@puzkas

CARACAS.- Los venezolanos regresarán a las urnas este domingo convocados a participar en uno de los procesos electorales más cuestionados de los últimos 20 años.

La votación en donde debe escogerse al Presidente de la República para el periodo 2019-2025, además de 251 legisladores regionales, está marcada por la inhabilitación de los principales candidatos opositores, la ilegalización de la mayoría de los partidos contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, la negativa a permitir que los venezolanos en el extranjero puedan inscribirse para votar, dudas sobre el funcionamiento del sistema automatizado de votación y un marcado chantaje social en donde se promete, por parte del gobierno, cambiar voto por acceso a comida.

Según el informe elaborado por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) “el voto en Venezuela ha perdido legitimidad porque el sistema electoral es hoy percibido por muchos como poco transparente y administrado por instituciones que no son imparciales. Es un deterioro que no se ha interrumpido, sino que por el contrario, tiende a agravarse por los propósitos y funciones que se ha abrogado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) espuriamente electa en julio del pasado año. Violando expresas disposiciones constitucionales esa institución ha actuado en los procesos electorales recientes adoptando medidas que menoscaban derechos políticos y electorales de los venezolanos”.

Una opinión similar mantiene Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. “En nuestra encuesta (Estudio sobre Clima Electoral) preguntamos sobre cuánta confianza tienen las personas en el CNE, solo 14% de los encuestados señalaron tener “mucha confianza” y 10% “algo de confianza” en el ente electoral. Por el contrario, 60% de los venezolanos tienen “nada de confianza”, mientras que 13% indica que “poca”. Esto nos dice que 3 de cada 4 venezolanos no confían en el CNE (…) También preguntamos si valía la pena arriesgarse y votar en contra del Gobierno, o asegurar los beneficios votando por éste. 26% dice que es mejor asegurar los beneficios mientras que 22% responde que no sabe. De manera que casi la mitad de la población tiene temor o, por lo menos, tiene dudas sobre las consecuencias de su voto”.

Alarcón sostiene que a pesar de la desconfianza generalizada en el árbitro electoral, la mitad de los venezolanos considera que las elecciones son el camino para dirimir el conflicto político actual, pero con otras condiciones. Sin embargo, también resalta el hecho de que 26% de los encuestados cree en la protesta, acompañada de diálogo como medio legítimo para buscar soluciones al país

“Esta paradoja –explica Alarcón- es el resultado de que entre los venezolanos existe una cultura política profundamente democrática que sigue creyendo en el voto como mecanismo de renovación política, aún en medio de un contexto en el que han empeorado las condiciones de integridad electoral a través de mecanismos como la manipulación del calendario electoral, las inhabilitaciones de líderes políticos y la ilegalización de partidos".

Condiciones precarias

Los integrantes del Observatorio Electoral Venezolano resaltan en su informe que “muchos de los protocolos y normativas que deben cumplirse para garantizar la integridad de un proceso electoral se han deteriorado desde la negativa a realizar el referendo revocatorio en 2016. Desde entonces, el voto ha perdido legitimidad en virtud de un sistema electoral que ha sido percibido por muchos como poco transparente, administrado por instituciones parcializadas”.

Este análisis fue presentado el 7 de mayo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En la exposición ante los relatores de la CIDH los integrantes del observatorio resaltaron que el daño “no se ha detenido, al contrario, amenaza con prolongarse en buena medida por la manera como fueron concebidos los propósitos y funciones de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los derechos políticos y electorales de los venezolanos se han visto debilitados, traduciéndose en un escenario de mayor tensión política”.

Desde la perspectiva del OEV el funcionamiento reciente de la justicia electoral “ha contribuido al menoscabo de la legitimidad democrática, poniendo en riesgo la credibilidad de los procesos electorales y llevando a muchos ciudadanos a cuestionar incluso su participación en el próximo proceso y desconocer sus eventuales resultados”.

