ESPECIAL/CARACAS.- La segunda jornada de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Venezuela (integrada por el gobierno interino y algunos de los principales partidos opositores) se realizará en medio de la incertidumbre y crecientes tensiones.

Aunque la primera jornada (celebrada entre el 3 y 6 de septiembre) cerró con el “Acuerdo para la Ratificación y Defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba” y “Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano” y se pactó que en la siguiente jornada se discutiría acerca del “respeto del Estado Constitucional de Derecho”, en particular sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución, el panorama de negociación ha cambiado en las dos últimas semanas.

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En primer lugar, el presidente de la Asamblea Nacional resultado del cuestionado proceso electoral de 2020, Jorge Rodríguez, quien funge como jefe de la delegación de Maduro en el diálogo, se pronunció lo que califica de intentos de “los factores de oposición y de sus patrocinadores extranjeros de sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos en el Memorando de Entendimiento”.

Esos compromisos, según el régimen, serían “el rescate del patrimonio, recursos y activos pertenecientes a la República”.

A través de un comunicado, Rodríguez enumeró un conjunto de acciones que en su opinión, atentan contra el diálogo, y cita la decisión del Gobierno de Colombia de intervenir la empresa Monómeros colombo venezolanos; la carta de la OFAC-Departamento de Estado de EEUU donde afirma que podría autorizar la venta de las acciones de Citgo Petroleum a partir de enero de 2022; y, según el comunicado, “las vergonzosas y anti nacionales declaraciones de los Partidos Voluntad Popular y Primero Justicia que, asegura la declaración, revelan una feroz pugna de grupos e intereses por el control de ambas empresas y la intención de desnacionalizar estos activos o de asignárselos a poderes extranjeros”.

Por otra parte, la condena en Cabo Verde de Alex Saab, empresario colombiano y presunto testaferro de Maduro, así como la detención en España de Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de Inteligencia de los gobiernos de Hugo Chávez -de ambos se espera sean extraditados a EEUU- incorporará a la próxima reunión elementos que harán mucho más complejo alcanzar cualquier acuerdo.

En el caso concreto de Saab, el régimen de Maduro solicitó a Noruega la incorporación de éste a la delegación del régimen en las negociaciones. “Consideramos -explicó Jorge Rodríguez- que está perfectamente capacitado y tiene las condiciones para formar parte como miembro de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela y miembro pleno de la Mesa Social”.

Esta petición fue rechazada por la Plataforma Unitaria Venezuela. También a través de un comunicado solicitaron a la facilitación del Reino de Noruega que garantice “el cumplimiento por parte de la delegación del régimen de las normas de reserva acordadas que rigen el proceso. Convertir este proceso en una guerra de

micrófonos o debate en medios, le hace mucho daño a la negociación y nuestra delegación ha evitado siempre hacerlo en cumplimiento de esas normas”, establecieron.

En el comunicado se indicó que “el anuncio de la solicitud de incorporación realizada corresponde a una estrategia de defensa del régimen ante el proceso judicial entre dos países con separación de poderes y democracia, cuyos órganos jurisdiccionales siguen un proceso de extradición. No es la primera vez que esto se intenta. Existen precedentes, como el caso del guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias “Simón Trinidad”, a quién las FARC incorporó, a fin de liberarlo, en la delegación de negociación de paz de Colombia. No tuvo éxito, nunca pudo ser incorporado”.

Maduro salió de Venezuela

La presencia de Maduro en México añadió mayor complejidad a la próxima reunión de negociación que debe celebrarse en este país.

Aunque la repercusión de la cumbre del CELAC se ha centrado en el enfrentamiento verbal entre los mandatarios de Cuba y Paraguay; y el desconocimiento de éste a Maduro, el reimpulso de este mecanismo -como advierte el politólogo Walter Molina- “no debe verse como algo efímero o poco importante. Es realmente una amenaza muy grande para Latinoamérica y es un golpe en la lucha democrática de los venezolanos, tomando en cuenta que Maduro, después de mucho tiempo vuelve a salir del país y lo hace para sentarse junto a varios mandatarios de la región”.

