Biden retrocede sobre arrendamientos de petróleo y gas en terrenos federales

Presionado por el alto costo de la gasolina, que no baja de los cuatro dólares por galón, y en cumplimiento de una orden judicial del Distrito Oeste de Louisiana, Joe Biden no ha tenido más opción que reconsiderar la moratoria que impuso sobre la venta de nuevos contratos de arriendo de suelo federal.

Así, el Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) anunció en nota de prensa que implementa medidas en función del desarrollo y la gestión de la energía, y que por esa razón la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) ya comenzó a publicar avisos para el arrendamiento de dichos terrenos.

A través del DOI busca priorizar los intereses del pueblo estadounidense sobre las tierras federales y abordar las deficiencias de los programas estatales de arrendamiento de petróleo y gas, que se han mantenido prácticamente inmutables durante décadas, a pesar de los cambios en las condiciones y tecnologías del mercado.

Con esta medida, "comenzamos a restablecer el cómo y el qué sobre lo que consideramos el mayor y mejor uso de los recursos de los estadounidenses para beneficio de las actuales y futuras generaciones", puntualizó en la nota de prensa la secretaria del DOI, Deb Haaland.

El origen de la moratoria

Una semana después de su toma de posesión en enero de 2021, Biden tomó la "brillante" decisión de paralizar el arrendamiento de petróleo y gas en tierras federales, casi al unísono —recordemos— de cuando retiró el permiso para el oleoducto Keystone XL y dejó así a miles de estadounidenses sin empleo.

Contraproducente y polémica, aquella decisión no fue más que la materialización de su postura al respecto desde antes de asumir el mandato. Durante el debate presidencial de octubre de 2021, el futuro inquilino de la Casa Blanca adelantó que se alejaría del sector del petróleo, pues "la industria petrolera contamina significativamente" y "tiene que ser reemplazada por la energía renovable".

Aunque su orden fue bloqueada por un juez federal de Louisiana, quien consideró el desacuerdo de 13 estados que sufrirían daños irreparables por la medida de la Casa Blanca, no fue hasta 15 meses de daños después que el Gobierno volvió sobre sus pasos para darle luz verde a la venta de nuevos contratos.

La antesala de la vuelta en U

En noviembre pasado, el DOI presentó un informe sobre el Programa Federal de Arrendamiento de Petróleo y Gas en el que se solicitaba un análisis profundo sobre este tema, teniendo en cuenta que "las necesidades energéticas de la nación y la combinación de recursos disponibles en los mercados globales de energía, han cambiado materialmente".

En el reporte en cuestión —que daba respuesta a la Orden Ejecutiva 14008, referente al Abordaje de la Crisis Climática Nacional y Externa— igualmente se valoraba la posibilidad de generar energías renovables a gran escala en tierras públicas e, incluso, en mar adentro como una de las medidas a tomar para reequilibrar el programa federal de hidrocarburos.

Cumpliendo con esas y otras exigencias presentadas en dicho informe, y a sabiendas de su responsabilidad para enfrentar estos desafíos, el DOI solicitó entonces a la Oficina de Administración de Tierras que emitiera "evaluaciones ambientales finales y avisos de ventas para arriendos de petróleo y gas que reflejen ese enfoque estratégico".

Gracias a esta inesperada e imprescindible vuelta en U del Gobierno federal, la BLM ya comenzó a difundir los avisos sobre los terrenos en cuestión que, entre otros requisitos, han estado sujetos a estrictos criterios de elegibilidad y disponibilidad para su arrendamiento.

Se trata de parcelas cercanas a infraestructuras existentes de petróleo y gas que permitan conservar la resiliencia de las tierras públicas y el funcionamiento de ecosistemas, como por ejemplo los hábitats de vida silvestre, los corredores migratorios y las áreas culturales sensibles.

El tope de la marcha atrás

Si bien el anuncio del DOI representa un paso de avance en la suma de más tierras para la perforación en busca de hidrocarburos, cabe mencionar que [la maniobra de reversa en la política de Biden tiene un tope], a juzgar por lo que ha trascendido hasta ahora.

En primer lugar, la BLM solo evaluó la superficie de acres potencialmente disponibles y elegibles en nueve estados (Alabama, Colorado, Montana, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Oklahoma, Utah y Wyoming) y en segundo, redujo en un 80 % la superficie contemplada inicialmente (de 646 parcelas en 733.000 acres a 173 parcelas en 144.000 acres).

Aparte de eso, las empresas de energía de dichos estados tendrán que pagar más regalías por la extracción de reservas de combustibles fósiles. Es decir, a partir de ahora, deberán abonar un 18,75% del valor de lo que extraigan, frente al 12,5% estipulado previamente.

Según refiere el comunicado del DOI, el principal objetivo de elevar el monto de tales regalías —un incremento del 50% que representa el primer aumento por ese concepto en décadas— es garantizar un rendimiento justo para el contribuyente estadounidense.

En lo que concierne a estas empresas en particular, cabe mencionar también el hecho de que Biden y su Partido Demócrata las han acusado repetidamente de restringir el suministro de hidrocarburos, al permitir que miles de permisos de perforación no se utilicen.

Un artículo del "The New York Post" sobre el tema destaca que la propia BLM señaló que hasta diciembre de 2021 se habían aprobado 9173 solicitudes de autorizaciones para perforar y estas no habían sido utilizadas.

