Fundaredes recalcó que la minería ilegal en Venezuela es una "actividad controlada por grupos armados irregulares con la permisividad del Estado"
Una de las víctimas de la mina ilegal de oro.
APCARACAS.- La ONG venezolana Fundaredes denunció que el Estado venezolano es "cómplice" de la minería ilegal que se desarrolla en el Arco Minero del Orinoco, un área de explotación de recursos minerales al sureste de Venezuela, y recordó los riesgos que esta actividad irregular representa para las comunidades y el ambiente, tras el reciente derrumbe en la mina ilegal "Bulla loca", que dejó 30 fallecidos.
El observatorio medioambiental Proyecto EPA, de Fundaredes, indicó que "es evidente que el Estado ha sido complaciente e incluso cómplice en el desarrollo de estas actividades permitiendo que los grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas…".
No es un secreto en Venezuela que grupos armados irregulares tienen control de la minería ilegal alrededor de algunas zonas del Arco Minero y así lo han denunciado varias organizaciones civiles. Una de ellas, SOS Orinoco, ha denunciado que la actividad minera en el sur de Venezuela está "imbuida" en un esquema de crimen organizado en el que participa el poder político y militar del país. Y uno de los "actores irregulares clave dentro de esa compleja trama son los Grupos Armados Organizados (GAO)", señaló SOS Orinoco en un informe de marzo de 2022.
Otra ONG, AlertaVenezuela, aseguró en septiembre de 2023, que en los últimos 10 años los grupos armados irregulares han proliferado en el país sudamericano, en referencia a la presencia de grupos paramilitares, bandas de crimen organizado y grupos irregulares de origen colombiano. En su denuncia, AlertaVenezuela agrega que estos grupos "tienen control de territorio y capacidad de gobernanza" afectando los derechos de las poblaciones donde actuán.
La ONG sostuvo que en el caso del Arco Minero la relación con los grupos irregulares "es más evidente", pues las mafias se pelean el control del negocio de la extracción ilegal de minerales, que termina promoviendo actividades como la trata y tráfico de personas, desplazamiento interno y migración forzada, asesinatos, explotación sexual, entre otros delitos.
Y en este esquema, la ONG afirma que la actividad de los grupos irregulares "solo es posible con la anuencia o complicidad de autoridades civiles y militares del ámbito nacional o local".
La semana pasada, el colapso de la mina ilegal "Bulla loca", ubicada en una zona remota en el estado Bolívar (sur de Venezuela) dejó 30 personas fallecidas, aunque los pobladores y quienes lograron sobrevivir al accidente aseguran que más de 100 personas quedaron tapiadas en el derrumbe.
El accidente dejó en evidencia las precarias condiciones en las que se desarrolla la actividad minera al sur de Venezuela.
"Esto estaba por venir", comentó Robinson Basanta, habitante del lugar, al hacer referencia a las condiciones de inseguridad con las que trabajan los mineros, la mayoría de ellos en situación de extrema pobreza.
"Esta mina ha soltado mucho oro (...) La gente se mete ahí por la necesidad sacando el sustento para vivir", añadió.
Activistas denuncian un "ecocidio" en la zona y la explotación de niños y mujeres, que trabajan extensas jornadas sin protección.
El Arco Minero del Orinoco es una extensa zona de 112.000 km2 con grandes reservas de oro, diamantes, hierro, bauxita, cuarzo y coltán. Fue declarado "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional" por el régimen de Nicolás Maduro en 2016.
"La minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco representa una grave amenaza para la reserva natural más importante del pais, su práctica descontrolada conlleva a la deforestación, contaminación de fuentes hídricas, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad. Estos impactos no solo afectan al medio ambiente, sino también a las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su sustento", alertó el Proyecto EPA en la red social X este martes, siete días después del derrumbe en "Bulla loca".
Fundaredes recalcó que ha denunciado reiteradamente "los graves riesgos" de la minería ilegal "actividad controlada por grupos armados irregulares con la permisividad del Estado, manteniendo a cientos de personas sometidas a condiciones infrahumanas de trabajo forzoso" y "poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental, además de someter a trabajos forzosos y esclavitud moderna a quienes laboran en esos espacios, vulnerando por omisión el derecho a la vida, el trabajo, la salud y seguridad personal".
El derrumbe en "Bulla loca" no es el primer accidente de este tipo que se registra en una mina ilegal en Venezuela. En diciembre de 2023 se produjo el colapso de una mina en la comunidad indígena de Ikabarú, también el estado Bolívar, que dejó 12 fallecidos. Días antes había ocurrido un "colapso parcial" en la misma mina que no dejó víctimas mortales.
FUENTE: REDACCIÓN / Con información de SOS Orinoco / AlertaVenezuela / AFP
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