Juan Carlos Zapata, el comisionado del distrito 11, fue objeto de señalamientos en los medios del sur de la Florida la semana anterior.
La utilización de unos 30.000 dólares para costearse una maestría que cursa en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, fue el motivo de la crítica, teniendo en cuenta que la procedencia de ese dinero es el bolsillo de los contribuyentes.
Sin embargo, si bien es válido el cuestionamiento de por qué habría un funcionario público de cortear sus estudios a costa de quienes pagan impuestos, también tendríamos que revisar la estipulación legal vigente que aprueba ese destino para los fondos que se asignan a la oficina de un distrito.
El abogado del Condado, Robert Cuevas corroboró el marco legal del uso hecho por Zapata.
“Los comisionados pueden utilizar los fondos del presupuesto de su oficina para cubrir gastos de viaje y para cursos de entrenamiento o programas educativos. Está establecido en la sección 112.061, de los estatutos de la Florida, y de la orden administrativa 6-1 del manual de políticas y procedimientos de viajes del condado Miami-Dade”, dijo Cuevas a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Además de explicar la utilidad de la maestría, Zapata asegura que obtuvo un préstamo para reembolsar el monto.
Pero hay otro elemento que le critican, y es haber escogido una universidad tan alejada del lugar a donde cumple funciones, si podía haber recibido una instrucción similar en cualquiera de las universidades del sur de la Florida.
Zapata estuvo en la mira por estos días, pero su historia bien podría servir de ejemplo para llevar al análisis de la legislación, porque su caso no es ni ha sido el único donde el dinero que podría emplearse en satisfacer necesidades de la población, se convierte en beneficio para un grupo de elegidos.
