martes 26  de  marzo 2024
INFORME OTÁLVORA

Presión de EEUU al chavismo continúa en medio de pandemia

La acción de la Fiscalía de EEUU al develar los casos judiciales contra los jerarcas chavistas colocó el "tema Venezuela" en un nuevo nivel
Diario las Américas | EDGAR C. OTÁLVORA
Por EDGAR C. OTÁLVORA

La epidemia mundial de COVID-19 no ha significado un congelamiento de los procesos políticos nacionales o internacionales, muchos de ellos de carácter conflictivo. La epidemia no sólo sirve de telón de fondo en la continuidad de esos conflictos. En no pocos casos, el impacto del COVID-19 y de las acciones que los actores políticos toman, forman parte de los procesos en marcha. Resulta absolutamente imposible desagregar el tema COVID-19 de la dinámica política internacional ya que se ha engranado con ella.

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El gobierno de Brasil procederá a expulsar al personal diplomático y consular así como agregados militares designados por Nicolás Maduro que aún permanecen en control de la sede de la Embajada de Venezuela en Brasilia y de los seis consulados venezolanos. El 01MAY20 es la fecha límite impuesta por la cancillería brasileña para la salida de los representantes del régimen chavista tras lo cual serían declarados “persona non grata” y procederían a su deportación.

El 13MAR20 habría tenido lugar una conversación telefónica entre los ministros de la Defensa de Maduro y Jair Bolsonaro solicitada por el general Vladimir Padrino López. En el alto gobierno en Brasil se sintió malestar por la decisión del ministro Fernando Azevedo e Silva al aceptar una conversación saltándose la línea presidencial de limitar los contactos con el régimen chavista. La comunicación con Padrino, de la cual rápidamente se ufanara Maduro y Padrino, habría tenido lugar sin notificación a la cancillería de Itamaraty. Según Padrino se habría “abierto un canal” con el gobierno de Bolsonaro lo cual fue desmentido por fuentes de la cancillería brasileña consultados para este Informe.

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En un intento desesperado para impedir la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la OEA, un grupo de países caribeños estimulados desde La Habana y Caracas, alegaron que la alcalde de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, ordenaría el allanamiento de la sede de la organización en caso de producirse la asamblea de elección. Para el 20MAR20 había sido convocado un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, conformada por los ministros de exteriores de los países miembros. La rápida expansión de la pandemia de COVID-19 hacía ver que serían pocos o ninguno los cancilleres que viajarían a Washington para personalmente emitir el voto en la elección para la Secretaría General y la Secretaría Adjunta de la organización. En los medios diplomáticos se daba como un hecho que los gobiernos instruirían a sus respectivos representantes permanentes, residenciados en Washington, para actuar como jefes de la delegación y votar.

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El 16MAR20 el gobierno de Perú anunció que retiraba la postulación del embajador Hugo de Zela al cargo en la OEA. De esa manera ante la opción de reelegir a Luis Almagro sólo se mantenía la ecuatoriana María Fernanda Espinosa quien no contaba con el apoyo del gobierno de su país y corría como la candidata presentada por gobiernos aliados del eje castrochavista. El retiro de De Zela no significó un aumento de los compromisos de votos a favor de Espinoza quien contaba con la mayoría de los votos caribeños, más el voto de sus amigos ideológicos de Argentina, Nicaragua y México y el posible voto de Canadá cuyo gobierno había decidido oponerse a la reelección de Almagro. La candidatura de Espinoza había sido presentada por los gobiernos de Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A cuarenta y ocho horas de la elección, trece gobiernos entregaron al Presidente del Consejo Permanente una inusualmente larga comunicación en la cual solicitaban aplazar la elección del Secretario alegando las recomendaciones de la ONU, la OMS y hasta de Donald Trump en el sentido de evitar reuniones masivas. Los firmantes incluso alegaron que –según la alcalde de Washington– la sede de la OEA no contaría con inmunidad diplomática y podía ser objeto de medidas punitivas. La comunicación fue suscrita por los representantes permanentes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, todos los miembros de Caricom exceptuando a Haití. La representante permanente de México en la OEA, Luz Elena Baños Rivas, entregó el 18MAR20 una comunicación respaldando el pedido de los caribeños. La decisión de aplazar la Asamblea General requería el apoyo de dos tercios del total de treinta y cuatro miembros de la organización y el día 19MAR20 quedó en evidencia que la propuesta de cambio de fecha no contaba con los apoyos requeridos. Quienes se oponían a la inminente reelección de Almagro amenazaron con no asistir a la Asamblea y que “la reunión sea considerada como carente de legitimidad”.

