El Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado informó que ciudadanos venezolanos sostuvieron un encuentro en la ciudad de Bogotá con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el encuentro, denunciaron que fueron objeto de "violaciones a los DDHH" en Venezuela, por lo que tuvieron que huir a otras naciones, principalmente a Colombia.

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En Bogotá, la comitiva, integrada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, se reunió con víctimas, periodistas y organizaciones sociales, así como con exdiputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y miembros de la Fiscalía venezolana en el exilio, informó el Centro de Comunicación Nacional.

Entre las denuncias que recibieron a puerta cerrada está la de que 129 diputados fueron objeto de torturas, amenazas, arrestos arbitrarios e incumplimiento de las garantías procesales durante investigaciones, entre otras, según la CIDH.

Caso Acosta Arévalo

Uno de los testimonios que fueron presentados a la CIDH fue el de Waleska Pérez, viuda del Capitán de Fragata, Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por la contrainteligencia militar venezolana el 21 de junio de 2019 y murió en la cárcel días después. La oposición en Venezuela y la familia de Acosta Arévalo responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro de haber torturado y asesinato al capitán.

Pérez, beneficiaria de medidas cautelares de protección del CIDH, denunció ante la misión la desaparición, tortura y asesinato de su esposo, cuya muerte fue confirmada el pasado 29 de junio por el régimen de Maduro.

Censura a la prensa

Los delegados de la CIDH también hablaron con dos periodistas del portal Armando.info que denunciaron las "amenazas y censura" de las que han sido objeto presuntamente, tras realizar una investigación sobre una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

Los reporteros, que están exiliados en Colombia, también advirtieron que son víctimas de hostigamiento judicial.

Otros reclamos

La misión también escuchó al abogado de la familia del concejal Fernando Albán, quien murió cuando estaba bajo custodia del régimen y que según la versión oficial se suicidó.

Albán murió el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra Maduro.

En las audiencias estuvieron además organizaciones sociales que manifestaron su preocupación por la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas y el riesgo al que se enfrentan los venezolanos de ser víctimas de trata de personas.

FUENTE: Nota de Prensa/Centro de Comunicación Nacional/Redacción

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