BRASILIA.- Brasil vivió momentos de alta tensión por un inminente fallo de la Corte Suprema que podría abrir la puerta al encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por una condena por corrupción.

Las autoridades ordenaron un fuerte despliegue de seguridad en Brasilia para hacer frente a protestas a favor y en contra de Lula cerca a la sede del Supremo Tribunal Federal (STF).

La corte tenía previsto abrir a las 14 horas de este miércoles la sesión en la que decidirá sobre un recurso extraordinario de "habeas corpus" con el que los abogados del expresidente intentar impedir su encarcelamiento después de que Lula fuera condenado en enero a más de 12 años de prisión por el caso "Lava Jato" ("Lavado de autos").

En caso de un fallo adverso, la Justicia podría ordenar en breve, quizá en cuestión de días, la entrada en prisión del popular ex mandatario de 72 años, favorito para las elecciones presidenciales de octubre.

Los abogados de Lula esperan postergar una orden de arresto hasta que la revisión del caso haya pasado por todas las instancias judiciales posibles. El "habeas corpus" es una garantía constitucional con la que un acusado puede intentar de urgencia evitar una prisión que considera injusta.

El juicio ante el Supremo agitó al país en las últimas horas. Miles de personas salieron a protestar en la noche del martes, entre otros lugares en las metrópolis Sao Paulo y Río de Janeiro, así como en Brasilia, tanto a favor como en contra de Lula.

El caso del ex jefe de Estado (2003-2010) e ícono de la izquierda latinoamericana amenaza con generar un terremoto político y polariza a Brasil desde hace meses.

Votación ajustada en el Supremo

Las posibilidades de Lula de revertir su condena incluso si obtiene el "habeas corpus" se consideran bajas, pero los recursos podrían retrasar el desenlace de su drama judicial durante meses.

Después de que un tribunal de apelación de Porto Alegre confirmara en enero la primera sentencia dictaminada en julio de 2017 por el juez de "Lava Jato" Sérgio Moro, Lula puede intentar llevar su caso aún hasta el Superior Tribunal de Justicia, la penúltima instancia judicial brasileña, y como última opción otra vez ante el STF, la máxima corte del país.

Si el Supremo rechaza hoy el "habeas corpus", esas últimas apelaciones se podrían llevar a cabo con Lula ya preso.

El juicio en el STF es posiblemente la oportunidad más clara para Lula de revertir temporalmente su suerte. A diferencia de en los tribunales ordinarios, se espera que los 11 jueces del Supremo se decanten por un margen estrecho a favor o en contra del ex presidente, posiblemente por 6 a 5 votos en uno u otro sentido.

La presidente del STF, Cármen Lúcia, se dirigió esta semana en un inusual mensaje televisivo a los brasileños para pedirles que eviten actos de violencia.

"Vivimos tiempos de intolerancia", lamentó Lúcia, pocos días después de que una caravana proselitista de Lula fuera atacada a tiros en el sur de Brasil.

En la noche del martes causó revuelo además una declaración del comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, que se pronunció contra "la impunidad" en la red social Twitter en una evidente alusión al juicio de Lula.

"Aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia", escribió Villas Boas.

La grave crisis institucional que sacude a Brasil por los escándalos de "Lava Jato" ha ocasionado también simpatías por una intervención militar en algunos sectores de la sociedad.

Lula fue condenado por Moro en julio de 2017 inicialmente a nueve años y medio de prisión por cargos de aceptó la reforma de un apartamento a cambio de favorecer a la constructora OAS en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.

Un tribunal de apelación de Porto Alegre confirmó la sentencia en segunda instancia en enero y aumentó la pena de cárcel a 12 años y un mes. Aparte de ese juicio, Lula debe responder aún en seis procesos más vinculados con "Lava Jato".

La investigación, considerada como la mayor operación anticorrupción de la historia brasileña, salpica a gran parte de la clase política del país sudamericano, entre ellos también al actual presidente, el conservador Michel Temer.

FUENTE: dpa

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