CARACAS.- La Embajada de EEUU para Venezuela y la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazaron este lunes la detención "arbitraria" de la defensora de derechos humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, e instaron al régimen de Nicolás Maduro a su liberación "inmediata" y la de "todos los presos políticos".
En una publicación en su cuenta de X, la Embajada de EEUU para Venezuela indicó que "la detención de @rociosanmiguel" "y de los miembros de su familia en Venezuela, sigue una tendencia preocupante de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos".
Y agregó: "nos unimos a la comunidad internacional para instar a la liberación de todos los presos políticos, a que se ponga fin a la detención de sus familiares inocentes y retorno a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados".
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la "detención arbitraria de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, reconocida y respetada abogada", que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Continúa la represión y persecución sistemática en Venezuela, en especial, contra abogados defensores de Derechos Humanos y miembros de ONG (...) Exigimos el cumplimiento de las medidas de protección y su liberación inmediata y el cese de la persecución política", manifestó Almagro.
La CIDH condenó a través de su perfil en X, "la desaparición forzada de la defensora, beneficiaria de medidas cautelares" e instó al Estado a "informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia".
Fuentes cercanas a San Miguel indicaron que fue detenida el 9 de febrero cuando intentaba salir del país en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía.
El domingo, el fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, confirmó la detención de la activista a quien el régimen vincula, sin pruebas, con una presunta “trama conspirativa” e intento de “magnicidio” contra Maduro.
En un mensaje de la red social X, el fiscal dijo que San Miguel enfrentaba una orden de aprehensión por el caso denominado “Brazalete Blanco” que, según señaló, buscaría “atentar contra la vida del jefe de Estado”, además de otros altos funcionarios, y atacar a unidades militares.
Saab no proporcionó evidencia que avale las acusaciones mencionadas, e indicó que se continúan recabando elementos en contra de personas relacionadas a los hechos denunciados, a quienes no identificó. Tampoco se refirió al lugar ni a las condiciones en que se encuentra San Miguel.
La abogada venezolana de 57 años es presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y fuerzas armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió a ella y su hija medidas cautelares en 2012.
Denuncian "desaparición forzada"
El equipo legal de la abogada denunció este lunes la "desaparición forzada" de cinco familiares entre los que se encuentran su hija, Miranda Díaz San Miguel, y su exmarido y padre de su hija, Víctor Díaz Paruta. También fueron detenidos dos hermanos de San Miguel, Miguel Ángel y Alberto.
Tras esta noticia, Almagro ha "condenado la detención arbitraria de los familiares" de Rocío y exigió la liberación de todos ellos. "La criminalización de defensores DDHH es un atropello injustificable y extender la violación de sus derechos a la familia es una acción repudiable e infame", remató.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela condenaron la detención de la activista, a quien consideran una de las figuras más representativas en la lucha por el respeto a dichos derechos en ese país.
El organismo activista Civilis Derechos Humanos condenó el hecho y calificó de “arbitraria” la detención de la activista, al tiempo que exigió “saber de su paradero” luego de que han transcurrido dos días en que no se sabe de ella, según reclamó en un mensaje en X.
Una foto de San Miguel con el mensaje “#DóndeEstáRocío” circuló en la cuenta de la organización.
Por su parte, la organización no gubernamental Provea denunció el sábado que San Miguel “ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano”, lo que consideró un hecho “muy grave” que pone en evidencia “el empeño del gobierno por reprimir a las voces críticas”, según señaló en su cuenta de X, y exigió que sea liberada de inmediato.
Según cifras de la ONG Foro Penal, una organización de carácter humanitario que brinda asistencia jurídica ante detenciones “arbitrarias” en Venezuela, hasta el 5 de febrero se contabilizaban 261 presos políticos, entre los cuales hay 18 mujeres y 146 militares, y 123 que no han sido declarados culpables.
Gonzalo Himob, director vicepresidente de Foro Penal indicó que no saben dónde está San Miguel y agregó que recopilan información del caso.
FUENTE: REDACCIÓN / Con información de AP