En febrero de 2024, la cúpula gobernante anunció como un gran logro del sistema penitenciario la “remodelación” de un sector del Internado Judicial Rodeo I, ubicado en la zona de Guatire, en el estado Miranda.
La exministra para el Servicio Penitenciario, vicealmirante Celsa Bautista Ontiveros y el general Luis Marcel Ojeda, fueron los encargados de supervisar las “nuevas” instalaciones y realizar la inauguración del referido lugar.
En junio de 2024, una huelga de hambre y protestas en al menos 19 cárceles del país empañó la gestión de la oficial de la Armada venezolana. El gobernante Nicolás Maduro no dudó en removerla del cargo y sustituirla por el diputado por el estado Táchira, Julio García Zerpa.
Nadie imaginó que Bautista Ontiveros quedaría cesante dejando atrás un lugar para confinar a hombres que disienten del régimen y donde la orgía de tratos crueles, el hambre, la discriminación, el olvido, la falta de contacto físico y de atención médica adecuada aniquila progresivamente a los que alguna vez alzaron su voz por la libertad de Venezuela.
El Servicio Especial de Máxima Seguridad (SESMAS-Rodeo I) está ubicado en el municipio Zamora, a unos 69 kilómetros de la ciudad capital.
Oficialmente, no se conocen las características internas del lugar ni cuántos hombres, civiles y militares, se encuentran confinados en el mismo. Familiares, organizaciones civiles y activistas por los derechos humanos estiman que la cifra de detenidos en este recinto, el cual funciona como un campo de concentración, alcanza las 70 personas, todas de sexo masculino.
En teoría este internado judicial debería estar bajo la administración y custodia de funcionarios adscritos al ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, pero en la práctica, según relatan los familiares, en este recinto solo hay hombres y mujeres vestidos de negro, con la cara cubierta con pasamontañas y sin identificación alguna.
“En el uniforme negro que llevan puestos solo se lee SESMAS”, dijo un familiar.
El ministro Julio García Zerpa ha preferido guardar silencio ante los innumerables reclamos de familiares y defensores de derechos humanos. Mientras tanto, se comenta que el SESMAS es un “anexo” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cuerpo policial señalado por la comunidad internacional como un órgano de tortura, persecución y represión desmedida.
En este lugar los detenidos no hacen trabajos forzados, pero casi todos están confinados en celdas de tamaño 3x3, completamente a oscuras, sin ventilación, ni radio, televisión, reloj y contacto con otros reclusos. Todos deben dormir encima de una diminuta colchoneta colocada en una plataforma de concreto y al lado de una fétida letrina. Evidentemente, el mal olor y las bacterias abundan y causan enfermedades.
Los familiares, luego de varios meses, se asombran al ver a sus hijos, hermanos o esposos, con 20 o 40 kilos menos, con pérdida de masa muscular, con tez amarillenta y picada de insectos y animales rastreros.
“Mi hijo casi siempre tiene diarrea y fiebre. En ese lugar no permiten llevar alimentos cocidos o perecederos y la poca comida que les dan es muy escasa y de muy mala calidad. Cuando se siente mal pide auxilio a gritos, pero solo lo llevan a la enfermería cuando cae al suelo ya desmayado”, dijo una desesperada madre.
Se conoció que aun presentando una patología grave, ningún detenido es trasladado a un centro de salud externo. “Eso no está permitido en ningún caso”, indican los custodios.
Juicios sumarios
Los civiles y militares que se encuentran recluidos en el SESMAS-Rodeo I, en su mayoría, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, es decir, su aprehensión fue sorpresiva, sin orden judicial, sin explicación y no se les permitió comunicarse con sus familiares.
El patrón de tortura aplicado en este lugar implica, además, que la audiencia de presentación del detenido se lleva a cabo en el interior del recinto, en forma telemática y en presencia de un grupo de custodios encapuchados y fuertemente armados.
