MIAMI.- La situación jurídica del mexicano Raúl Rocha Cantú, conocido por ser propietario del 50% de las acciones de la Organización Miss Universo, ha dado un vuelco drástico. Recientemente, se dio a conocer que un juez federal con sede en Querétaro emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, acusándolo de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.
Pese a que había intentado eludir la prisión meses atrás mediante un acuerdo de colaboración, las autoridades judiciales han determinado que existen elementos de riesgo suficientes para reactivar su persecución penal.
Durante el desarrollo de las investigaciones iniciales, Rocha Cantú admitió su participación en actividades ilícitas. Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR) citados por diversos medios, el empresario declaró haber invertido 4.2 millones de pesos en una red de contrabando de combustible.
En su testimonio, Rocha afirmó que su rol fue exclusivamente financiero y no operativo. Relató que, ante la insistencia de Jacobo Reyes León (alias “El Yeicob”), aceptó inyectar capital a la red criminal a finales de 2024, obteniendo una ganancia de 1.2 millones de pesos en apenas dos meses.
Esta red utilizaba el predio La Espuela en Querétaro para almacenar combustible traído ilegalmente desde Guatemala.
Riesgo de fuga
Aunque esta cooperación permitió cancelar una orden previa el 19 de noviembre de 2025, el beneficio se desmoronó esta semana.
Personal ministerial confirmó que el inmueble que Rocha proporcionó como su residencia oficial jamás fue habitado por él. Las autoridades calificaron el sitio como un domicilio irregular, diseñado específicamente para evitar la localización por parte de la justicia.
El juez encargado del caso subrayó varios factores críticos que justifican la nueva orden de captura:
Falta de arraigo, debido a que no se pudo comprobar una residencia real o permanente del imputado en Querétaro, el Estado de México o la capital del país. Su alto perfil empresarial y la posesión de activos importantes le facilitan la movilidad constante, además de sus frecuentes viajes al extranjero que sugieren que podría abandonar el país de manera definitiva en cualquier momento.
Adicionalmente, se sospecha que sus vínculos con organizaciones criminales le han permitido acceder a documentos apócrifos para ocultar o modificar su identidad.
La resolución judicial enfatiza que Rocha Cantú no tiene la voluntad de someterse al proceso legal de manera transparente.
Al detectarse que las autoridades de distintas dependencias podrían estar facilitándole medios para evadir la justicia, el mandato judicial ordena su localización inmediata para garantizar la debida conducción del proceso penal.