Venezuela: los siete puntos de la agenda negociadora

La aparición de Macron para relanzar las conversaciones sobre Venezuela, unida a las gestiones de Gustavo Petro y Alberto Fernández, para que Maduro regrese a la mesa de negociación instalada en México, vuelve a plantear las dudas que existen sobre la agenda de este proceso y la probabilidad que en este caso, después de cuatro fracasos, sí exista un acuerdo entre las partes que permita avanzar en la reinstitucionalización del país, el respeto a los derechos humanos y atacar las causas de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país desde 2016.

Cuando el proceso de negociación de México se reanuda, se hará bajo el esquema pactado en el Memorándum de Entendimiento firmado entre Jorge Rodríguez (en representación del gobierno de Maduro) y Gerardo Blyde (en representación de la Plataforma Unitaria)

De hecho, a diferencia de los cuatro procesos anteriores, en este caso se ha establecido -dentro de los puntos a discutir y acordar- el seguimiento a los acuerdos.

En el memorándum: las partes se comprometieron a “llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral” compuesto por siete puntos:

• 1. Derechos políticos para todos.
• 2. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables.
• 3. Levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos.
• 4.Respeto al Estado Constitucional de Derecho.
• 5.Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia.
• 6.Protección de la economía y medidas de protección social al pueblo.
• 7. Garantías de implementación, seguimiento y verificación.

Según el memorando, "el objetivo es llegar a un acuerdo, a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica, para establecer reglas claras de convivencia política y social, con respeto absoluto a la Constitución Nacional".

Sin embargo, la discusión se reanudará en México para concretar el Acuerdo Social que se pactó hace 13 meses. Acuerdo que Rodríguez y Blyde han seguido discutiendo en Caracas a pesar de la suspensión del proceso.

Durante los dos meses que duraron las conversaciones entre el gobierno de Maduro y los representantes de la Plataforma Unitaria en México durante 2021 se lograron firmar dos resoluciones: El "Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba" y el "Acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano".

Según explicaron en su momento los facilitadores del reino de Noruega en relación con el Acuerdo Social, Maduro y la Plataforma Unitaria acordaron “establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por COVID-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales a los que tenga derecho la República".

Estos mecanismos se discutieron en octubre entre representantes de la oposición y la administración de Joe Biden, en Washington.

Desde 2017 hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado 1.940 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela y a los países de acogida a la diáspora venezolana.

Según reportó la agencia Reuters durante el mes de octubre, “los enviados de la oposición discutieron el paquete de ayuda con funcionarios estadounidenses durante sus reuniones en Washington (…) Los funcionarios estadounidenses también se acercaron al gobierno de Maduro sobre el tema”.

Aunque versiones periodísticas sostienen que el Acuerdo Social incluiría la liberación -por parte de EEUU- de tres mil millones de dólares congelados, hasta la fecha no existe precisión sobre el monto total del que puede disponerse, la forma en que serían distribuidos estos recursos, el tiempo de implementación o los mecanismos de control que se utilizarían.

“Tres mil millones de dólares parece mucho dinero, pero a través de la burocracia de Naciones Unidas representará muy poco para la dimensión del problema humanitario que tiene Venezuela”, declaró a Diario Las América uno de los involucrados en la negociación del acuerdo social.

Adicionalmente advierte que si el dinero congelado vuelve a las cuentas de Venezuela los acreedores y tenedores de deuda pudieran activarse para cobrar lo que se les adeuda.

Destacan entre los acreedores organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo de América Latina.

Adicionalmente, hasta la fecha, Naciones Unidas ha declinado informar si participará en este proyecto. Sin embargo, sí ha indicado que el fondo de ayuda para la crisis venezolana para el periodo 2022-2023 apenas ha logrado recaudar 16% de lo presupuestado.

Amnistía general

El presidente de Colombia ha sugerido que para destrabar las conversaciones sobre Venezuela es necesario firmar un pacto de gobernabilidad entre la oposición y el gobierno y adicionalmente concretar una amnistía general.

Esta última sugerencia fue inmediatamente descartada por defensores de derechos humanos.

Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, explica que los “crímenes de lesa humanidad no son sujetos de amnistía, menos cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan y la Misión de Determinación de Hechos han corroborado que se han cometido estos delitos en el país”.

Por otra parte, desde el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) se advirtió que la amnistía "no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, no lo permite la Constitución. Tampoco la jurisprudencia del sistema internacional de protección de derechos humanos sería una afrenta a las víctimas y en nada favorece la estabilidad y el retorno a la democracia”.

Mariela Ramírez, integrante de la organización Dale Letra y de la alianza de la sociedad civil Foro Cívico sostiene que “la información que manejamos extraoficialmente es que las delegaciones se han reunido en los últimos meses para discutir sobre temas sociales (…) No podemos pedirles a los venezolanos que sufren la crisis social, que aguanten la respiración hasta 2024. Tenemos que construir condiciones para que todos podamos recuperar una vida digna, y eso significa darle capacidades al ciudadano para que se convierta en un sujeto social capaz de exigir los valores democráticos, la libertad, las elecciones observables”.

¿Qué pide Maduro?

Públicamente Jorge Rodríguez insiste en la eliminación de todas las sanciones contra Venezuela impuestas por Estados Unidos y la liberación del empresario colombiano Alex Saab, acusado de lavar dinero para el régimen venezolano.

No obstante, su aspiración para el proceso de negociación es mucho más amplia.

Al respecto el economista Francisco Rodríguez explicó recientemente a Diario Las Américas que “pensar que el chavismo busca entrar en una transacción mercantil de intercambio de concesiones electorales a cambio de una flexibilización de sanciones es reincidir en el error analítico de ver al gobierno de Maduro como un actor motivado por intereses económicos. Al chavismo no le interesa el dinero: le interesa el poder (…) El chavismo no es ni una coalición mercantil en busca de beneficios económicos ni un gobierno benevolente que busca el bienestar de sus ciudadanos. El chavismo es un movimiento político con aspiraciones hegemónicas”.

El cronograma electoral

Lograr el máximo de condiciones electorales para las elecciones presidenciales de 2024, es uno de los principales objetivos de la oposición. Entre estas condiciones se encuentran que se anulen las inhabilitaciones políticas, culmine la judicialización de los partidos políticos, se permita a los venezolanos en el extranjero votar o que exista observación internacional en los comicios. No obstante, la negociación de estos temas no se abordará formalmente antes que se culmine la discusión sobre la implementación del Acuerdo Social. Este será el punto que permitirá evaluar si en el quinto proceso de negociación se lograron avances concretos o fracasó como los cuatro intentos anteriores.