Venezuela se encuentra en una fase de “cubanización del sistema de justicia”, en la que el opositor es enemigo del Estado, sostiene el exfiscal Zair Mundaray
Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC chavista en 2017 en Venezuela
AFPCARACAS.- Tarek William Saab, exdiputado y en otrora tibio defensor de los derechos humanos en Venezuela, que se define a sí mismo como “poeta”, ha estado a cargo de “copiar, perfeccionar y hacer eficiente” la persecución política aplicada por la dictadura cubana, adaptada el régimen de Nicolás Maduro.
Fiscal general de la nación sudamericana desde agosto de 2017, Saab ha estado al frente de, según expone, velar por el “correcto cumplimiento” de la Constitución, las leyes y las garantías fundamentales de los ciudadanos. Pero esto ocurre en medio de la etapa más oscura para los derechos humanos en el país suramericano.
Su relación con la izquierda, marcada por una notable idolatría al dictador cubano Fidel Castro, ha quedado en manifiesto en diversas oportunidades. Entre ellas, se destaca el encuentro con Castro en 2006, cuando fungía como gobernador del estado Anzoátegui, ubicado en el noreste del país.
Su “trabajo” más reciente al servicio de la dictadura chavista fue la detención arbitraria y desaparición forzosa de la abogada y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, a quien acusan de “espía” y le imputan los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
En premio a su ‘servicio’, días después del arresto de San Miguel, la Fiscalía de Cuba condecoró a Tarek William Saab por “ser defensor del respeto a la legalidad e institucionalidad, y fomentar las relaciones de amistad y colaboración con la nación cubana”.
“Inmediatamente que le acuerdan la privativa y la mandan (a San Miguel) al centro de tortura de SEBIN, él (el fiscal Saab) desaparece y se va a Cuba, a hacerse condecorar, porque necesitaba una contraprestación por los servicios criminales al régimen”, explica el exfiscal venezolano, Zair Mundaray, en entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Saab, quien muestra seria preocupación por su apariencia física y un conocido interés por la opinión pública, especialmente en las redes sociales, donde se ha ganado el calificativo de “fiscal de Twitter”, consiguió con este “reconocimiento” tener un hecho “memorable”, tras la retahíla de críticas y cuestionamientos que ha suscitado su actuación.
“Necesitaba una contraprestación que llamara la atención, y qué llama más la atención que el hecho de que la dictadura cubana te dé una condecoración. Una persona sensata jamás aceptaría una condecoración de la dictadura cubana. Si te condecoran en Cuba, realmente estás diciendo que eres un criminal”, asevera Mundaray, abogado penalista y criminalista, perseguido por el régimen venezolano.
La intervención de la dictadura cubana en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia (1999) no ha sido un secreto para el mundo. Agentes del régimen de La Habana han sido partícipes de las políticas de “seguridad” que ha implementado la cúpula chavista en aras de garantizar su permanencia en el poder durante los últimos 25 años.
Desde la llegada de Saab al Ministerio Público (MP) por designación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, ha venido fortaleciendo y estrechando los lazos con la Fiscalía cubana, con la que ha suscrito convenios de “cooperación institucional” desde 2018.
“Esto no es más que el Ministerio Público siendo un brazo ejecutor de la persecución de la política que ha venido desplegando la dictadura”, señala el exfuncionario venezolano, un hecho que califica de “grave” por la “experiencia” de 60 años que tiene la Fiscalía cubana en persecución política y desaparición forzada de personas.
No obstante, existe una notable diferencia entre ambas instituciones, y es que el Ministerio Público venezolano está vinculado por la Constitución a los pactos internacionales, mientras que la Fiscalía cubana no porque “no respeta ningún pacto internacional en materia de derechos humanos”, agrega Mundaray.
Con Tarek William Saab al frente del Ministerio Público, Venezuela ha experimentado una “desprofesionalización” de la institucionalidad, creando una “copia al carbón” de la Fiscalía cubana, asegura el jurista.
“[En Venezuela, bajo el chavismo] Los fiscales son operadores políticos, no son fiscales, no son juristas, no son personas que estudian el derecho independientemente del cambio de régimen”, resalta.
En la era Saab, el Ministerio Público venezolano, al igual que el cubano, “trabaja en función del sostenimiento de la dictadura criminal”. “Esto es muy grave porque significa un retroceso enorme en materia de desempeño institucional, de respeto de acuerdos internacionales y derechos humanos, pero también de independencia. No hay ninguna independencia porque la cabeza de la institución está vinculada con el ideario político y trabaja en función del sostenimiento de Maduro en el poder”, subraya.
A su juicio, la interacción de Saab con la Fiscalía cubana representa un “enorme peligro, un acrecentamiento y una expansión de los mecanismos que utiliza el Estado para perseguir”, al ser una réplica del sistema cubano, que criminaliza los cuestionamientos y las protestas a favor de las libertades.
“La peor noticia que puede haber para los venezolanos es esta alianza criminal entre dos fiscalías cuyo único objetivo es acabar con los derechos humanos de las personas, perseguir, encarcelar, torturar y desaparecer, que son los verbos rectores de estos crímenes”, sostiene.
En opinión de Mundaray, Saab ha tratado de perfeccionar y hacer “más eficiente” el modelo de persecución cubana, aplicando la Ley Contra el Odio, creada en 2017 por la ANC chavista, con la finalidad de aplicar los delitos de opinión a la disidencia.
“Han generado toda una política de fortalecimiento del aparato represivo, donde el fiscal realmente no dirige la investigación, no es un intermediario de la justicia ni tiene autonomía, sino que lo que hace es avalar la actuación de los organismos represivos y todo lo que el régimen le ordena”, señala.
En sus casi siete años de gestión, Saab ha implementado un “manual de funcionamiento” en el Ministerio Público, en el que primero desaparece a las víctimas y después pretende darle “visos de legalidad” a esas actuaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, que hoy son investigados por la Corte Penal Internacional (CPI).
“Si hay que caerle a palo, encarcelar o torturar a alguien, él le avala y dice que es legítimo”, precisa Mundaray, quien advierte, además, que Saab entró en “una espiral peligrosísima” al no permitir que los detenidos accedan a las actuaciones, designen defensa y presenten pruebas a su favor.
“Estamos en una fase de cubanización del sistema de justicia venezolano, donde el que es opositor es enemigo del Estado. Y como eres enemigo del Estado, no se te puede respetar ningún derecho. Eso es lo que está perfeccionando el ‘poeta de la tortura’ en Cuba, que tiene una amplia experiencia en represión y persecución”, enfatiza.
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