El Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó la liberación del paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, el hombre que había asesinado a la ciudadana brasileña y estudiante de medicina, Rayneia Lima, de 31 años, el 28 de julio de 2018, cuando la mujer transitaba en su vehículo en la capital nicaragüense.
El crimen de la brasileña se dio durante la mayor crisis de las protestas antigubernamentales que iniciaron el 18 de abril de 2018. El régimen respondió de manera violenta contra los manifestantes que demandaban la salida de Daniel Ortega del poder. Denuncias de ONG y de la oposición señalaron que el gobierno organizó y financió a paramilitares para ejecutar la "operación limpieza", destinada a desactivar los tranques y las protestas en la calles.
Pierson Gutiérrez fue condenado a 15 años de prisión, en noviembre de 2018, pero no cumplió ni el primer año de esa condena por ese crimen, gracias a la Ley de Amnistia de Ortega.
De acuerdo a la resolución del Tribunal de Apelaciones la liberación del paramilitar Gutiérrez, se fundamenta en la Ley de Amnistía aprobada en junio pasado por el régimen de Daniel Ortega, creada para con el fin de beneficiar a los responsables de más de 300 crímenes contra manifestantes pacíficos.
Lima regresaba de una fiesta de despedida de un amigo a la que asistió tras finalizar su turno médico en el hospital del Ministerio de Gobernación, Carlos Roberto Huembes. En la fiesta estaba su novio Harnet Lara. Ambos salieron del lugar de la fiesta rumbo a su residencia en vehículos separados.
La estudiante conducía su vehículo en el sector de Lomas de Monserrat, cuando un grupo de paramilitares disparó al automóvil provocando heridas mortales a la mujer.
El régimen mantuvo silencio por el crimen de la ciudadana brasileña. Sin embargo, ante la presión del gobierno de Brasil, el gobierno de Ortega responsabilizó del crimen a Gutiérrez, un militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de gobierno y quien laboraba como vigilante privado para la estatal empresa Petronic.
Hasta ahora el gobierno brasileño no se ha pronunciado sobre la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua, controlado por el partido de gobierno.
FUENTE: REDACCIÓN
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