lunes 17  de  junio 2024
Venezuela

Régimen de Maduro dilata convocatoria a las presidenciales

El régimen decide cuándo hacer el llamado a las urnas, valiéndose de la ley electoral de 2009 aprobada por un Parlamento dominado por el partido gobernante

Por EUGENIO G. MARTÍNEZ

CARACAS/ESPECIAL. - Durante 2024 se celebrarán elecciones en 75 países. Los eventos van desde comicios generales en los que se elige a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hasta elecciones subnacionales. En la región se celebrarán comicios presidenciales en El Salvador (4 de febrero), Panamá (5 de mayo); República Dominicana (19 de mayo); México (2 de junio); Uruguay (27 de octubre) y EEUU (5 de noviembre). También deben celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela, el único país en la región en el que se desconoce la fecha de los comicios.

La ausencia de la fecha de la elección presidencial en Venezuela obedece a la discrecionalidad con la que el régimen venezolano decide cuándo hacer llamados a las urnas, valiéndose de la falta de lapsos precisos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, aprobada en 2009 por una Asamblea Nacional ampliamente dominada por diputados del partido gobernante.

La discrecionalidad con la que el gobierno venezolano establece la fecha de las elecciones es la que explica, por ejemplo, que mientras las elecciones presidenciales de 2012 se celebraron en octubre de ese año, las elecciones presidenciales de 2018 fueron convocadas para el mes de mayo, ocho meses antes del inicio del siguiente periodo presidencial

Aunque no existe una norma escrita que establezca el momento en que debe convocarse la presidencial, especialistas electorales consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS resaltan que la suma del tiempo máximo necesario para desarrollar varios de los procesos requeridos para organizar la elección presidencial sugieren deben transcurrir aproximadamente seis meses entre la convocatoria y la celebración de la elección.

No obstante, a partir de la firma en Barbados del acuerdo parcial de garantías políticas y electorales entre el régimen de Nicolás Maduro y los integrantes de la Plataforma Unitaria y de las negociaciones en Doha (Qatar) entre el régimen venezolano y el gobierno de EEUU, la discrecionalidad para fijar la fecha de las elecciones se acotó al segundo semestre de 2024. En el acuerdo firmado, el gobernante se comprometió a no adelantar la elección al primer semestre del año como ocurrió en 2018.

Después de la firma del acuerdo de Barbados se aseguró que el gobierno de Maduro aspiraba a que la elección se celebre en el mes de julio, mientras la oposición prefería que los comicios fueran convocados para octubre. Tres meses después de la firma del acuerdo aún se desconoce la fecha de la elección.

Problema político

Fijar la fecha de una elección en Venezuela no es solo un problema legal. El momento para realizar las elecciones -amparándose en la discrecionalidad que le otorga la ley al Consejo Nacional Electoral- está determinado por el cálculo político y económico del gobierno venezolano. Las elecciones son convocadas para el momento en que el gobierno estima puede ser favorecido.

A esta variable se le suma ahora las sanciones internacionales contra Venezuela. Tanto Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez han señalado que aspiran a tener elecciones “libres de sanciones internacionales”.

En octubre de 2023 el gobierno de EEUU -en el marco de las negociaciones en Doha- emitió amplias licencias que paralizan la mayoría de las sanciones impuestas a Venezuela hasta el 18 de abril de 2024. Esta es la fecha en que EEUU debe anunciar si prorroga las licencias que paralizan las sanciones, o decide retomarlas.

Según han explicado los voceros del Departamento de Estado de EEUU, la renovación de la licencia en abril de este año está asociada con el desarrollo de las 15 garantías políticas y electorales a las que el gobierno de Maduro se comprometió. No obstante, de las 15 garantías acordadas solo tres se pueden verificar antes de la convocatoria formal de la elección: actualización del registro de votantes, invitaciones a la Unión Europea y al Centro Carter para que sean observadores internacionales del proceso y revisión de las inhabilitaciones políticas.

A la fecha, no existen avances significativos en la actualización de la base de datos de votantes dentro y fuera de Venezuela. Por otra parte, aunque en noviembre de 2023 el gobierno venezolano se reunió en Caracas con representantes del Centro Carter, esta organización no ha sido invitada formalmente como observadora internacional del proceso, al tiempo que el presidente de la Asamblea Nacional desestimó la presencia de la Unión Europea como veedor de los comicios.

Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno venezolano, quien ha incumplido con los acuerdos es la oposición venezolana.

En este sentido el presidente de la Asamblea Nacional ha explicado: “Nosotros estamos trabajando para presentar oportunamente que se ha cumplido y que no se ha cumplido de los acuerdos en Barbados, cuáles de los aspectos se han cumplido y cuáles no. Nosotros hemos cumplido absolutamente todo a lo que nos comprometimos con ese sector de la oposición y otros gobiernos extranjeros. Cabalmente hemos cumplido, fecha por fecha, día por día, porque son acuerdos que tiene ítems que hemos cumplido. Estamos atentos si las contrapartes cumplen los acuerdos”.

Sin información sobre Machado

Hasta el 10 de enero los abogados de María Corina Machado, candidata de la Plataforma Unitaria para la elección presidencial, no han obtenido respuesta sobre el reclamo “por Vía de Hecho y Amparo Cautelar” en contra de los obstáculos que impiden el ejercicio de sus Derechos Políticos y participar como candidata en las elecciones Presidenciales que interpusieron ante el Tribunal Supremo de Justicia en el mes de diciembre, según lo acordado en Barbados.

Según Perkins Rocha, representante legal de Machado, al impedírsele tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo “el TSJ pone en peligro el cumplimento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados especialmente en lo relativo al deber asumido de atender las dudas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas, “conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.

@Puzkas

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