Las víctimas en Venezuela se quejan de un "escaso acompañamiento institucional" y falta de información
Familiares recorren los alrededores de los edificios colapsados. Algunos llevan flores y oran ante los escombors. Otros intentan entender la magnitud de lo ocurrido.
FOTO CORTESíA PARA DLA/FAMILIA BCARACAS/REDACCIÓN.-Este jueves se cumplen tres meses del devastador doble terremoto que azotó Venezuela. En menos de un minuto la vida de millones de venezolanos cambió por completo. Solamente en el estado La Guaira, unos 190 edificios colapsaron, más de cinco mil personas han sido reportadas como fallecidas, y centenares aún están desaparecidos.
Según el balance oficial publicado el pasado el 17 de agosto ambos terremotos dejaron al menos unos 6.438 muertos, en todo el país; pero diferentes organizaciones que se han dedicado a las atención de los heridos y el rescate de los fallecidos aseguran que la cifra es exponencialmente superior.
Amnistía Internacional denunció una falta de transparencia e información por parte de las autoridades, que no han publicado aún cifras oficiales de personas desaparecidas, y pidió que la recuperación tras el sismo esté basada en los derechos humanos y la dignidad.
"A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad", consideró la directora de AI para las Américas, Ana Piquer, citada en un comunicado.
Según esta organización, las víctimas se quejan de un "escaso acompañamiento institucional" y falta de información sobre los mecanismos a los que pueden acudir para conocer el paradero de sus familiares o las ayudas brindadas.
La organización entrevistó a 21 personas directamente afectadas en Caracas y en La Guaira, y todas mencionaron "que la respuesta de las autoridades venezolanas fue tardía y poco coordinada".
Además, los entrevistados reportaron que "aunque hubo un amplio despliegue de cuerpos policiales, militares y de inteligencia, sus labores se enfocaron a la vigilancia y control territorial, en lugar de participar directamente en operaciones de rescate o localización de personas desaparecidas".
Por otro lado, Amnistía reporta que "la información pública brindada por las autoridades venezolanas se ha caracterizado por la opacidad y falta de transparencia", pues no hay cifras oficiales de desaparecidos, mientras que iniciativas ciudadanas hablan de más de 40.000 personas desaparecidas.
El pasado 24 de junio dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte del país, especialmente el estado La Guaira, dejando casi 60.000 viviendas dañadas y un número incierto de desaparecidos. Además, las autoridades han conseguido recuperar 6.438 cuerpos.
De acuerdo con el balance, 25.240 viviendas se encuentran inhabitables. La administración de Delcy Rodríguez ha entregado 335 viviendas a los afectados por los terremotos, en medio de su promesa de asignar 4.000 viviendas en este año.
Mientras tanto, son miles los damnificados que permanecen en campamentos temporales e impactados por las fuertes lluvias de los últimos días.
La ONG Provea planteó que "el Banco Central de Venezuela en alianza con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el sector bancario privado nacional, puede disminuir el encaje legal bancario y establecer un aumento de la cartera crediticia destinada a vivienda, así como disminución del porcentaje de morosidad que permita que los propietarios privados de inmuebles que se vieron afectados por el doblete sísmico, puedan adquirir nuevas viviendas".
El Colegio de Ingenieros de Venezuela pidió este lunes actualizar las normas sismorresistentes de las edificaciones y la planificación urbana del país.
A través de una nota de prensa, el presidente del colegio en mención, Enzo Betancourt, propuso la creación de una Comisión Nacional Sismorresistente que se encargue de evaluar y emitir "informes públicos sobre las causas de los colapsos; formular recomendaciones para actualizar y fortalecer la normativa sismorresistente nacional".
Betancourt destacó además que dicha comisión servirá de "insumo para políticas públicas en materia de reducción de riesgos de desastres, planificación territorial, reconstrucción resiliente, y revisar leyes de ordenamiento urbano y normativas de diseño, construcción, inspección y supervisión de edificación e infraestructura".
La más reciente actualización de las normas sismorresistentes se hizo en 2019, según la propia agremiación.
El Banco Mundial estima en 19,600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 de junio pasado y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.
FUENTE: Con información de EFE
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