MIAMI.- El exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH) Asdrúbal Aguiar cuestionó la postura asumida por el régimen de Nicolás Maduro, que desconoce a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como organismo para resolver un litigio territorial con Guyana.
Según el también exministro venezolano, “este es un hecho muy grave”, al tiempo que conceptuó sobre la CIJ que “no solo se trata del órgano judicial más importante que tiene el sistema de Naciones Unidas”, sino que “como lo decidió el 18 de diciembre pasado” puede “abordar el tema de la delimitación terrestre entre Guyana y Venezuela”.
Venezuela reclama a Guyana su soberanía sobre la extensa región del Esequibo, en límites con ese país, en donde la compañía estadounidense ExxonMobil encontró petróleo en 2015.
Georgetown defiende el límite territorial establecido en 1899 mediante una corte de arbitraje en París, mientras que Caracas reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa.
“A lo largo de su jurisprudencia, ha sido absolutamente claro que la ausencia de un Estado parte, incluso para el debate de la competencia o no de la propia corte, no inhibe a la CIJ de sus responsabilidades de poder decidir conforme a los estatutos los asuntos que se le planteen”, opinó Aguiar.
En una reunión virtual con representantes de la CIJ, la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, señaló que esa dictadura “ha reafirmado expresamente su posición histórica del no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte para conocer la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba”.
A lo que agregó que su país había reiterado a la CIJ que solo “reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966”, para alcanzar un “arreglo práctico y mutuamente satisfactorio” para las partes mediante “negociaciones amistosas”.
El tema sobre el que emitió su concepto el renombrado jurista venezolano fue abordado durante un foro en línea, convocado por la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA) y Universitas Fundación, ambas con sede en Venezuela.
Rodríguez señaló que el régimen venezolano informó, había participado “por cortesía” en la reunión virtual convocada por la CIJ, y que se realizó el pasado viernes, y no porque reconozca a ese ente como parte de la solución al diferendo limítrofe con Guyana.
La CIJ decidió en diciembre de 2020 que, acorde con sus estatutos y antiguos acuerdos, tiene “jurisdicción” sobre el caso, lo que el gobierno totalitario de Nicolás Maduro ha rechazado.
Aguiar añadió que la “ausencia de Venezuela” no implica que “ella pueda a posteriori pretender usar ese argumento como una forma de poner de lado los efectos vinculantes de la eventual sentencia que dicte este alto tribunal de Naciones Unidas”.
Acotó que tras el Acuerdo de Ginebra quedó “claro” que se debía utilizar a la Corte Internacional de Justicia, “un organismo de respetabilidad sin influencia de carácter político, para que les dijese a las partes cuál era el medio de solución más adecuado para resolver la controversia”.
“Se llegó a una suerte de transacción en donde se ponía de lado a la CIJ, pero se avenía Guyana en la posibilidad de que quedase abierta la necesidad de poder apelar a algún organismo internacional o en su defecto al Secretario General de las Naciones Unidas, para que, ante un desacuerdo entre las partes, fuese ese órgano internacional o el Secretario de Naciones Unidas quien adoptase una decisión, no una recomendación, en relación con esta materia”, dilucidó.
Sin embargo, según Rodríguez, “Venezuela ha reafirmado su posición histórica de no reconocimiento a la jurisdicción de la Corte para conocer la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba” y que “Venezuela reitera que no existe base de jurisdicción para este caso, nunca ha otorgado su consentimiento”.
El exmagistrado de la CDH subrayó que “esta decisión errada tendrá un costo histórico tremendo para el país”, por lo que, según su criterio, “se hace imperativo que Venezuela atienda el llamado de la corte”.
Insistió Aguiar en que la “invocación de la Corte”, como vía para resolver la controversia entre Guyana y Venezuela, “estuvo planteada desde antes de firmarse el Acuerdo de Ginebra, en 1966”.
Según Wikipedia, Venezuela obtuvo la mitad del territorio de la antigua colonia británica de Guyana, en el momento de las guerras de independencia latinoamericanas, mediante una disputa que se resolvió tras el Laudo Arbitral de París, en 1899, después de la crisis de Venezuela en 1895.
No obstante, Aguiar dijo que "esta afirmación es literalmente falsa" y puntualizó que "Venezuela posee la Guayana Esequiba como parte de los dominios españoles que integraban la Capitanía General de Caracas y le fue arrebatada tras el Laudo Arbitral de Paris de 1899, durante la crisis interna que vivió a finales del siglo XIX".
En 1962 Venezuela declaró que ya no acataría la decisión del arbitraje, que cedió a Guyana el territorio rico en minerales en la cuenca del Orinoco. Desde entonces, el litigio no ha tenido una resolución.