El banquero español Jaime Botín, miembro de una influyente familia, fue imputado por "contrabando de bienes culturales" dos meses después de sacar del país, en un yate, un cuadro de Picasso declarado "inexportable", informaron este viernes fuentes cercanas a la investigación.
"Cabeza de mujer joven", la obra confiscada el 31 de julio a bordo del barco en la isla mediterránea de Córcega por la aduana francesa y custodiada ahora en el museo Reina Sofía de Madrid, le valió al expresidente de Bankinter una imputación penal en un juzgado de Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid, según dichas fuentes.
El banquero intentaba en vano desde 2012 obtener la autorización de exportar el lienzo, estimado en 26 millones de euros (29,5 millones de dólares) y considerado por el país como un bien cultural "inexportable", porque "no existe una obra semejante en España" de esta época artística de Pablo Picasso.
La aduana francesa incautó el cuadro cuando al parecer iba a ser trasladado a Suiza, al comprobar que era una obra que no podía salir de España.
El lienzo había viajado a la isla francesa desde Valencia, en el este de España, a bordo del yate "Adix", de bandera británica, lo que alegan los abogados de su propietario para afirmar que el cuadro "ha tenido siempre su domicilio permanente en el extranjero".
Los abogados de Botín afirman que el cuadro, comprado en Londres en 1977, no es español sino británico, por lo que no está sometido al derecho español.
Pero la justicia española confirmó en mayo una decisión del ministerio de Cultura que declaró inexportable la obra. El cuadro pertenece al periodo del pintor malagueño en el pueblo catalán de Gósol, donde pintó un centenar de obras en 1906, y que fue decisivo para el posterior desarrollo del cubismo.
En 2012 la casa de subastas Christie's había pedido la autorización de exportación definitiva del cuadro en nombre de Botín, pero fue denegada por el ministerio.
El banquero cambió después su versión, afirmando que el lienzo no estaba en territorio español y no le pertenecía directamente sino a una empresa panameña.
Ahora la obra ha pasado a ser propiedad del Estado, una consecuencia administrativa de este tipo de exportaciones prohibidas.
Botín sin embargo no abandona: recurrió su imputación penal. Un último recurso administrativo está también en curso de examen ante el Tribunal Supremo.
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