El Foro Penal informó de los detenidos de Amazonas pasaron a ese recinto carcelario, entre ellos Henry Gómez, abogado defensor de derechos humanos indígenas
Momento en que el régimen de Nicolás Maduro traslada a más de 700 presos políticos a los centros penitenciarios de Tocuyito y Tocorón, el 31 de agosto 2024
Cortesía ONG OVP Afiche de Reclamo de Amnistía Internacional
Cortesía AICARACAS. La ONG Foro Penal dijo que al menos 12 detenidos en el estado Amazonas, al sur de Venezuela, fueron enviados al Centro Penitenciario del estado Aragua, en el centro del país, conocida como la cárcel de Tocorón, alejándolos de sus familiares y sin haber tenido un derecho a la defensa.
El abogado del Foro Penal y coordinador de derechos humanos de Pueblos Indígenas, Olnar Ortiz, refirió a DIARIO LAS AMÉRICAS que las personas detenidas tras las protestas postelectoral no han tenido derecho a la defensa privada.
"Todo ha sido por defensa pública vía telemática. Y en el caso de los indígenas se les han violado sus derechos específicos, puesto que ellos deberían tener un traductor y en el momento de la defensa, no había ninguno, un derecho establecido en la Constitución“.
Los delitos que le imputan a quienes fueron trasladados de Amazonas están relacionados con terrorismo, incitación al odio, la violencia y resistencia a la autoridad, entre otros. Henry Alexander Gómez fue detenido el pasado 17 de agosto ( le imputaron terrorismo, incitación al odio, y resistencia a la autoridad) junto con otras dos personas, los demás ciudadanos fueron detenidos con anterioridad, explicó Olnar Ortiz
Foro Penal alertó sobre la detención en Puerto Ayacucho del abogado Gómez, defensor de DDHH, y quien solo trató de mediar con uniformados para que no se llevaran a una señora detenida.
Henry Gómez es un abogado indígena del pueblo Baré y fue detenido de manera arbitraria cuando se encontraba en las adyacencias de una plaza donde se estaba realizando cerca del lugar una actividad de solidaridad con gente rezando un Rosario y cantando el Himno Nacional.
“En ese momento, llegó la Guardia Nacional y (Gómez) se da cuenta cuando la Policía Nacional Bolivariana se está llevando a la señora Sara Martín que sufre de esquizofrenia. Y a pesar de que le advirtieron que no fuera a ese lugar público lo hizo porque pudo más su vocación de defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, quien a su vez se ha convertido en un activista social trabajando en varias organizaciones”, precisó Ortiz.
Gómez se acercó a mediar para que no se llevaran a la señora y, en ese momento, los uniformados los detienen a ambos. Al abogado se le imputó resistencia a la autoridad, por el solo hecho de explicar porqué no podían llevarse a esa mujer presa.
Henry Alexander Gómez es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del colegio de Abogados del estado Amazonas “y es una persona ampliamente conocida por su compromiso social”, puntualizó el jurista de la ONG.
La Organización Amnistía Internacional pidió que se le respetaran sus derechos.
El Foro Penal ha actuado de acompañamiento con todos los familiares brindándole asesoría, puesto que “no hemos podido acceder a la defensa, ni en las audiencias de presentación”, dijo Ortiz quien espera que esto cambie pronto.
Sin embargo, pese a esas limitaciones, el ente no gubernamental ha venido ofreciendo el acompañamiento desde que se comenzaron conocer las primeras detenciones el 30 de julio, tras las protestas por los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, que fueron calificados por los ciudadanos como de fraudulentos.
“Observamos con suma preocupación que los traslados a estos detenidos se lleven a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisan a sus familiares y muchos de ellos se enteraran cuando les llevan la comida a las comandancias policiales”, señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones en nota de prensa.
Además, el OVP indicó que el 25 de agosto recibió denuncias sobre el presunto traslado de detenidos al Internado Judicial Capital Yare III (estado Miranda), donde les habrían cortado el cabello y uniformados con franelas y pantalones azules.
“Posteriormente, fueron trasladados en al menos 14 autobuses hacia el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón; el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como Fénix Carabobo; y las instalaciones del desalojado Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito”, afirmó la organización.
El OVP también registró el 27 de agosto traslados de detenidos desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Francisco, en el estado Zulia, y desde la Dirección de Investigaciones Penales de la PNB, en Barinas, hacia las cárceles de Tocuyito y Tocorón, esta última que estuvo tomada por miembros del Tren de Aragua.
Sumado a esto, la ONG documentó otras reubicaciones desde centros penitenciarios de Nueva Esparta, Táchira y Apure, el 30 de agosto.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado en reiteradas ocasiones que a los detenidos durante las protesta poselectorales no les realizaron chequeos médicos físicos y psicológicos.
También alertaron que las autoridades los mantienen aislados y no les permiten comunicación con sus familiares o abogados privados.
“Son muchos los familiares que han viajado a kilómetros de distancia, a pesar del costo económico que esto implica en un país azotado por la inflación, y en ninguno de los penales antes mencionados hay una lista de trasladados. No hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar, ni cuándo serán los días de visitas y bajo qué condiciones será”, detalló la organización en sus redes sociales.
FUENTE: CONSULTA AL ABOGADO OLNAR ORTIZ/ FORO PENAL / OBSERVAORIO VENEZOLANO DE PRISIONES / DIARIO LAS AMÉRICAS
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