Los detenidos no tienen derecho a nombrar a un abogado de confianza y todos están acusados de Terrorismo, Conspiración, Agavillamiento y Traición a la patria. No conforme, aunque deambulan insistentemente por el Palacio de Justicia, sus familiares no pueden conocer cuál es el tribunal de la causa y mucho menos el nombre del juez que lleva el caso.
“En el mejor de los casos, cuando vamos al Palacio de Justicia, nos atiende un defensor público que nos pide paciencia y nos dice que ellos no tienen acceso al expediente y no pueden ir hasta el recinto penitenciario donde están nuestros familiares. Solo eso”.
Capucha y reconocimiento biométrico
El patrón sistemático de tortura hacia los presos políticos y sus familiares pasa por varias etapas. Después de la detención arbitraria, tanto el detenido como sus familiares son sometidos a un proceso de silencio, negación e incertidumbre que desgarra el alma y desestabiliza el seno familiar.
Madres, padres, esposas, hijos y hermanos pasan meses buscando a su ser querido sin recibir respuesta por parte de los funcionarios apostados en aquellos recintos penitenciarios como el Helicoide, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Rodeo I.
“Yo vine muchas veces al SESMAS para saber si mi familiar se encontraba allí, los funcionarios solo me respondían: váyase de aquí. En una oportunidad, uno de los hombres vestidos de negro me dijo: su familiar está en proceso de adaptación y solo podrá verlo cuando ese proceso termine”, dijo una joven que ya había logrado ver a su hermano por tercera vez.
Trascurridos varios meses (más de 6 en casi todos los casos) cualquier miembro de la familia del detenido recibe un mensaje de texto a su celular que indica que puede visitar al imputado. Dicho mensaje indica la hora, el día y lo que deben llevar, es decir, solo productos de aseo personal colocados en bolsas de plástico, tipo Ziploc.
“Todas esas bolsitas son entregadas en el área de paquetería, luego comienza el proceso de ingreso”, relató una visitante.
Otros familiares consultados aseguraron que la exhaustiva requisa implica, entre otras cosas, quitarse la ropa y zapatos ante un funcionario o funcionaria que los observa, los toca y le pasa un detector de metales por todo el cuerpo.
Un joven que ya ha estado en el lugar agregó: “Antes de ver a nuestros familiares debemos colocar nuestra cabeza en una máquina de reconocimiento facial o sistema de reconocimiento biométrico facial, ese aparato es como un escáner que verifica nuestra identidad y arroja todos nuestros datos. Todo es demasiado humillante”.
Se conoció que luego de pasar esta prueba de reconocimiento facial, mujeres y hombres visitantes deben dejarse vendar los ojos y colocarse una capucha con el fin de no ver el camino que se recorre hasta el lugar de visita.
“Una vez que nos vendan los ojos y nos colocan la capucha, el funcionario o funcionaria nos pasa el brazo por la espalda y nos conduce hasta el lugar donde está el detenido”, dijo una de las personas que ya ha vivido este proceso.
A gritos y sin contacto físico
Una de las madres entrevistadas relató que ver a su hijo implica sentarse a unos 2 metros del lugar donde lo colocan a él. Entre uno y otro hay un plástico medio transparente que imposibilita la visibilidad. Para acortar la distancia ambos deben tomar una especie de teléfono, pero como no funciona debidamente deben gritar para saludarse y decirse cuanto se extrañan.
“No podemos tener contacto físico con ellos, las visitas son muy breves, de 15 o 20 minutos. A nadie le importa que vengamos de Trujillo, Mérida, Lara o el Zulia. Nunca nos dejan solos con ellos a pesar de que no los tenemos cerca, esa breve conversación es completamente vigilada. Cuando termina ese encuentro nos vuelven a encapuchar y nos llevan hasta la salida de ese tenebroso lugar”, aseguró la mujer.
Es evidente que, en este lugar, tal como han advertido los familiares y los defensores de derechos humanos, la vida de todos los prisioneros corre peligro.
“El daño físico y emocional es irreparable”, advierte el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
