BOGOTÁ.- La Fiscalía colombiana solicitó el jueves una audiencia para imputar al excomandante del Ejército, general retirado Mario Montoya Uribe, por su presunta responsabilidad en el caso de “falsos positivos”, como se conocen las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de integrantes del Ejército, quienes los reportaban falsamente como guerrilleros vencidos en combate para acceder a beneficios.

Montoya se convertiría en el exmilitar de más alto rango en ser imputado por estos hechos en el país. El general retirado del Ejército de Colombia no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía y aún no es pública la fecha de la audiencia.

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De 10.725 personas investigados por “falsos positivos” en Colombia, la mayoría militares, solo han sido condenados 1.740, de acuerdo con el último reporte público de la Fiscalía de 2019.

La Fiscalía investiga a Montoya por presuntamente haber impuesto un modelo de medición y estímulos que privilegiaba las bajas en combate entre 2007 y 2008, cuando era el jefe máximo del Ejército.

“(Montoya) auspició 104 homicidios de civiles, cinco de ellos menores de edad, que no pertenecían a organizaciones criminales, fueron puestos en estado de indefensión y se presentaron en diferentes puntos del país como ‘bajas’ en enfrentamientos armados”, indicó el ente acusatorio en un comunicado divulgado el jueves.

De acuerdo con la investigación, Montoya habría ejercido dicha presión sobre sus filas desconociendo una directiva que pedía privilegiar las desmovilizaciones y las capturas de guerrilleros sobre las muertes en combate, la cual fue ordenada por su superior, el comandante general de las Fuerzas Militares —que tiene bajo su mando al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea—.

“Hay indicios de que el general en retiro habría promovido maniobras para evitar que quedaran en evidencia sus instrucciones”, indicó la Fiscalía, por lo cual le serán imputados los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Sin embargo, la Fiscalía no podrá llevar a juicio al excomandante Montoya debido a que él se sometió en octubre de 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los hechos del conflicto armado interno de cinco décadas en el país.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo a The Associated Press que aunque la imputación a Montoya será un “hecho histórico y un reinvidicación para las víctimas”, su relevancia jurídica será mayormente simbólica, debido a que las normas de la JEP no permitirán que avancen más allá de la imputación. “La evidencia que Human Rights Watch ha dado a conocer durante años sobre este caso demuestra que esta imputación debió haber ocurrido mucho antes”, agregó.

El abogado defensor de Montoya, Andrés Garzón, considera que el anuncio de la imputación provocará un “conflicto de competencias innecesario”, debido a que en Colombia una persona no puede tener dos investigaciones por los mismos hechos en dos jurisdicciones diferentes de manera simultánea, según dijo al medio local W Radio el 2 de agosto, cuando el fiscal general Francisco Barbosa anunció a la prensa su intención de imputar a Montoya.

Garzón agregó que su apoderado es inocente y por tanto “hay un escenario jurídico que es el que está buscando Mario Montoya y es demostrar ante la JEP que él no cometió ninguno de los actos que se le imputan”.

Pese al debate sobre la competencia de la Fiscalía, han sido las víctimas —en su mayoría madres, hermanos y hermanos de las personas asesinadas— quienes han solicitado la imputación de Montoya. Sebastián Escobar, abogado de víctimas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo a la AP que además de la reivindicación que esperan, la imputación enviaría un “importante mensaje social de rechazo a este tipo de crímenes y de integrantes del Ejército que participaron en estos”, además de ser complementaria con la investigación que lleva la JEP.

“Hasta este momento la postura de Montoya en todos los escenarios judiciales ha sido el negacionismo absoluto. Esperamos que con la imputación esta postura pueda variar y se dé una apertura al reconocimiento de responsabilidad y la contribución de la verdad. Montoya debe entender esta imputación no solo desde la perspectiva jurídica, sino también como un mensaje de abandono de sus viejos aliados”, indicó Escobar.

En febrero de 2021 ascendió a 6.402 la cifra de víctimas de “falsos positivos” en el país de acuerdo con las investigaciones de la JEP, que además determinó que el periodo en que más víctimas se reportaron fue desde el 2002 hasta 2008, lo cual coincide con los años del mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Montoya fue nombrado por Uribe Vélez como comandante del Ejército en 2006, sin embargo, renunció en el 2008 después de que iniciara el escándalo por “falsos positivos” y Uribe ordenara que 27 oficiales y suboficiales fueran retirados de sus cargos. Algunos de ellos fueron condenados a pagar hasta 50 años de prisión.

La JEP avanza en las investigaciones por “falsos positivos”: en julio imputó a un general, seis oficiales y tres suboficiales por su “participación determinante” en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefención en la zona fronteriza con Venezuela entre el 2007 y 2008.

En caso de que la JEP concluya que el compareciente aporta a la “verdad plena” dará sanciones que no implican privaciones a la libertad, sin embargo, si niegan su responsabilidad y son vencidos en juicio podrían pagar hasta 20 años de cárcel.

FUENTE: Con información de AFP

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