’, sin poder ver a sus familiares en la isla durante ese tiempo.
El presidente de PD, Javier Larrondo, afirmó que “al no poder someter a prisión a los profesionales que dejan el trabajo civil en el extranjero, a los médicos cubanos se les declara oficialmente como ‘desertores’, lo que por la Ley 1312 de Migración supone el impedimento de entrada al país, separándolos de sus familias e hijos menores por al menos ocho años”.
Según cifras de PD, esa medida coercitiva se ha aplicado a más de 800.000 profesionales de ‘misiones’ y hasta la fecha han sido sancionados más de 40.000 médicos, de los que aproximadamente la mitad tenían hijos menores en la Mayor de las Antillas.
De acuerdo con esos datos, entre 5.000 y 10.000 padres y madres cubanas no pueden ver a sus hijos menores actualmente en la isla.
La petición está dirigida al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, como también a la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños y la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.
Los firmantes de la solicitud demandaron que se exhorte de “manera enérgica y ejecutiva al Estado Parte, Cuba”, para que permita la “reunificación familiar de los niños con sus padres, y familiares en general, mediante la libre entrada y salida del país de estos profesionales y todas sus familias”.
Asimismo, pidieron que se exija al régimen de La Habana el respeto de los derechos laborales y los derechos humanos de los médicos y profesionales cubanos y les haga entrega de sus pasaportes y títulos académicos que les retiene como forma de coacción.
Larrondo comentó que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, “gracias a denuncias de Prisoners Defenders presentadas el 26 de noviembre de 2021, el 25 de enero de 2022 y el 15 de abril de 2022”, condenó esta situación en las sesiones de esa comisión realizadas los días 12 y 13 de mayo de este año.
El Artículo 135 del Código Penal del régimen castrista establece que "el funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero que la abandone, o, cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente, a hacerlo incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años”.
Para Larrondo, se trata de “una tragedia que está generando un río de enfermedades emocionales, mentales, cognitivas y físicas entre familiares y niños de estos profesionales”.
“Es una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres y amedrentar a más de 50.000 profesionales de trabajo civil en el extranjero, de los que el régimen gana entre el 80% y el 95% del salario que pagan empresas multinacionales y gobiernos”.
Prisoners Defenders presentó pruebas de que la “Ley de los 8 años” está “confirmada por el propio gobierno cubano”, mediante una serie de “Certificados Consulares” con validez legal internacional, que “son incontestables y prueba de toda esta práctica macabra”.
Médicos y otros profesionales son enviados por la dictadura castrista a trabajar al extranjero en señalas condiciones de esclavitud.
Las denuncias indican que los miembros de esas ‘misiones’ son objeto de la retención de sus salarios y de la confiscación de pasaportes y títulos universitarios. Adicionalmente, sufren acoso, abusos sexuales y un sinfín de situaciones “deleznables” que violan sistemáticamente sus derechos humanos más elementales.
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