MANAGUA.- La creación de una Comisión de la Verdad neutral debería de ser uno de los acuerdos de la nueva mesa de negociación entre el régimen de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para superar la crisis que vive Nicaragua desde abril, dijo este lunes el sociólogo y exministro Humberto Belli.

Esa Comisión sería una "solución alternativa" ante la demanda de justicia para las víctimas que dejaron las violentas protestas, dijo Belli, quien fue ministro de Educación en el Gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997), en un artículo enviado a la prensa.

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A juicio de Belli, los "presos políticos" debería ser liberados sin dilación en el marco de las negociaciones entre el régimen de Ortega y la Alianza Cívica, que comenzaron el miércoles pasado.

"Lo que complica el tema es que algunos opositores, bajo la indignación de la trifulca, mataron y maltrataron a miembros o simpatizantes del régimen. El gobierno no querrá perdonar a estos a menos que hubiese una amnistía general. Pero la oposición tampoco la querrá (amnistía) porque sacrificaría la justicia liberando a quienes masacraron", razonó.

Por lo que, a juicio de Belli, "una solución alternativa sería establecer una Comisión de la Verdad neutral, que determine las responsabilidades penales de ciudadanos de ambos bandos, y cortes de justicia independientes para procesarlos".

La Alianza Cívica ha dicho que su mandato en las negociaciones con el Ejecutivo es exigir la liberación de los detenidos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstos en la Constitución Política.

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Entrada del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en las afueras de Managua, Nicaragua, donde se llevan a cabo las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica.
Entrada del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en las afueras de Managua, Nicaragua, donde se llevan a cabo las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica.

También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

En el tema de las elecciones, continuó Belli, "estas son negociables respecto al cuándo, aunque no tanto respecto al cómo".

"Si se llega a esa etapa de discusión, los negociadores opositores tendrán que discernir cuáles son los cambios mínimos exigibles para asegurar lo que es totalmente irrenunciable: que las elecciones sean plenamente libres, honestas y competitivas", apuntó.

Sobre la conveniencia o no de adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2021, Belli indicó que cualquiera que sea la decisión, lo que está claro es que "los dos próximos años serán muy difíciles de administrar y hay muchos bemoles".

"Si Ortega llega hasta el 2021 tendrá que haber sorteado las brasas del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), el insalvable déficit fiscal y la furia ciudadana. Si las adelanta, esos problemas le tocarán a la próxima administración", consideró.

Es un tema que la oposición tendrá que negociar con ella misma, agregó.

Asimismo, el sociólogo catalogó como una "extraña negociación" las conversaciones entre el régimen y la Alianza Cívica, porque la mayoría de los reclamos de la oposición son derechos que están consignados en la Constitución.

"Al acatar su cumplimiento el gobierno no está cediendo sino cumpliendo su obligación jurada, mínima y solemne", argumentó.

Puso como ejemplo la negociación entre cónyuges sobre la repartición de sus bienes: uno le dice al otro: "Ya te hice la concesión de no seguirte pegando. Ahora, ¿qué me das vos?".

"Considerar estos derechos como negociables sería dar a los tiranos un incentivo formidable para pisotearlos y aparecer luego condescendientes al levantar la bota sobre el cuerpo lacerado de sus víctimas", comentó.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

FUENTE: Con información de EFE

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