QUITO.- La Justicia de Ecuador decidirá este miércoles si abre un juicio contra el ex presidente Rafael Correa por secuestro y asociación ilícita en relación con el rapto en Colombia de Fernando Balda, un ex parlamentario oficialista que se volvió en contra del entonces mandatario del país sudamericano.
Una vez que el miércoles concluya el período de investigación de 120 días, la Fiscalía pedirá sentar en el banquillo a Correa, jefe de Estado entre 2007 y 2017 y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva. El ex presidente, que vive en Bélgica, niega las acusaciones.
Durante la fase de instrucción, la Fiscalía recabó, junto con la Corte Nacional de Justicia (CNJ), elementos de convicción en contra de otros cinco procesados aparte de Correa, y deberá ahora formular o no una acusación en firme.
Balda, que había sido miembro de la Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución para Ecuador por parte del naciente movimiento oficialista Alianza País (AP) de Correa, fue secuestrado durante unas horas en agosto de 2012 en Bogotá.
El ex asambleísta había sido un leal seguidor de Correa, pero se volvió en contra de éste en el transcurso del proceso constituyente.
Balda huyó a Colombia después de ser condenado a dos años de cárcel tras haber sido demandado por el presidente por injurias y por atentar contra la seguridad del Estado en relación con la difusión de unas grabaciones en las que Correa y otros asambleístas supuestamente pactaban cambios a la redacción de la nueva Constitución sin que hubiesen sido aprobados por el legislativo.
La investigación determinó que el secuestro, cuyo objetivo era llevar de vuelta a Balda para que cumpliese condena en Ecuador, se llevó a cabo en complicidad con agentes ecuatorianos de la Secretaría de Inteligencia (Senain), organismo presidencial ecuatoriano, y que sus operaciones habían sido autorizadas y financiadas desde la Presidencia de Ecuador, que ejercía entonces Correa.
Aparte de Correa, procesado como presunto autor intelectual, están acusados de secuestro y asociación ilícita los ex agentes de la Senain Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinosa así como Pablo Romero, ex secretario Nacional de Inteligencia, y Fausto Tamayo, ex comandante de la Policía.
El ex presidente, de 55 años, fue vinculado al caso el 18 de junio, cuando se le dictaminó la medida precautelar de presentarse cada 15 días a partir del 2 de julio en una sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En un principio se estudió la posibilidad de que Correa se presentase en el consulado de Ecuador en Bruselas, donde reside, pero a pedido de la Fiscalía se eliminó esa posibilidad. Por ello, desde el 3 de julio el ex presidente tiene una orden de prisión por no presentarse ante el juzgado en Quito.
Según el agente Raúl Chicaiza, uno de los acusados, Correa estuvo todo el tiempo informado de las acciones para ubicar a Balda en Colombia. Sin embargo, el ex mandatario señaló que no tiene responsabilidad alguna en el caso y habló de un exceso de la Policía.
Antes del cierre de la instrucción, la Fiscalía recabó más versiones como la del ex canciller Ricardo Patiño, el ex secretario de la Senain Rommy Vallejo, el ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, el embajador de Colombia, Fernando Alzate y el propio Fernando Balda, quien es acusador particular.
Al término de la audiencia del miércoles, la Fiscalía solicitará la apertura del juicio en firme y la jueza dictaminará si acepta o no esa petición y si modifica las medidas cautelares como la actual orden de prisión preventiva.
FUENTE: EFE
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