Entre los casos más emblemáticos señalados por el OEV destaca el desconocimiento en la elección de los diputados opositores del estado Amazonas y del circuito indígena Amazonas-Apure. En este caso el Tribunal Supremo de Justicia tiene un retraso de dos años y ocho meses para anunciar una decisión definitiva, no obstante su silencio ha servido para justificar el supuesto desacato de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) y para justificar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Además se menciona la manipulación de resultados en la elección de gobernadores del estado Bolívar. Esta semana el CNE cumple cuatro meses de retraso en el pronunciamiento que debe hacer sobre la impugnación presentada. También se refiere el desconocimiento a los resultados en la elección de gobernador del estado Zulia, después que el candidato ganador (Juan Pablo Guanipa) declina juramentarse ante la ANC y la anulación (por orden de la ANC) de más de 40 partidos políticos, incluyendo Primero Justicia, Voluntad Popular y la Mesa de la Unidad Democrática.

El OEV también hace mención a la manipulación electoral asociada a la fecha de la elección, que en este caso, se realizará con siete meses de antelación a la toma de posesión prevista, al precario operativo de actualización del Registro Electoral o la campaña electoral realiza por Maduro en donde abiertamente el Presidente se ofreció a intercambiar bonos en dinero por el voto de los ciudadanos.

ObservatorioElectoral.jpg

Socavamiento de la democracia

Por otra parte, según el informe del Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) “luego de los resultados de las elecciones para escoger a los diputados de la Asamblea Nacional en 2015, en las que los candidatos de la alianza opositora, unidos en la “Mesa de la Unidad Democrática”-MUD, obtuvieron la mayoría parlamentaria de dos tercios, el poder Ejecutivo Nacional, con la complicidad del CNE inició un proceso inédito de socavamiento de los principios y normas generales asociadas a elecciones democráticas, proceso que culminó no sólo con la supresión de las garantías electorales básicas sino también con la incorporación del fraude electoral como herramienta política para la mantención del partido gobernante en el poder”.

En su informe el observatorio destaca que a partir del año 2017 “se identificó la violación en forma recurrente de por lo menos ocho principios del derecho electoral, mientras que las violaciones a artículos y normas específicas suman en total veinte”.

Los principios violados son los siguientes:

1) Independencia, Autonomía y Soberanía (referidos a las actuaciones del poder electoral);

2) Legalidad (en el que se incluyen las violaciones a normas procedimentales taxativamente prohibidas en la las leyes electorales);

3) Transparencia (en lo referido a las falencias observadas en la realización de las auditorias técnicas);

4) Confiabilidad o No-Falseamiento de la Voluntad de los Electores (en lo que se refiere a las garantías para la preservación de la voluntad de los electores expresada en los resultados, así como en la preservación de las competencias de las autoridades electas);

5) Publicidad (referido al derecho de los ciudadanos a la información pública electoral, especialmente en lo relativo a la publicación oportuna del cronograma electoral, sin cambios ni actividades incluidas a último momento, y a la publicación de resultados de los procesos en forma detallada;

6) Representación Proporcional (referido a las violaciones a este principio, tanto en la conformación de circuitos electorales como en la distribución de los cargos electos);

7) Imparcialidad (referido a la equindad y neutralidad que debe observar el árbitro electoral, en el uso responsable y equitativo de los medios y espacios públicos durante las campañas electorales) y

8) Celeridad y Eficiencia (referido a las características que deben reunir las actuaciones de la administración electoral).

Según este informe “en el proceso electoral conducente a las elecciones presidenciales de 2018 no sólo se reincidió en las irregularidades previamente enumeradas, sino que se incurrió en nuevas y graves violaciones a lo establecido en la legislación vigente”.

Todas estas son circunstancias –según el informe del OGCD- han conformado un escenario en el que los procesos electorales en Venezuela han dejado de ser parte del procedimiento previsto en la Constitución para la elección periódica de las autoridades nacionales, para convertirse en un instrumento político al servicio del régimen imperante en el país.

Aparecen en esta nota:

 

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Cree que la actuación de la Comunidad Internacional en el caso venezolano ha sido acertada?

Sí, no se le puede pedir más
Sí, pero falta aumentar la presión contra la dictadura
No, ha sido insuficiente
No, no debe meterse en los asuntos de los venezolanos
ver resultados

Las Más Leídas