QUITO.- El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decretó el jueves el estado de excepción en todo el territorio nacional para permitir la libre movilización de la ciudadanía afectada por una huelga en el transporte público.

En una conferencia de prensa Moreno dijo que con la declaración se busca “afrontar un momento especial por los focos de violencia que se han creado por grupos que pretenden hacer daño y desestabilizar al gobierno constituido”.

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El estado de excepción implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación.

Este jueves, miles de ecuatorianos hacían largas caminatas o viajaban apiñados en vehículos particulares por la huelga de cooperativas de transporte público, taxis y camiones en rechazo a las últimas medidas económicas del mandatario, entre ellas la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Moreno a su vez ratificó que las medidas “están en firme, no existe posibilidad de cambiarlas, especialmente las relacionadas con un subsidio perverso que hacía demasiado daño al país”.

Las medidas tuvieron el miércoles una recepción dispar: mientras los analistas ponderaron que apuntan a corregir desequilibrios estructurales, los sectores sindicalista, indígena y de transporte expresaron su desacuerdo por la eliminación de los subsidios a los combustibles y estos últimos se declararon en paro de actividades.

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Una mujer sostiene un cartel durante una protesta contra la eliminación al subsidio de los combustibles afuera del edificio del Ministerio de Finanzas en Quito, Ecuador, el miércoles 2 de octubre de 2019.

El mandatario también anunció un proyecto de reformas laborales y tributarias con el propósito de flexibilizar la contratación de personal y dinamizar una alicaída economía que tiene un alto endeudamiento y un déficit anual de unos 10.000 millones de dólares, en su mayor parte heredado del gobierno de su antecesor Rafael Correa (2007-2017).

Hasta ahora Ecuador destinaba 1.300 millones de dólares anuales para subsidiar el precio de la gasolina y diésel.

Las medidas, según el mandatario, permitirán sumar a 300.000 familias a la entrega de los distintos bonos del Estado y llegar a 1,3 millón de familias beneficiadas.

El Fondo Monetario Internacional expresó más tarde en un comunicado que las reformas anunciadas tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana y “fomentar un crecimiento sólido e inclusivo”. Agregó que las decisiones buscan proteger a los pobres y más vulnerables, así como generar empleo en una economía más competitiva, y además apoyar la dolarización.

Las federaciones de transporte público, taxistas, transporte pesado y de carga anunciaron que el jueves se declaran en un paro nacional de actividades en protesta por la elevación del precio del combustible.

Una marcha de unas 200 personas se desarrolló por el norte de Quito para rechazar el paquete económico hasta llegar delante del ministerio de Finanzas, sin causar mayores inconvenientes.

Jaime Carrera, analista del Observatorio de la Política Fiscal, dijo a The Associated Press que las medidas “son positivas, en general tratan de guardar un equilibrio entre generación de ingresos y reducción de gastos, atención social e impulso al sector productivo. Son medidas equilibradas”. Pero añadió que son insuficientes porque dejan pendiente la reducción del aparato estatal, cuyos salarios representan el 11% del Producto Interno Bruto de 103.000 millones de dólares, cuando no deberían superar el 7%. “A esto tendría que apuntar Ecuador en el mediano plazo, reducir el gasto y hacer crecer la economía”, dijo Carrera.

El ministro de Economía, Richard Martínez, afirmó que la eliminación del subsidio a los combustibles generará un efecto fiscal positivo para el Estado y para la población “porque esos son recursos que todo el Estado estaba sacrificando para pocas personas”. El Estado, añadió, va a contar ahora con más fondos para cumplir sus obligaciones y “en la economía se va a sentir rápidamente”.

Sin embargo, el presidente del mayor grupo indígena del país, la Conaie, Jaime Vargas, convocó a sus bases a protestas callejeras y dijo “nos declaramos en pie de resistencia en rechazo a las políticas económicas”, y el presidente de la mayor central sindical, el Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez, señalo que “el gobierno se sacó la careta en este país, es la propuesta de un paquetazo”.

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Un hombre quema un neumático durante una protesta contra la eliminación de los subsidios al combustible anunciada por el presidente Lenín Moreno, en Quito, Ecuador, el jueves 3 de octubre de 2019.

Un hombre quema un neumático durante una protesta contra la eliminación de los subsidios al combustible anunciada por el presidente Lenín Moreno, en Quito, Ecuador, el jueves 3 de octubre de 2019.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Luis Vizcaíno, advirtió que los nuevos precios del combustible afectarán directamente a su actividad y pidió “de inmediato una reunión con el gobierno. Nos preocupa una posible afectación a los sectores más vulnerables”. La gasolina extra, la de mayor consumo, pasó de 1,85 dólares a 2,30 dólares por galón, mientras que el diésel pasó de 1,03 a 2,27 dólares por galón.

Casi la totalidad del comercio y el transporte de productos alimenticios, entre otros, se realzan vía terrestre, especialmente mediante el transporte pesado como camiones. Los nuevos precios de los combustibles podrían implicar un aumento en esos productos para el consumidor final.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayas, Pablo Arosemena, argumentó que “eliminar subsidios, sincerar, depurar la economía es positivo”, mientras que el analista Alberto Acosta manifestó que el subsidio a los combustibles “es parte de las irracionalidades de un país subdesarrollado que desperdicia recursos en subsidios que no llegan a quien los necesita”.

Moreno también anunció que las grandes empresas pagarán una contribución especial durante tres años que se destinará a educación, salud y seguridad.

Ecuador, cuya deuda externa alcanzó en septiembre los 64.637 millones, tiene un programa con el FMI por 4.200 millones que ya va por su segunda revisión. De aprobarse, permitirá el acceso a 250 millones de dólares en las próximas semanas. Desde marzo el país ha recibido 650 millones de dólares.

FUENTE: Con información de AP y Europa Press

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