La participación de Maduro en la cumbre de CELAC en México colocó también en el debate la recompensa que ha ofrecido EEUU por su captura.

Con esa visita a México, Maduro salió por primera vez de Venezuela, después de que el Departamento de Estado, el de Justicia y la agencia antidrogas estadounidenses (DEA) ofrecieran una recompensa de 15 millones de dólares por sus presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero.

En concreto, el 26 de marzo de 2020 el secretario de Justicia de EEUU, William Barr, acusó a Maduro y a varios de los principales integrantes de su grupo en el poder de tener vínculos con el narcotráfico desde hace más de 20 años.

México es uno de los pocos países de la región que reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, por lo tanto -explican analistas consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS- el gobierno de López Obrador no tenía ningún tipo de fundamente jurídico o disposición política para detener a Maduro.

Antes de que EEUU ofreciera la recompensa por su captura, Maduro solía viajar regularmente a países con gobiernos considerados amigos. Por ejemplo, en 2019 Maduro viajó a la cumbre de los Movimientos No Alineados (MNOAL) en Azerbaiyán y entre 2019 y 2020 (antes de anunciarse la recompensa) Maduro viajó a Turquía, China y Rusia en visitas de Estado.

Pocos avances

Según el último informe de coyuntura de la firma Carpe Diem, los acuerdos alcanzados en la primera jornada de negociación “aunque pueden verse como un acercamiento entre las partes, no recogen en esencia acciones concretas en el corto o mediano plazo.

En relación con el “Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano” la firma recuerda que la cancillería noruega informó que las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de recursos para atender las necesidades de la población, con énfasis en los efectos por COVID-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales a los que tenga derecho la República.

Según el informe de Carpe Diem “aunque el debate en Venezuela se ha centrado en si es necesario una visita técnica del Fondo Monetario Internacional al país para poder acceder a los derechos de giro, la implementación del acuerdo depende de elementos políticos muchos más complejos”

Por otra parte, recuerdan que “aunque el gobierno de Venezuela ha accedido a esos derechos de giro en el pasado, éstos no se han concretado en préstamos. El problema central es de otra índole y se enfoca en que el FMI no reconocen ni a Guaidó ni a Maduro y tampoco puede considerarse viable que puedan acceder de forma conjunta a estos recursos (…) Sin una resolución del tema de reconocimiento presidencial es muy complejo asegurar que se podrán acceder a estos recursos, salvo que se trate de un acuerdo en el directorio del FMI entre EEUU y China especialmente”.

En el informe además se advierte que, aunque se lograra resolver “el tema del reconocimiento parece inviable que esos recursos puedan asignarse al actual Banco Central de Venezuela. En este sentido es necesario avanzar en la reinstitucionalización del BCV en un esquema similar al seguido para el CNE (…) Por otra parte, el anuncio de que las partes conformarán una mesa técnica para evaluar y disminuir el sobrecumplimiento de las sanciones parece ser solo una declaración de buenas intenciones. El sobrecumplimiento es básicamente una decisión de las entidades financieras para reducir costos reputaciones y especialmente regulatorios”.

Negociación sí, agenda no

Según el más reciente estudio de la firma Datincorp al menos la mitad de los venezolanos (51%) dicen estar de acuerdo con las negociaciones que adelante el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana.

Aunque el proceso de negociación en México se enfoca en resolver la crisis política del país, para la mayoría de los ciudadanos la prioridad debe ser otra. El estudio de Datincorp indica que 58% de los venezolanos considera que la crisis económica y el colapso de los servicios públicos debe ser la prioridad del este proceso. Por otra parte, 19,6% piensa que el punto más importante de la negociación debe enfocarse en resolver la crisis de la pandemia del COVID-19, mientras solo 15,8% de los ciudadanos creen que la negociación debe centrarse en la crisis política.

 

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