CARACAS. – La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue presentada en tribunales y acusada por el Ministerio Público de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
La Fiscalía vincula a la activista con el llamado plan "Brazalete Blanco" que, según el régimen, buscaba asesinar a Nicolás Maduro. En este caso, ya suman casi 40 detenidos.
"El Ministerio Público solicitará ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación entre otros”, informó el fiscal general de la república, Tarek William Saab, a través de sus redes sociales la noche del lunes 12 de febrero.
El fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro dijo, a las 9:54 pm. que se realizaba la audiencia de presentación de la activista de derechos humanos ante el tribunal de la causa.
El funcionario señaló que, para Alejandro Gonzales De Canales, oficial de la Aviación y persona del entorno de San Miguel, también se pidió medida privativa de libertad "por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación".
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Para las otras cuatro personas de la familia de la directora de Control Ciudadano, entre ellos su hija y dos hermanos, se solicitaron medidas cautelares y presentación periódica ante el tribunal.
Activista sin sus abogados
La ONG Provea denunció la presentación de Rocío San Miguel ante el tribunal después de que "permaneció desaparecida por más de 100 horas". Advirtió que no se cumple lo dicho por el fiscal general de que su despacho actúa en "estricto apego a la normativa nacional e internacional" y a los derechos humanos".
Provea también puntualizó que a San Miguel "no se le ha permitido la asistencia legal de su equipo de defensa de confianza, lo que constituye un nuevo abuso contra el derecho a la defensa y el debido proceso de la activista". Hasta ahora se desconoce el lugar de reclusión de la defensora de DDHH.
@snederr
FUENTE: Fiscal Tarek William Saab / Provea