La Policía debe evitar cualquier indiscreción, incluyendo la exposición mediática, dijo el juez Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo de Brasil
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en pleno juicio, saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.
AFPBRASILIA.- Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil que fue sancionado por Estados Unidos, decidió fijar refuerzo policial en la vivienda del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por incumplir algunas de las medidas cautelares impuesto en el proceso que se le sigue.
"La vigilancia realizada por los equipos de la Policía criminal debe evitar cualquier indiscreción, incluyendo la exposición mediática, sino adoptar medidas que invadan el domicilio del acusado ni alteren el vecindario. Queda a su discreción el uso del uniforme y las armas necesarias para ejecutar la orden", dictaminó el juez de Moraes este martes 26 de agosto.
Al exmandatario se le acusa de supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde EEUU la causa en su contra por golpe de Estado.
La nueva orden del juez de Moraes se produjo tras un fallo favorable de la Procuraduría General de la República (PGR) y días antes de que comience el juicio contra el expresidente, que está previsto para el 2 de septiembre. Aunque la PGR no mencionó el riesgo de fuga, afirmó que era recomendable un aumento de la vigilancia preventiva.
El 23 de agosto, Jair Bolsonaro rechazó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) las acusaciones sobre su intención de abandonar el país. Esto tras el hallazgo de un documento de solicitud de asilo dirigido a la Presidencia de Argentina en un teléfono móvil que le fue confiscado por la Policía Federal.
La defensa del exmandatario pidió la revocación de su arresto domiciliario o, en su defecto, "la resolución urgente del recurso de amparo interpuesto por la defensa el 6 de agosto.
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la presunta trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.
Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
FUENTE: Con información de Europa Press
Descarga LA APP
video