A modo de respuesta, "los republicanos y representantes de la industria dijeron que el argumento de la Casa Blanca sobre los arrendamientos no usados tenía como objetivo distraer la atención sobre las políticas antienergéticas de la Administración", puntualizó la misma fuente.

El senador Marco Rubio (R-FL), por ejemplo, resaltó que "un montón de esos lugares están involucrados en litigios, y luego tienes una Administración hostil, que ha dejado muy claro que quiere que Estados Unidos produzca menos gas natural y menos petróleo, y se vuelva más verde".

Con esa traba en el camino, había que pensarlo dos veces a la hora de invertir en esta industria. Al decir del propio Rubio ¿quién arriesgaría capital bajo una Administración, cuyo poder completo se centra en dificultar la exploración y producción de combustibles fósiles, como el petróleo o el gas natural? Pues, lógicamente, no muchos.

La reacción de los ambientalistas

Tal como era de esperarse, los grupos defensores del medio ambiente pusieron el grito en el cielo tras el anuncio y dijeron que Biden ignora sus promesas sobre la crisis climática, según recoge un artículo de CNN sobre el tema.

La directora de tierras públicas del Centro para la Diversidad Biológica en Arizona, Randi Spivak, por ejemplo, dijo que "la afirmación de que la Administración Biden debe mantener estas ventas de arrendamiento, es pura ficción y un fracaso imprudente del liderazgo climático", publicó la fuente.

En opinión de Spivak, "estas supuestas reformas llegan 20 años tarde y solo continuarán alimentando la emergencia climática. [Es más], las ventas de arrendamiento deben archivarse y los programas federales de combustibles fósiles que destruyen el clima deben terminar".

Para la directora ejecutiva de Citizens for a Healthy Community, Natasha Leger, "reiniciar las ventas de arrendamiento solo conducirá a más desastres climáticos". Desde su punto de vista, "es hora de liderazgo climático y de dejar de arrendar nuestras tierras públicas para el desarrollo del petróleo y el gas".

La directora ejecutiva de Sunrise Movement, Varshini Prakash, entretanto, señaló que "si Biden quiere resolver la participación electoral en 2022, debería cumplir con las cosas que prometió y no alejarse de ellas".

El costo político para Biden

Independientemente de estas reacciones en contra, está claro que la presión ejercida por los republicanos para que se amplíe la producción de crudo en suelo americano y el reclamo popular de que se haga algo para reducir la galopante inflación que sufrimos, han pesado más en el cambio de la política referente a los hidrocarburos.

Como es sabido, las elecciones de medio término tendrán lugar en el próximo mes de noviembre y, de seguir las cosas como están, los demócratas podrían enfrentar severas consecuencias de cara al posible segundo mandato de Joe Biden, quien lidia con un índice de aprobación oscilante entre el 30% y el 35%, según un artículo de la Voz de América.

Tal como dijo a este diario el fundador de Cook Political Report, Charlie Cook, «el mejor predictor de cómo le irá a un partido es el índice de aprobación del trabajo del presidente en funciones. Y cuanto más por debajo esté del 50 %, más difícil es. Entonces, si tienes un presidente que está en el 30% o 35%, como está el presidente Biden, eso no es algo bueno».

La propia fuente agregó que,«si bien a la gente le puede parecer que es demasiado pronto para comenzar a pensar en esas elecciones, no hay duda de que las figuras clave en Washington ya están sopesando cada uno de sus movimientos con la mirada puesta en cómo podrían afectar los sentimientos de los votantes».

Siendo honestos, el panorama no pinta nada bien para los demócratas. Según los resultados de una encuesta de CBS, difundidos por el New York Times, el elevado costo de los principales productos y servicios representan una verdadera dificultad para el 66% de las personas consultadas.

Otra pesquisa realizada por NBC, encontró que el 47% de los estadounidenses creen que nuestra economía es pobre. Y por si eso fuera poco, la Encuesta de Expectativas del Consumidor del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, reveló que la gente espera una inflación más alta en los próximos 12 meses.

Para la portavoz del Comité Nacional Republicano, Emma Vaughn, "Biden ha perdido toda la credibilidad: no ha conseguido “acabar con el virus” como prometió, ha dejado a los estadounidenses sin trabajo, ha presidido la subida vertiginosa de los precios de los productos cotidianos y ha promovido un gasto imprudente de miles de millones".

Resumiendo: la mayoría de los consumidores estadounidenses están hartos de la situación actual. Mientras sus salarios bajan, los precios suben y con ello, aumenta el costo de vida. Todo eso en medio de una pandemia que, aun después de dos años, sigue impactando a la economía de forma negativa.

No en vano los republicanos quieren más perforaciones en busca de petróleo. En realidad, hacen suma no solo para impulsar la independencia energética de EEUU, sino también para ayudar a reducir el costo del crudo. Sin dejar de mencionar las ventajas que reviste la actividad petrolera para la creación de fuentes de empleo y el desarrollo subsiguiente en las comunidades.

*Sobre el Dr. Rafael Marrero

Multipremiado economista, comentarista de noticias y autor Bestseller. Graduado de las universidades de Stanford y Cornell, es un reconocido experto en EE.UU. en contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y gestión de proyectos de infraestructura.