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MIAMI.- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio dio inicio al juicio contra el dictador Nicolás Maduro por "corrupción" relacionada con el escándalo de Odebrecht a petición de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, también en el exilio.

El acto principal se celebró desde el Congreso de Colombia, ante 14 magistrados; mientras el resto estuvo a la distancia conectados vía internet desde Chile, Panamá y los Estados Unidos. Un grupo de 6 vieron el acto a través de una gran pantalla ubicada en la Alcaldía de Doral, en el sur de la Florida.

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De izquierda a derecha, Luis Ramos Reyes, Antonio J. Marval, Domingo Salgado y Alvaro Marín Riverón, durante la jornada del juicio a Nicolás Maduro en la ciudad de Doral.
De izquierda a derecha, Luis Ramos Reyes, Antonio J. Marval, Domingo Salgado y Alvaro Marín Riverón, durante la jornada del juicio a Nicolás Maduro en la ciudad de Doral.

Desde la ciudad de Doral, Antonio Marval, primer vicepresidente del Supremo en el exilio informó desde la Alcaldía de Doral en el sur de la Florida que se trata de un "juicio oral y público" contra Maduro tras la denuncia presentada en marzo pasado por la fiscal general Luisa Ortega.

Ortega, que fue destituida del cargo después de mostrar diferencias con el régimen, es considerada "legítima" por el TSJ en el exilio.

La fiscal Luis Ortega Díaz comenzó su exposición de los cargos haciendo un resumen de lo que ha sido lo que ella llamó un fraude por supuestos contratos de remodelación del Metro de Caracas. Mostró láminas donde se expresaban los montos de los contratos, para luego enseñar gráficos del deterioro del sistema subterráneo de Caracas.

"En nombre del Estado venezolano acuso a Nicolás Maduro (...) presidente de facto de Venezuela, por estar incurso en la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales".

Para culminar con esta parte de la denuncia, proyectó imágenes de las llamadas "perreras", que es el nuevo tipo de transporte público que existe en Venezuela ya que del sistema de transporte terrestre es casi inexistente, ante la falta de repuestos para las unidades y la no incorporación de nuevos vehículos.

La exfiscal denunció que en Venezuela se pagó a Odebrecht "más de 35.000 millones de dólares y más de 2.300 millones de euros" por once obras que están "inconclusas", entre ellas las del metro de Caracas y del metro de Los Teques, lo que supone "cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela al día de hoy".

En el caso Odebrecht, hizo un recuento de cómo desde el Gobierno de Hugo Chávez, se preparó el terreno jurídico para poder otorgar todo tipo de obras a esta empresa brasilera, sin necesidad de pasar por la licitación pública. En sus investigaciones aparecieron unas 13 obras inconclusas por las que se pagaron US$ 40.000 millones.

Las mismas quedaron semi construidas, como la ampliación del sistema de trenes que uniría la Gran Cararacas con las poblaciones cercanas en el estado Miranda como son Guarenas y Guatire. Mostró fotos de los pilares que quedaron armados a lo largo de la autopista Petare-Guarenas y aseguró que "este monumento a la corrupción" presenta un deterioro considerable que algunos expertos han señalado que ya no pueden ser utilizado porque la estructura está dañada.

En su demanda nombró a Mónica Moura, una productora brasilera, quien ya declaró ante las autoridades de su país por el caso Odebrecht e involucró a Nicolás Maduro al asegurar que éste, siendo canciller le entregó 11 millones de dólares en una maleta como parte de pago por servicios en la campaña de reelección de Hugo Chávez en 2012. De acuerdo con Moura, la compañía constructora brasileña Odebrecht financió la campaña de Maduro a cambio de la promesa de recibir contratos de obras de construcción en Venezuela. Ortega aseguró que existen documentos que revelan que Maduro “recibía a Moura en su propia oficina, le entregaba carpetas con dinero y le proporcionaba escolta para darle seguridad en el recorrido desde la Cancillería a la productora”.

"Maduro suscribió un memorándum de entendimiento y al menos siete acuerdos complementarios al acuerdo (...) fue un gran pacto de corrupción, firmado por Nicolás Maduro como canciller en representación del Estado venezolano", agregó Ortega.

Entre estos tratos, Ortega se refirió al permiso para que la empresa continuara con las adjudicaciones de contratos de obras inconclusas, aprobó el pago por concepto de evaluaciones y autorizó el adelanto de pagos por los proyectos, entre otros.

Según Ortega, gracias a todo eso la empresa le entregó a Maduro al menos 35 millones de dólares para financiar su campaña, lo que demuestra que "desde cada una de las posiciones que ha ocupado favoreció la permanencia, operatividad y negocios de Odebrecht".

Por lo anterior, considera que los actos de Maduro se "encuadran perfectamente dentro de los tipos penales de corrupción propia y legitimación de capitales" y solo por el primer caso podría pagar entre tres y siete años de cárcel y una multa por el 50 % del valor de lo recibido.

Tras la acusación, el abogado defensor de oficio de Maduro, Andrés Lindo, afirmó que el presidente solo firmaba los contratos con la compañía y que si esta no los cumple la debe indagar el Ministerio Público, por lo que desestimó las acusaciones de Ortega.

"En vista de toda esta situación, solicito a este tribunal la absolución del imputado, ya que los delitos de corrupción no son suficientes y las pruebas tampoco y las pocas que hay que tienen relaciones directas no han sido incorporadas legalmente al juicio", agregó Lindo.

Por su parte, el presidente del tribunal, Miguel Ángel Martín, aseguró que durante el juicio se buscará "verificar la responsabilidad o no" de Maduro por estos delitos y subrayó que "existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general".

Cabe recordar que Maduro no hizo acto de presencia, como tampoco envió un abogado para su defensa, por lo que fue necesario nombrar un defensor público para dar derecho a la legítima defensa.

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Sesión del juicio oral y público a Nicolás Maduro, en la ciudad de Doral.
Sesión del juicio oral y público a Nicolás Maduro, en la ciudad de Doral.

Marval explicó que se prevé que el juicio, al que acuden en Bogotá 14 de los 27 magistrados en el exilio, cuente con un estimado de seis a siete audiencias.

Según el tribunal, este proceso legal "por actos de corrupción propia y legitimación de capitales" se relaciona con "pagos hechos a funcionarios públicos y empresas fantasmas por parte de la constructora" brasileña.

En marzo pasado, el TSJ en el exilio admitió a trámite la demanda de Ortega que vincula a Maduro con delitos de corrupción relacionados con la constructora brasileña y en la que se pidió emitir una orden de captura contra él a través de Interpol.

Un mes más tarde, el tribunal había declarado la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.

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Los asistentes a la sesión del juicio a Maduro observan la transmisión del mismo, que tiene lugar en Colombia.
Los asistentes a la sesión del juicio a Maduro observan la transmisión del mismo, que tiene lugar en Colombia.

Al concluir, el magistrado Pedro Troconis desde Doral aseguró que el proceso continurá el próximo lunes para la recepción de las pruebas. Luego cada parte hará un resumen de los ocurrido; para pasar a las réplicas y contrarréplicas para que el TSJ llegue a una decisión.

FUENTE: EFE/Redacción

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