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A media mañana del 20MAR20, tal como estaba previsto, fue instalado el 54 período extraordinario de la Asamblea General de la OEA. La sesión fue celebrada en el Salón Simón Bolívar en condiciones excepcionales en las cuales sólo estaba presente un miembro por casa país miembro además del personal mínimo de apoyo. Solamente la delegación de Dominica faltó a la cita. Almagro resultó electo con 23 votos contra 10 de su rival en votación secreta, lo que indica que algunos países caribeños se sumaron al respaldo a Almagro. La reelección de Almagro confirmó la desaparición del castrochavismo como fuerza política que imponía posiciones dentro de la OEA.

La representante del gobierno de Manuel López Obrador realizó tres intervenciones durante la sesión para oponerse a la presencia del representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, para rechazar la designación del representante de Ecuador como Presidente de la Asamblea y finalmente para declarar la guerra a Almagro. Leyendo un texto previamente preparado por su cancillería, la embajadora mexicana dijo a Almagro que “Usted inicia un segundo periodo, no solo con la falta de apoyo, sino con el rechazo de un grupo importante de Estados”. Poco después el canciller del gobierno Maduro, Jorge Arreaza, emitió un comunicado calificando como “apresurada e inoportuna” la reelección de Almagro. Maduro, que abandonó la organización en 2019, quedaba en evidencia sobre su intervención en la maniobra ejecutada por sus socios dentro de la OEA.

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La Fiscalía General de EEUU anunció el 26MAR20 las acusaciones penales que presentó contra Nicolás Maduro, el cogobernante Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno y otros altos jerarcas del régimen chavista como Tareck El Aissami Madd quien ha ocupado altísimos cargos de gobierno. Las acusaciones implican igualmente a Iván Márquez y Jesús Santrich, dos comandantes de la guerrilla colombiana Farc que rompieron con los acuerdos de paz y pasaron a la clandestinidad. El Departamento de Estado de EEUU, a su vez, informó la decisión de ofrecer “recompensas por información que conduzca al arresto y / o condena” de Maduro, Cabello, El Aissami y los militares retirados Hugo Carvajal Barrios y Clíver Alcalá Cordones.

Maduro y Cabello están acusados de “participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua”, “conspirar para importar cocaína a los EEUU, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua”, “usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión” y “conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua”. El caso contra Maduro corre a manos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La acción de la Fiscalía de EEUU al develar los casos judiciales contra los jerarcas chavistas colocó el “tema Venezuela” en un nuevo nivel. La estrategia del gobierno de EEUU desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido crear condiciones para que los socios internos (y externos) de Maduro lo presionen a la renuncia. “Esta disposición es con la finalidad de “obligarlo o convencerlo” de aceptar unas negociaciones “exactas y precisas por elecciones presidenciales” dijo el encargado de la Embajada virtual de EEUU en Venezuela, James Story, en declaraciones a “El Nacional” de Caracas. En el alto chavismo calcularon que la crisis mundial por el COVID-19 daría un alivio a las presiones internacionales que reclaman la redemocratización de Venezuela. La evaluación del chavismo fue equivocada.

Por cierto, en la acusación por “conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero” que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó contra Maikel Moreno, narra que “un director de concurso de belleza venezolano” habría recibido US$40.000 de manos del señalado.

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Los gobiernos de Cuba, Irán y Rusia emitieron declaraciones atacando la acción de la fiscalía estadounidense. En su rueda de prensa del 27MAR20, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso María Zajárova, luego de expresar usuales ataques a la oposición “radical” venezolana, afirmó que “Rusia continuará ayudando a Venezuela, incluso en la normalización de la situación sanitaria y epidemiológica”.

El gobierno ruso, además, ratificó el 28MAR20 la decisión de reforzar su presencia en Venezuela como actor petrolero y aliado del régimen chavista. La empresa petrolera Rosneft anunció la venta de sus activos en Venezuela y el fin de sus operaciones incluyendo su participación en las empresas productoras y comercializadoras Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda y Petrovictoria. Rosneft es una empresa controlada por el gobierno ruso pero cuya propiedad accionaria es compartida con la BP británica y con el fondo catarí QH Oil Investments LLC. Según el comunicado emitido por Rosneft, había alcanzado un acuerdo “para vender todos sus intereses” en Venezuela a una empresa “100 por ciento propiedad del gobierno de la Federación Rusa” cuyo nombre es obviado en el texto. Se trataría de una maniobra de cambio de bandera para mantener las operaciones petroleras rusas en Venezuela mediante una empresa de capital estrictamente estatal ruso, lo que pudiera sortear temporalmente las sanciones que EEUU ha venido imponiendo a subsidiarias de Rosneft involucradas en la venta de crudo venezolano favoreciendo al régimen chavista.

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