CARACAS.- La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró en el pasado mes de abril 20 ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela, lo que los lleva a concluir que la política de criminalización en el país sudamericano es "sistemática".
El CDJ indicó en un informe que "continúan las restricciones al espacio cívico y democrático", que concretamente se traducen en violaciones al derecho a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.
Subrayó que "los actos de intimidación y hostigamiento en contra de quienes defienden derechos humanos han aumentado" y agregó que "las amenazas han sido constantes desde inicios de año. Los hechos registrados en el mes (abril) evidencian que los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela son cada vez mayores”.
También mencionó "los avances de instrumentos normativos para obstaculizar la defensa y exigencia de derechos han aumentado los niveles de riesgo para quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos”.
Características de los ataques
El reporte del CDJ documentó 10 actos de estigmatización, nueve de intimidación y hostigamiento, y una amenaza.
"Durante el período se siguieron evidenciando los principales patrones de ataque registrados por el CDJ (Centro para los Defensores y la Justicia). La estigmatización se mantiene como la principal modalidad de ataque, seguida de los actos de intimidación y hostigamiento, los cuales van aumentando; y por último las amenazas que no han cesado desde el inicio de año", detalló el reporte.
Y continuó: “persisten las acciones orientadas a obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas como parte de la respuesta represiva del Estado”.
Reseñó el texto que "el entorno para el ejercicio" de la labor de los activistas de derechos humanos "cada vez se hace más hostil, adverso y restrictivo, en tanto el Estado continúa cercenando el espacio cívico y democrático".
El CDJ explicó que en febrero pasado se inició en Venezuela un proceso de consulta pública sobre la ley sobre las ONG, aun cuando no se ha publicado oficialmente ningún texto sobre esa normativa, y dijo que funcionarios del Estado venezolano continuaron "las amenazas en torno a la aprobación y consecuencias de este proyecto de ley".
La ONG denunció, además, "el afianzamiento de la criminalización, la represión y el control social como política de Estado".
Respecto a esto, recordó "que es necesario garantizar la protección las personas defensoras de derechos y construir un entorno propicio para que estas puedan realizar su labor de manera segura y sin temor represalias”.
FUENTE: Nota de Prensa / Centro para los Defensores y la Justicia