Venezuela: Autoridad electoral contribuye a frenar organización de comicios

La cita a las urnas fue convocada el pasado 5 de marzo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Ese día, los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) valiéndose de la discrecionalidad que les confiere la legislación venezolana, convocaron la elección para el 28 de julio, cinco meses antes del inicio del próximo periodo presidencial y además coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. A pesar de la convocatoria anticipada del proceso, el CNE no ha formalizado al Centro Carter, la Unión Europea y Naciones Unidas, la invitación para que sean observadores del proceso, tampoco han aprobado el listado definitivo departidos políticos que pueden participar en este proceso. Por otra parte, el CNE no ha oficializado el cronograma de trabajo de la elección. Según los integrantes de la organización Acceso a la Justicia, “luego de una semana de la convocatoria para la elección presidencial, aún no publica en la Gaceta Electoral el Cronograma Electoral de las actividades de la elección. “Curiosamente en la web oficial del CNE apareció publicado un supuesto “Cronograma Electoral” de las presidenciales, del cual se desconoce si fue aprobado por el #CNE y publicado en la Gaceta Electoral (…) Hay que recordar que en la resolución en.240305-011 del 5 de marzo publicada en la Gaceta Electoral en. 1.048 de la misma fecha, el CNE solo aprobó algunas actividades del cronograma, posponiendo su elaboración detallada”.

Los integrantes de Acceso a la Justicia sostienen que “la Gaceta Electoral es el instrumento legal obligatorio para que tenga eficacia, es decir, exigencia para la ciudadanía, los actos y decisiones del CNE, conforme a lo dispuesto en el artículo 33, número 15 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (…) Esto es una situación grave, que no podemos dejar de denunciar (…) Reiteramos que esta forma en que actúa el CNE viola el art. 42 de la legislación de procesos electorales, norma que le exige al árbitro electoral el deber de convocar una elección con la presentación simultánea e inmediata del Cronograma Electoral”.

Solo la inhabilitación

Hasta el 13 de marzo el único avance concreto en la organización de la elección se limita a ratificar la inhabilitación política a María Corina Machado, candidata de la oposición electa en primarias, provocando un cisma dentro de la coalición de partidos reunidos en torno a la Plataforma Unitaria que deberá definir en los próximos días la estrategia para este proceso electoral, considerando que el organismo comicial fijó entre el 21 y 25 de marzo el lapso para que se presenten las postulaciones de candidatos a participar en la elección presidencial.

En este sentido, la oposición venezolana debe definir, a más tardar el 25 de marzo, si alguien sustituiría a Machado como aspirante presidencial de la oposición.

En relación con la aprobación de los partidos políticos que pueden postular candidatos, los integrantes de organizaciones de observación nacional han alertado que el CNE incluyó dentro del cronograma de la elección decisiones sobre las organizaciones políticas que han debido tomarse antes de la convocatoria oficial de la elección. Antes de la decisión del CNE, solo cuatro partidos integrantes de la Plataforma Unitaria están habilitados para postular a un sustituto de Machado. No obstante, aún no existe certeza de que las organizaciones Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Convergencia y el Movimiento Por Venezuela (MPV) mantengan la legalidad.

Si el CNE eliminará finalmente estos partidos, la oposición tendría que postular a su candidato buscando el apoyo de organizaciones políticas disidentes de la oposición que no tienen aspirantes presidenciales propios como el Movimiento al Socialismo (MAS) y Fuerza Vecinal.

No obstante, en el pasado han sido notorias las diferencias ideológicas y políticas entre estas organizaciones con María Corina Machado y el resto de los partidos que integran a la alianza opositora.

Este problema también alcanza al tercer candidato en las encuestas (por detrás de Machado y Maduro) el comediante Benjamín Rausseo, conocido como “El Conde del Guácharo”, quien también espera porque el organismo comicial apruebe a los partidos que pudiesen postular. Hasta la fecha, solo los candidatos que no aparecen en las encuestas y representan a factores políticos alejados de la Plataforma Unitaria y de María Corina Machado tienen asegurado un partido que los postule.

Aunque el CNE ha reiterado la imposibilidad de que Machado sea admitida como candidata, la candidata elegida por casi tres millones de venezolanos mantiene sus giras por el país, aumentando la incertidumbre sobre la persona que puede escoger para sustituirla como aspirante presidencial. Machado mantiene -en sus discursos- que se le permitirá inscribirse. En este sentido, en una conferencia digital organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Argentina. advirtió que si Maduro decide impedir unas elecciones libres y permanecer en el poder por la fuerza, crecerá la emigración de venezolanos impactando a los países de la región.

“Si Maduro se queda en el poder por las malas, esto significa en el corto plazo la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. La gente me lo dice, que no se van porque tienen una esperanza”.

Según Machado, “si Maduro se impone por la fuerza, la región va a ver una presión migratoria como nunca ha visto, pero también sería la consolidación de un sistema de mafias que ha ofrecido nuestro territorio como santuario a las actividades del Cártel de Sinaloa, al ELN y las guerrillas colombianas, a las bandas del crimen organizado que ya llegan al sur y al norte del continente, y como puerta de entrada a los regímenes de Rusia e Irán, que son grandes aliados de Maduro”.

En medio de los retrasos en la ejecución del cronograma de organización de las elecciones, organizaciones de izquierda, agrupadas en el recientemente conformado Encuentro Popular Alternativo (EPA), propusieron al organismo posponer la elección presidencial por 120 días. Esta idea no ha sido respaldada por las organizaciones de oposición.