BOGOTÁ.- Más de 60 organizaciones de venezolanos en Colombia solicitaron al presidente colombiano Gustavo Petro un pronunciamiento ante las constantes violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en pleno año electoral.
El petitorio surge en medio de la nueva arremetida de la dictadura chavista, que recientemente ratificó la inhabilitación política de la candidata de la oposición, María Corina Machado; y detuvo de manera irregular a la activista de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, a quien sometió a desaparición forzosa y mantiene incomunicada desde hace más de 100 horas.
Tras una breve concentración en la Plaza Bolívar de Bogotá, a pocos metros de la Casa de Nariño, la comunidad venezolana instó al mandatario colombiano, afín al régimen de Maduro, a que se exprese sobre la situación y “se sume a los esfuerzos internacionales por garantizar la protección de los derechos humanos y la democracia en Venezuela”.
Venezolanos entregan carta a Petro
La carta, consignada en la sede de la Presidencia colombiana, fue suscrita por organizaciones sociales, movimientos juveniles, partidos políticos y gremios artísticos y profesionales de venezolanos en tierra neogranadina.
En ella, destacan la crisis humanitaria e institucional que vive la nación petrolera, que ha llevado a más de 7.7 millones de venezolanos a huir de su país, convirtiéndose en la diáspora más grande del mundo, sin vivir una guerra.
“La migración venezolana es la más numerosa y rápida del mundo. No es el resultado de una sangrienta guerra ni una invasión extranjera. La diáspora venezolana es causada por la tortura, el hambre, la enfermedad y el alto nivel de pobreza. A Venezuela la invadió la muerte, el asedio a quienes opinan diferente y la delincuencia de sus gobernantes”, reza el texto.
La diáspora venezolana destacó, además, las irregularidades y violaciones al debido proceso que se registra en la inhabilitación política de Machado, electa en la primaria opositora con más de 2.5 millones de voto, participar en las elecciones presidenciales del 2024, en el que se pone en juego el destino de la nación suramericana.
Igualmente, menciona la impotencia de que el gobierno colombiano, país en el que reside más de 2.8 millones de venezolanos, según datos de Migración Colombia publicados en agosto de 2023, abogue por la celebración de un proceso de elecciones libres y justas en Venezuela.
Esto, ante la renuencia del régimen chavista de cumplir con los compromisos adquiridos en Barbados en octubre pasado en materia electoral, que establecía, entre otros puntos, la revisión de la inhabilitaciones y la apertura del registro electoral tanto en territorio venezolano como en el exterior, que le permitiría votar a aproximadamente el 75% de los venezolanos residenciados en Colombia.
“El pueblo venezolano a nivel nacional e internacional está dispuesto para poder ejercer su derecho al sufragio. En Colombia, territorio donde existe la mayor parte de migrantes venezolanos, desde la sociedad civil y diferentes organizaciones trabajamos día a día con el fin de recuperar la democracia de nuestro país. Lo anterior, no solo implica que se adelanten elecciones, sino que las mismas sean libres, justas, con libertad de elección de la candidata única y la cual fue escogida por el pueblo el pasado octubre, con vigilancia internacional, con participación de venezolanos dentro y fuera del país”, señala la carta.
Liberación de San Miguel
Los venezolanos en el exterior también abogaron por la liberación de la activista Rocío San Miguel, a quien la Fiscalía chavista le imputa los delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración por su supuesta participación en la operación “Brazalete blanco”, con la cual planeaba el presunto magnicidio del dictador venezolano y otros jerarcas del chavismo.
La abogada, quien lleva más de 100 horas incomunicada, se encuentra recluida en El Helicoide, según información suministrada por el fiscal Tarek William Saab, tras ser presentada ante el tribunal 2° de control con competencia en terrorismo sin contar con la asistencia de su equipo legal.
No obstante, desde su detención, ocurrida a las 5:00 am hora local del viernes 9 de enero, ni sus familiares ni abogados han podido verificar su integridad física, luego de estar recluida en esta sede de la inteligencia venezolana, conocida por ser el centro de torturas más grande del país.
“La comunidad venezolana en Colombia espera con expectativa una respuesta positiva y comprometida por parte del Gobierno Nacional ante esta importante solicitud”, enfatiza la diáspora venezolana.
Este jueves, en medio de las condenas a las recientes violaciones de derechos humanos que se han registrado en Venezuela, el régimen de Maduro ordenó el cierre de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y le dio 72 horas a sus representantes para abandonar el país suramericana.
Esto ocurre, justo un día después de que el mandatario colombiano afirmara en su cuenta de X, antes Twitter, que todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países lo hacen porque “no quieren saber de derecho internacional humanitario” y porque buscan desencadenar "dictaduras y genocidios”.
FUENTE: Con información de comunicado y redes sociales