“Hemos tenido un acuerdo, que como bien se ha manifestado de lado y lado ha significado sin duda alguna, sacrificio de cada una de las partes, porque eso es precisamente un acuerdo”, dijo Moreno. “No significa ganarlo todo”.
El convenio se logró con el apoyo y la mediación de las Naciones Unidas, la iglesia católica y rectores de universidades estatales y privadas.
El decreto se mantuvo en vigencia desde el 1 de octubre y durante 12 días, pero la presión y las insistentes manifestaciones callejeras diarias en todo el país por parte de distintos sectores, especialmente indígenas, lograron echar abajo la decisión que, según el gobierno, buscaba estabilizar las finanzas fiscales y reducir sustancialmente un abultado déficit.
“Creo que ha sido importante este acercamiento, hace tiempo queríamos conversar de estos procesos, quisiéramos también de corazón y decir que los pueblos y nacionales nos hemos levantado en busca de la libertad”, dijo el máximo dirigente indígena, Jaime Vargas.
Horas antes de este anuncio, decenas de uniformados ingresaron al parque El Arbolito, precedidos de nubes de gases lacrimógenos y comenzaron a ahuyentar a cientos de manifestantes. Una hora más tarde cumplieron su cometido expulsándolos hacia un sector cercano.
Las protestas sociales empezaron poco después de que Moreno decretara a inicios de octubre un duro paquete económico, aunque lo que más enardeció a la población fue el incremento del precio de la gasolina de 1,85 a 2,30 dólares por galón y del diésel, de 1,03 a 2,30 dólares.
Confirmado acuerdo
Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ejercen de mediadores en la crisis política de Ecuador, han confirmado que el acuerdo negociado por el Gobierno de Lenín Moreno y los movimientos indígenas "deja sin efecto el decreto 883" y da pie a otro nuevo que mantendrá una "política de subsidios".
La ONU y los obispos encabezan una "mesa técnica" a la que han acudido nueve representantes por parte de los indígenas y seis por parte del Gobierno y del que ha salido un acuerdo para dar marcha atrás al conocido como 'paquetazo', que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible y ha derivado en once días de protestas.
En virtud de dicho pacto, "se deja sin efecto el decreto 883, para lo cual, se procederá de manera inmediata y según los procedimientos legales correspondientes para su emisión", ha explicado la oficina de la ONU en un comunicado difundido este lunes de madrugada.
Además, ha añadido, "se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con un enfoque integral". Dicho programa deberá tener en cuenta que las ayudas "no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos y a los contrabandistas", lo que implica introducir "criterios de racionalización, focalización y sectoralización".
Protestas sociales
Las protestas alcanzaron niveles de violencia inusitados, ante los cuales Moreno dispuso el despliegue de las fuerzas armadas en las calles, desde media tarde, para retomar el control de la capital, donde manifestantes no sólo se enfrentaron con la policía y bloquearon gran cantidad de vías, sino que cometieron actos vandálicos como el incendio del edificio de la Contraloría, un ataque y saqueo a un canal de televisión y un ataque a un diario.
Moreno aseveró que tras esos hechos están “fuerzas oscuras vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por (Rafael) Correa y (el presidente Nicolás) Maduro, en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos (que) causaron zozobra y violencia nunca antes vista”.
Quema a Contraloría
El contralor, Pablo Celi, afirmó que el ataque fue un acto “deliberado contra la memoria documental de los procesos de control del país y pone en evidencia los verdaderos objetivos de una conspiración planificada... (para) detener el juzgamiento y sanción de los responsables del asalto a los recursos públicos que tan severamente afectó a la economía nacional”.
En un edificio, a mitad de camino entre la Asamblea y el sitio donde están apostados los manifestantes indígenas, se encuentran los documentos de respaldo de las investigaciones de corrupción, buena parte de ellas a ex altos funcionarios del gobierno de Correa.
Uno de los máximos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, pidió ayuda a las fuerzas armadas para “garantizar la paz y a regresar el orden constitucional” aclarando que la organización no va a caer “en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la reacción del movimiento indígena”.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, en su cuenta de Twitter convocó a “no dar cabida a más confrontaciones, Ecuador es un país de paz que necesita trabajar. Hago un llamado a la unión, somos un sólo país en el que los consensos deben primar”.
El toque de queda fue inicialmente impuesto en Quito a partir de las tres de la tarde, pero luego el mandatario emitió un decreto para ampliarlo a todo el país y aplicarlo a diario desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.
Hace seis días, grupos indígenas habían encabezado las protestas más recientes, pero no se había llegado a los niveles de violencia de la jornada del sábado.
El presidente ha hecho varios llamados al diálogo y tras un rechazo inicial, líderes indígenas dijeron que estaban dispuestos a hacerlo, aunque la posibilidad de sentarse a la mesa se vio opacada por los hechos violentos.
Las protestas se caracterizaron hace casi dos semanas por mítines y manifestaciones en el sector centro norte de la capital, donde los manifestantes atacaron con piedras y palos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos.
Miles de indígenas se mantienen concentrados en las instalaciones de la Casa de la Cultura y universidades cercanas, desde donde han salido a protestar a diario.
Con una deuda de 64.000 millones de dólares y un déficit anual de 10.000 millones, el presidente Moreno ha decidido aumentar los impuestos, flexibilizar las leyes laborales y recortar el gasto público para obtener más de 4.000 millones de dólares en financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional.
Como parte de ese plan, Moreno eliminó un subsidio al precio de los combustibles el 2 de octubre, lo que derivó en un aumento del precio de la gasolina. El pánico y la especulación provocaron alzas enormes y los precios de algunos productos se duplicaron o más.
A pesar de la difícil situación, Moreno ha dicho que no puede reanudar los subsidios a los combustibles. El país está en bancarrota y ceder ante los manifestantes sería una derrota en el esfuerzo del presidente por revertir las políticas de su predecesor y exmentor, Rafael Correa.
FUENTE: Con información de AP