Delcy en la ONU: La representación usurpada de una Venezuela reprimida

Venezuela vuelve a poner a Naciones Unidas ante esa exigencia de coherencia. En su informe A/HRC/63/57, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela documenta graves violaciones de derechos humanos y advierte que las estructuras legales e institucionales que han sostenido la persecución política no han sido desmanteladas (informe, párrs. 105–109).

La evaluación no desconoce los cambios: registra liberaciones, reducción de algunas formas de represión y mayor espacio para determinadas actividades públicas (informe, párrs. 27–30, 53 y 62). Pero también advierte que las aperturas son parciales, condicionadas y reversibles, mientras persisten las bases del sistema represivo y la impunidad (informe, párrs. 106–109). Reconocer esos avances no obliga a sobredimensionarlos. Una apertura limitada no equivale a una transición democrática.

Mientras tanto, en Nueva York está prevista la participación de Delcy Rodríguez en el debate general de la Asamblea General, según el listado provisional por varios medios de comunicación. Estados Unidos también anunció un encuentro con el Presidente Donald Trump al margen de una recepción de líderes, en una nueva señal de creciente interlocución entre ambos gobiernos (Reuters, 18 de septiembre).

No se trata de negar a Venezuela su lugar en Naciones Unidas. La representación de un Estado y las credenciales de su delegación pertenecen a un plano institucional distinto del reconocimiento de gobiernos que conceden otros Estados (ONU, membresía y representación). Precisamente por eso, participar en la Asamblea no debe presentarse como una certificación de legitimidad democrática ni como una absolución.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero modificó el ejercicio del poder, pero la Misión documenta que no produjo el desmantelamiento de las estructuras represivas (informe, resumen y párrs. 31–32). Delcy Rodríguez no es ajena a esa continuidad: el informe recuerda sus altos cargos bajo el mandato de Maduro y su responsabilidad formal de supervisión sobre el SEBIN como vicepresidenta desde 2018 (informe, párr. 34). Cambiar a quien ejerce el poder no basta para transformar las estructuras que permiten su abuso. La legitimidad democrática exige garantías, instituciones independientes y derechos que no dependan de la voluntad de los gobernantes.

La cooperación internacional puede ser necesaria. La estabilidad también. Pero ninguna de las dos debe convertirse en argumento para posponer indefinidamente la democracia o relativizar los derechos humanos. La pregunta no es si debe existir interlocución, sino qué resultados concretos produce para la libertad, la justicia y la protección de los ciudadanos.

Por ello, exhortamos a los Estados miembros, al secretario general y a los órganos competentes de Naciones Unidas a actuar, dentro de sus respectivas atribuciones, para que esa interlocución impulse compromisos públicos, verificables y sujetos a seguimiento:

Libertad y transparencia: liberación inmediata e incondicional de las personas privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos, con información verificable sobre quienes permanecen detenidos, su ubicación y su situación jurídica.

Acceso y protección: cooperación plena con los mecanismos internacionales de derechos humanos y acceso sin obstáculos a los centros de detención, con garantías contra represalias para víctimas, familiares y testigos.

Reformas institucionales: independencia judicial, revisión de las normas empleadas para criminalizar la disidencia y transformación efectiva de los organismos y prácticas que permiten la represión.

Verdad y justicia: investigaciones independientes sobre las graves violaciones, determinación de responsabilidades con debido proceso y reparación a las víctimas.

Garantías democráticas: condiciones efectivas para informar, organizarse, participar y competir políticamente sin intimidación, con garantías electorales verificables.

Estas exigencias recogen las recomendaciones de la Misión sobre libertad, acceso, independencia judicial, rendición de cuentas y espacio cívico, y las articulan con una demanda política de democratización efectiva (informe, párrs. 111–114). No se propone sustituir los tribunales por una tribuna diplomática. Se exige que la diplomacia no sustituya la justicia.

Tampoco estamos ante una mera disputa entre gobierno y oposición. La Misión ha encontrado motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluida persecución por motivos políticos; esos hallazgos exigen investigación y rendición de cuentas, no indiferencia ni condenas individuales sin debido proceso (A/HRC/57/57, párrs. 9 y 104–105).

Detrás de los informes hay personas, no expedientes: víctimas de detención arbitraria y tortura, personas desaparecidas, familiares que buscan respuestas y ciudadanos afectados por la persecución (A/HRC/63/57, párrs. 48–80). Su dignidad no puede quedar subordinada a una fotografía diplomática ni a la conveniencia del momento.

El problema no es que Delcy Rodríguez hable ante Naciones Unidas. Es que la normalización internacional avance sin exigir respuestas verificables a los hallazgos de sus propios mecanismos de derechos humanos. Dar la palabra no concede derecho a la omisión y al olvido.

Ginebra ha documentado; Nueva York no debería limitarse a escuchar. Debe convertir la atención diplomática en compromisos, seguimiento y exigencias públicas. Que la solemnidad de la Asamblea no eclipse la gravedad de los hallazgos, ni la normalización de las relaciones sustituya la democratización de las instituciones.

Miami, Florida, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

Esta Declaración ha sido aprobada por las Juntas Directivas del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo y de VENAMÉRICA