LIMA.- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, volvió a enfrentarse al Congreso al anunciar que observará (no promulgará) una ley aprobada este miércoles que establece las sanciones penales a la financiación ilegal de los partidos políticos.

"Como presidente de la República, como responsable del Poder Ejecutivo, observaré esta ley cuando sea remitida a mi despacho. Este tipo de hechos genera indignación de los peruanos", afirmó el gobernante durante la inauguración de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad, que organiza la Contraloría.

El mandatario dijo que estas decisiones del Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, no ayudan a combatir la corrupción, sobre todo porque la ley se aprobó en vísperas del referéndum que este domingo preguntará a la ciudadanía sobre reformas como la regulación de la financiación de los partidos políticos.

El proyecto incorpora el "Financiamiento de origen delictivo para organizaciones políticas" al Código Penal, con una pena no menor de 5 años ni mayor de 15 años, si el importe recibido "es superior al equivalente" a 500 Unidades Impositivas Tributarias, es decir 2.075.000 soles (unos 628.000 dólares).

La norma fue aprobada con los votos de la bancada del partido fujimorista Fuerza Popular, del Partido Aprista Peruano, de la centrista Alianza Para el Progreso y de cinco legisladores independientes, quienes la exoneraron de la segunda votación que ordena la ley.

También votaron a favor varios diputados del oficialista Peruanos por el Kambio.

"¿A quién o quiénes se busca beneficiar con esta norma? ¿Cuál es la intención de aprobar una leyde este tipo y qué tiene que ver con una de las preguntas del referéndum?", se preguntó el gobernante.

Parlamentarios que se opusieron a la ley denunciaron que esta reduce las penas que ya se imponen por lavado de activos y que por tanto favorece a políticos que están siendo investigados por ese delito, como la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el expresidente Alan García, del Partido Aprista.

La legisladora izquierdista Marisa Glave declaró a la emisora RPP Noticias que esta norma "termina siendo una estrategia legal" para las organizaciones políticas investigadas por lavado de activos.

"El Congreso, usando algo que es una necesidad de la sociedad civil, ha terminado creando un atenuante al delito de lavado de activos. Le ha bajado la pena al lavado de activos si se lava dentro de partidospolíticos", dijo Glave en alusión a que la sanción mínima por este delito es 8 años de cárcel.

Medios locales informaron que el proyecto no figuraba en la agenda del pleno de este miércoles pero fue incluido con los votos a favor de Fuerza Popular y del Partido Aprista para que pudiera ser votada en la que fue la última sesión ordinaria de la legislatura.

Fuentes del Ministerio Público denunciaron que la iniciativa pone en riesgo los procesos por los casos Lava Jato y Odebrecht en el país, mientras que el abogado penalista Carlos Caro consideró que podría "aplicarse retroactivamente a todos los casos".

"Lo que van a hacer los abogados (de los investigados es que) van a aplicar la retroactividad benigna. Por lo tanto, el estándar probatorio sube y se va a tener que probar el origen delictivo. Puede implicar que estos procesos se archiven", comentó.

El secretario general de la asociación civil Transparencia, Gerardo Távara, criticó que la iniciativa se haya aprobado "con prisa", mientras que el parlamentario independiente Gino Costa opinó que es "inoportuna y tramposa" y favorece a "quienes recibieron dinero" de Odebrecht "para sus campañas" electorales.

Sin embargo, el portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que se ha "tergiversado" la intención de laley que, en su opinión, busca llenar un vacío en el código penal sobre los delitos vinculados a las campañas políticas.

El anuncio de Vizcarra se convirtió en un nuevo capítulo del enfrentamiento que ha mantenido en los últimos meses con la mayoría fujimorista en el Congreso, que cuestionó muchas de sus propuestas e intentó frenar su propuesta de llevar a referéndum la reforma judicial y política que planteó el gobernante.

Ante la dilación en la aprobación de sus propuestas, el gobernante logró que fueran aceptadas por elCongreso tras plantear una cuestión de confianza que abrió la posibilidad del cierre constitucional del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas

FUENTE: EFE

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