Senadores de Estados Unidos pidieron a la directora de la agencia de la ONU para la infancia Unicef proteger a 45 adolescentes detenidos en Cuba por participar en las manifestaciones de julio pasado, según una carta publicada el viernes: "Le instamos a priorizar la protección de los menores cubanos arbitrariamente encarcelados y procesados por el régimen cubano por su participación en las históricas protestas de julio de 2021. Le urgimos exigir su liberación inmediata", indicaron.

La misiva está dirigida a la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Catherine Russell, una exasistente del presidente estadounidense Joe Biden, nombrada al cargo en diciembre.

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El planteo bipartidista está impulsado por el republicano Marco Rubio, y firmado por su correligionario Bill Cassidy y los demócratas Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Ben Cardin.

Los senadores indicaron que según la oenegé independiente Justicia 11J, el gobierno cubano arrestó a 45 menores de entre 14 y 17 años por supuestos "delitos" durante las manifestaciones de julio. De ellos, 14 siguen detenidos en espera de juicio.

"El régimen cubano es prolífico en el uso de la detención arbitraria como herramienta de represión", afirmaron.

"Creemos que la situación en Cuba amerita toda la atención y condena de la comunidad internacional", añadieron los senadores, llamando a Unicef a "interceder por estos menores y sus familias, quienes simplemente buscan justicia y el respeto a los derechos humanos fundamentales".

Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en cerca de 50 ciudades de Cuba, al grito de "Patria y vida", "Tenemos hambre" y "Libertad", dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.377 detenidos, de los cuales más de 727 aún están en prisión, de acuerdo con la organización de derechos humanos Cubalex basada en Miami.

Esta petición viene a apuntalar una campaña de concientización gestada desde el exilio.

A principios de este mes, activistas de Cuba y Nicaragua presentaron una solicitud contundente a Amnistía Internacional (AI) con la finalidad de declarar a prisioneros de conciencia a los cientos de encarcelados por motivos políticos por los regímenes totalitarios que oprimen a ambos países latinoamericanos. La iniciativa, representa la antesala de un proyecto de ley que debe tomar impulso en Washington con el apoyo de varios congresistas y senadores, entre ellos el exalcalde condal Carlos Gimenez.

El encuentro formal, trascendió entonces, por más de una hora, vía teleconferencia entre Erika Guevara presidenta para América Latina de AI, la activista nicaragüense Sophia Lacayo y el expreso político cubano Jorge Luis García Pérez (Antúnez).

Luego de la presentación por parte de los activistas de u extensivo trabajo de identificación y recopilación de casos, Guevara aseguró que: "Amnistía Internacional seguirá luchando por los valores de la libertad, la democracia en el continente y el mundo. Nuestros esfuerzos estarán encaminados a denunciar ante el mundo, ante organizaciones Internacionales, las violaciones de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua. Comenzaremos el proceso de evaluación y designación como presos de conciencia. Exigiremos a los gobiernos de Cuba y Nicaragua por la situación de los presos políticos y, especialmente, de los niños presos políticos por, únicamente, clamar por Libertad, desarrollo y prosperidad", dijo Guevara.Entretanto Lacayo sostuvo: ““Muchos de los presos están en cárceles de máxima seguridad, están aislados y se les está violando sus derechos humanos”.

En conversación con DIARIO LAS AMERICAS aseveró: "Necesitamos crear conciencia acerca de esta realidad que golpea a los pueblos subyugados bajo los grilletes del totalitarismo, Entre los presos figuran varios precandidatos presidenciales, encarcelados como parte del mecanismo represivo de Daniel Ortega en medio del circo electoral que se montó en Nicaragua con el inmovilismo de la Comunidad Internacional".

Por su parte, Antunez quien pasó más de 20 años en prisiones en la isla, expuso las injusticias de los prisioneros políticos cubanos, los juicios sumarios después del 11J y las condenas excesivas hacia los manifestantes incluyendo menores de edad.

AI destacó que esta reunión en específico, marca un nuevo comienzo en el compromiso con los pueblos de la región que luchan por romper las cadenas de gobiernos opresores, según reporta Radio Televisión Martí.

Dentro de las valoraciones, Lacayo hizo énfasis en el impacto no solamente de los prisioneros sin también en las familias y en la comunidad y la indefensión de los recluidos, así como el ultraje de sus derechos.El encuentro con Guevara tuvo lugar el mismo día que el dictador nica Daniel Ortega, de 76 años, tomaba posesión para un cuarto mandato consecutivo tras ganar los comicios, calificados de amañados e ilegítimos de noviembre pasado.

“El mensaje es muy contundente. Tenemos que seguir levantando nuestras voces para decir a la comunidad internacional lo que está causando Ortega y que es un dictador más, el dueño del poder ejecutivo, judicial, electoral. No nos vamos a cansar”, sentencio Lacayo.

