Llegó el momento de comenzar a definir el perfil del servidor público que Venezuela necesitará para la refundación de su República. Sí queremos tener éxito en nuestro próximo capítulo republicano, debemos modificar diametralmente el ADN de los funcionarios matraqueros y reposeros del período adeco-copeyano, así como de los funcionarios ineptos y enchufados del período chavista.
Los venezolanos nos acostumbramos, por demasiado tiempo, a no contar con verdaderos servidores públicos sino con sanguijuelas que medraban del Estado, con pocas y muy honrosas excepciones. El hecho de que las riquezas del País derivaran de un recurso natural y no de nuestros esfuerzos o virtudes, llevaron a justificar ese insostenible estado de cosas, que a su vez, nos trajo a esta calamitosa circunstancia.
Debemos rescatar los conceptos básicos que han de definir al servicio público, debidamente alineados con la función pública.
En ese sentido, conviene recordar los fines esenciales del Estado venezolano, que conforme establece la propia Constitución Nacional en su artículo tercero, lo conforman “…la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.”
A nadie puede dejar de sorprender que son exactamente esos fines esenciales del Estado, en cuya consecución los últimos Gobiernos han fracasado estrepitosamente. Veamos cada uno de ellos por separado:
- La defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad: Los órganos policiales, en lugar de defender al ciudadano, son los que organizan las bandas criminales. La Fuerza Armada se ha convertido en un cartel del narcotráfico (cartel de los soles). Entre ambos, se han erigido en la guardia pretoriana del tirano y sus secuaces, atropellando al ciudadano cada vez que protesta y llenando las cárceles de presos políticos;
- El ejercicio democrático de la voluntad popular: El Consejo Nacional Electoral, lejos de garantizar a la ciudadanía la pulcritud de los procesos electorales, es conjuntamente con el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, el garante de que del régimen no pierda el poder.
- La construcción de una sociedad justa y amante de la paz: Un País en el que el salario mínimo que reciben cerca del 80% de su masa laboral, sea de menos de 2$ mensuales y en el que asesinan a más de 25,000 personas cada año, no puede calificarse de justo y de amante de la paz;
- La promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo: Estar sentados sobre las mayores reservas petroleras del planeta y al mismo tiempo lograr sostener la mayor inflación del mundo por quinto año consecutivo, estimando cerrar el 2018 sobre 13,000%, no deja lugar a dudas de que, definitivamente, algo se está haciendo muy mal; y
- La garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución: La comunidad internacional ha sido testigo de las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de la tiranía.
Luego de analizar comparativamente la lista de fines esenciales del Estado vs. la gestión del desempeño del gobierno podemos concluir, sin temor alguno a equivocarnos, que el perfil del servidor público venezolano tiene que cambiar radicalmente.
Y es precisamente el párrafo final del artículo tercero constitucional, el que nos da las claves para ello, al indicar que “…La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines…”. Justo lo que al régimen le falta.
Para comenzar a delinear como han de ser nuestros futuros servidores públicos, hay que identificar como uno de sus principales atributos, reconocido por la doctrina universal, el que sus ejecutorias estén siempre destinadas a generar un bien o un servicio público. Desde este punto de vista, cabe destacar que en toda sociedad hay, además de los funcionarios públicos, entes y personas del sector privado, cuyas ejecutorias también buscan generar bienes o servicios públicos.
En vista de lo anterior, podemos concluir que no solo los funcionarios públicos generan bienes o servicios públicos. La propuesta de Control Civil es que en nuestra próxima Venezuela, propugnemos que el sector privado produzca la mayor cantidad de bienes y servicios públicos posibles.
En una próxima entrega ahondaremos en el desarrollo del perfil para los funcionarios públicos que Venezuela necesita y merece.
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