Datos suministrados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Juan Carlos Murillo, asesor jurídico regional de ACNUR, indican que entre 2014 y 2016 se han reportado 20 mil solicitudes de asilo y refugio por parte de venezolanos en Estados Unidos, esperándose además que ese número se incremente en 2017.
Por la crisis humanitaria en Venezuela, que ha motivado la emigración de cientos de miles de habitantes de ese país, se han multiplicado casi por once las solicitudes de refugio en el continente americano y España, llegando a 45.000 pedidos a finales de 2016, dijo Murillo.
Y por otra parte las estadísticas de ONG venezolanas sobre violaciones a la libertad de expresión -también expuestas a la CIDH- revelan que el año 2017 ha sido el peor en el país suramericano: durante las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, entre el 30 de marzo y 15 de junio, se registraron 359 casos y 462 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa 77% del total de violaciones registradas en 2017.
Receptividad en Estados Unidos y México
Murillo indicó que en Estados Unidos hay una tasa de aprobación de asilos para venezolanos alta, de 75% de las solicitudes, pese a lo complejo del sistema migratorio norteamericano. También resaltó el caso de México, que tiene una tasa de 100% de aprobaciones de solicitudes.
Sin embargo, llamó la atención de otros países, que con tasas de apenas 10 o 15% de aprobación de refugio para venezolanos, no muestran la misma solidaridad.
“Debemos buscar más solidaridad de los países de la región, la misma que Venezuela ha tenido con muchos países del continente y de otras partes del mundo” dijo, resaltando que los Estados deben entender que no es solo un movimiento migratorio sino una necesidad de protección internacional de estas personas.
Xavier Gudiño, de la ONG Asylum Access, informó como la cantidad de venezolanos registrados en los países vecinos ha crecido año a año de forma paulatina, en una diáspora paulatina. En Colombia se calculan más de 250.000 venezolanos, aunque solo 40.000 de estos en situación regular.
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Imagen de archivo de venezolanos cruzando uno de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia.
CORTESÍA / lapatilla
En México se pasó de 2.800 inmigrantes en 2003 a unos 20.000 en el presente, en Brasil se cuentan unos 12.000 venezolanos y solo en 2016 llegaron 7.150 personas, y en Argentina la radiación temporal de venezolanos fue de 1.777 personas en 2014, 4.707 en 2015 y 11.298 en 2016, casi 30 personas por día.
Por su parte Panamá en 2015 contabilizó 7.526 solicitudes de permisos migratorios de venezolano en comparación con los 2.794 de 2014.
El activista Jorge Acero, tambén de Asylum Access, comentó que ante tal flujo de personas la respuesta de los estados ha sido aumentar las restricciones y un aumento de las deportaciones.
“Deben desarrollarse políticas públicas que garanticen la protección y la no devolución de venezolanos”, resaltó Acero. Esto último también fue subrayado por Juan Carlos Murillo, quien expresó el “llamado vehemente de Acnur para que no devuelvan a los venezolanos a su país mientras la situación actual no cambie”.
Cuerpos de seguridad, los primeros agresores a la prensa
Más de 50% de los casos son agresiones o intimidaciones a la labor periodística, con 16% de registros de censura. Los responsables de las violaciones han sido 55% de las veces cuerpos de seguridad y 18% grupos violentos de civiles. Las víctimas han sido 47% de las ocasiones reporteros o periodistas, 20% medios de comunicación y otro 20% reporteros gráficos. También se encuentran entre las víctimas camárografos, técnicos, conductores de vehículos de prensa, miembros de ONG o infociudadanos.
La respuesta del viceministro Castillo sobre los ataques a la prensa fue alegar que los focos de violencia se ubican en municipios gobernados por alcaldes opositores en Caracas, pese a que el orden público está a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana (militarizada), ambos cuerpos subordinados al poder Ejecutivo.
También cuestionó la veracidad de las cifras presentadas por las ONG por basarse “en tuits o informaciones anónimas”, a lo que le replicaron indicando que cada caso está debidamente documentado.
Castillo sí reconoció que “evidentemente el Estado es responsable donde hay excesos administrativos, excesos policiales, donde hay intimidación. Nosotros hemos dicho sistemáticamente que rechazamos las agresiones a todos los periodistas, que condicionen su trabajo”.
Pero más allá del reconocimiento por parte de Venezuela, el Relator Especial para la Libertad de Expresión del CIDH, Edison Lanza, preguntó a los funcionarios venezolanos “qué medidas de protección especial ha adoptado el Estado”, puesto que en una situación “de conflictividad” como la actual, “las fuerzas policiales tendrían que adoptar protocolos específicos para proteger a los periodistas, que no son parte del conflicto”.
También resaltó Lanza que “las fuerzas de seguridad deberían identificar a los periodistas y no tirarles bombas lacrimógenas”, alertando que se ha disparado a periodistas con armas no letales.
Retaliaciones variadas
Maruja Dagnino, del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), relató cómo se han convertido en mecanismo arbitrario de retaliación tres casos de anulación discrecional de los pasaportes de periodistas críticos del gobierno de Nicolás Maduro, impidiéndoles viajar al exterior.
También detalló el caso de bloqueo de páginas en internet o contenidos que a juicio del gobierno “desestabilicen la economía nacional”. “Se han censurado cuatro portales informativos, violando el debido proceso” dijo Dagnino, mediante el bloqueo por denegación de conexión, una práctica que el IPYS ha documentado desde 2015.
Asimismo, funcionarios del regulador de las telecomunicaciones, Conatel, han amenazado en varias ocasiones con aprobar un “reglamento” para redes sociales, “usando tecnología para vigilar y censurar contenidos digitales, en violación a los estándares de libertad de expresión en internet promovidos por la CIDH”, subrayó Dagnino.
Ante estas denuncias el viceministro William Castillo manifestó que “en Venezuela no hay política de bloqueo de internet”, asegurando que solo se ha dado un debate sobre los contenidos, pero “sin medidas administrativas”. Sin embargo, es conocido que al menos un puñado portales de información y opinión, críticos con el gobierno de Maduro, no son accesibles desde direcciones IP venezolanas.