Lacayo y Antúnez coincidieron en la necesidad de seguir solicitando ayuda al Congreso de EEUU y a la Casa Blanca. En este sentido destacaron la colaboración del representante federal de ascendencia cubana Carlos Giménez.

“Además del seguimiento y los informes que vamos a presentar, contamos con la colaboración y apoyo de nuestro congresista Giménez que se ha comprometido a viabilizar una resolución favor de la libertad de los presos políticos de Cuba y Nicaragua”, dijo Lacayo, "Tampoco debemos apartar la vista de Venezuela y los actos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro", agregó

El tema de los presos políticos es una piedra en el zapato de las dictaduras a pesar de que parecen actuar con total impunidad.En Cuba, según Prisoners Defenders en 2021, un total de 955 personas formaron parte de su lista de presos políticos, al tiempo que alertó de que esta cifra "no es más que una fracción" del total.

En un informe, la organización detalló que en enero del año pasado tenía constancia de 138 presos políticos y que, desde entonces hasta el final de diciembre, se han sumado otros 817 presos políticos nuevos.

Actualmente quedan 842, según Prisoners Defenders, que reiteró que este número constituye entre el 40% y el 50% de las cifras reales, cuya verificación total es "simplemente inalcanzable" por organización alguna.

De estos 842 casos, 700 se corresponden a la represión del 11J y el 15N en Cuba, "cifra aún inferior al 40% respecto al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población", enfatizó. Del total, 107 son mujeres.

Entre ellos, han contabilizado a 26 menores de edad --con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años-- y el 50% de ellos --13 menores-- están acusados de sedición. En total, 132 presos políticos verificados han sido procesados por el cargo de sedición, según la organización, que ha especificado que 387 ya han sido sentenciados, 137 con penas superiores a los diez años de cárcel.

Por su parte la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió el mes pasado a la dictadura que secuestró a Cuba, hace más de 60 años, la "inmediata" liberación de los presos políticos encarcelados de "manera arbitraria" en la isla.

El organismo resalta que continúa el "permanente" seguimiento de la situación política y social en Cuba, con especial atención en la condición de los presos políticos "encarcelados por el régimen", y recuerda que la vulneración de sus derechos fundamentales y sus detenciones "arbitrarias" constituyen una "flagrante violación" a los Derechos Humanos en la isla,

Entretanto en Nicaragua, según la CIDH y la oposición nicaragüense, la cifra de “presos políticos” supera los 170.

La iglesia católica, con la que el régimen mantiene tensas relaciones, se pronunció luego que las autoridades de la dictadura dejaron en libertad condicional a más de 1.000 reos comunes, entre los que no figura ninguno los opositores detenidos.

Familiares de unos 40 opositores detenidos en Nicaragua desde junio afirmaron que sus vidas “están en riesgo”, debido a que están bajo aislamiento, no se les permite recibir alimentos ni abrigo y varios de ellos son personas de la tercera edad con problemas de salud.

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En una rueda de prensa virtual, varios familiares dijeron el martes que del 30 de diciembre al 2 de enero visitaron a sus parientes recluidos en una cárcel conocida como “El Chipote” y situada en la zona sureste de Managua. Fue la cuarta visita autorizada tras seis meses de arresto.

Entre los detenidos figuran siete aspirantes a la presidencia arrestados tras anunciar sus intenciones de disputarle el poder a Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre. El dictador sandinista de 76 años, que gobernó por primera vez en la década de 1980, se prepara para iniciar un cuarto mandato consecutivo el próximo 10 de enero junto a su esposa Rosario Murillo.

Ante estos escenarios, Lacayo y Antunez realizaron un periplo y llevaron a Washington, a finales del año pasado, una propuesta formal de solicitud para reconocer a los encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y por el régimen castrista en Cuba, como presos de conciencia, en un paso previo al encuentro de esta mañana.

En primera instancia los activistas se reunieron con el senador republicano Rick Scott, al cual le presentaron el listado de todos los presos, incluidos seis excandidatos presidenciales, activistas y miembros de la sociedad civil nicaragüense, datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Scott mostró su apoyo en la cruzada por hacerle frente al totalitarismo en la región y mostró su preocupación por los atropellos.

Con el lema: “Presos por qué”, la dupla de activistas, se reunieron con la congresista María Elvira Salazar, una de las voces más críticas y proactivas contra los regímenes totalitarios en el continente.

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La congresista María Elvira Salazar con Sophia LAcayo y Antúnez

La congresista María Elvira Salazar con Sophia LAcayo y Antúnez

De igual manera presentaron documentos a las oficinas del senador Marco Rubio y del congresista Mario Díaz Balart, quienes están al tanto y apoyan la iniciativa.

FUENTE: AFP

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