"Estamos en medio de un cierre gubernamental desastroso creado por los extremistas demócratas", dijo el presidente Donald J. Trump. El objetivo: desestabilizar al gobierno en Washington
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio y escoltado por congresistas republicanos.
SAUL LOEB /AFP Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
MANDEL NGAN/AFPMientras que el cierre del gobierno federal de Estados Unidos se convertía en el mayor de la historia, como deseaban los senadores radicales demócratas en el Congreso, la Corte Suprema comenzó a analizar las demandas presentadas por la ultraizquierda en tribunales inferiores contra los aranceles adicionales del gobierno del presidente Donald J. Trump, una parte de su política económica.
Estados Unidos entró el miércoles 5 de noviembre en el día 36 de cierre gubernamental, el más largo de la historia, un récord contraproducente que la Casa Blanca achacó a los demócratas "kamikazes", un término utilizado por el mandatario republicano sobre la ultraizquierda.
"Estamos en medio de un cierre gubernamental desastroso creado por los extremistas demócratas", manifestó Trump.
El objetivo: desestabilizar al gobierno en Washington.
Contrario a lo que indican las encuestas citadas por los medios de prensa de izquierda, el 68% de los estadounidenses como promedio considera que el Partido Demócrata está totalmente desconectado de los intereses de los estadounidenses, de acuerdo con los últimos sondeos de la cadena CBS, The Washington Post y Daily Mail.
La parálisis presupuestaria, creada por senadores radicales de izquierda en el Congreso, lo que realmente busca es la desestabilización del gobierno del presidente Trump, como mismo hicieron en 2019 durante su primer mandato. En ese entonces, el estancamiento duró 35 días.
Los demócratas buscaron que el cierre parcial del gobierno se uniera con los resultados electorales en tres bastiones demócratas donde sabían que ganarían Nueva York, California y Nueva Jersey, uno de los motivos por los que estaban renuentes a negociar. Desde esa postura se inventaron todos los [pretextos imposibles] para encaminar una salida a la parálisis.
En los aeropuertos, la situación se agrava por días. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que podría verse obligado a cerrar de forma parcial parte del espacio aéreo y otras medidas de emergencia.
"En una semana a partir de hoy, demócratas extremistas, verán un caos masivo... verán retrasos masivos en los vuelos", advirtió Duffy.
Los programas de asistencia social también se han visto afectados.
"Los beneficiarios de la ayuda deben entender que se necesitará tiempo para recibir este dinero, porque los demócratas han puesto al gobierno en una posición difícil", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
El gobierno ha estado parcialmente paralizado desde que un grupo de senadores, liderados por Chuck Schumer en defensa de su puesto en el Senado al igual que otros, optaron por rechazar un proyecto de ley -ya aprobado de forma bipartidista en la Cámara de Representantes- para mantener financiados los departamentos y agencias federales después del 1ro de octubre, cuando comenzó el nuevo año fiscal.
A la izquierda actual en el Congreso, le importa un bledo las consecuencias del cierre; de hecho, es lo que desean: graves estragos y generar una crisis gubernamental. Tienen como pretexto, conociendo de antemano que el Presidente no cederá como lo ha reiterado, la solicitud de 1,5 billones (trillions) de dólares para continuar con el mismo despilfarro en gastos federales que durante el gobierno de Joe Biden o quienes estuvieran al frente de la Casa Blanca en ese período.
"No creo que ninguno de nosotros esperara que esto se prolongara tanto", señaló el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en una conferencia de prensa; pero lo demócratas parecen decididos a continuar con el caos para obligar al Presidente a tomar medidas unilaterales y luego demandarlo tildándolo de dictador como han hecho ya.
Los republicanos, que disponen de mayorías estrechas en ambas Cámaras, querían el 30 de septiembre que cinco senadores demócratas secundaran su resolución legislativa para mantener los fondos hasta finales de noviembre, y discutir al mismo tiempo los temas presupuestarios.
Los conservadores han logrado que tres demócratas se sumen a ellos, pero por una ley interna del congreso (filibusterismo) que exige al menos 60 votos para temas de gran relevancia como este, haría falta el voto de cuatro senadores para completar la cantidad requerida.
Trump exigió a los republicanos que utilicen el "arma nuclear" legislativa: eliminar la barrera mínima de 60 votos en el Senado, lo que se conoce como filibusterismo y terminar con el bloqueo impuesto por Schumer y un puñado de demócratas.
"¡Republicanos, acaben con el filibusterismo! ¡Vuelvan a aprobar legislación y reformas electorales!", clamó el Presidente en su plataforma Truth Social.
Mientras todo esto ocurre en el seno del Congreso, los 9 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzaron las audiencias sobre demandas contra la política arancelaria del presidente Donald J. Trump, su arma comercial y diplomática en la plataforma conservadora “America First”.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha invocado poderes presidenciales y económicos de emergencia para imponer aranceles "recíprocos" sobre prácticas comerciales injustas contra Washington.
Jueces anexados a la ideología de la ultraizquierda se han empeñado en obstaculizar desde el primer día del líder republicano en la Casa Blanca su gestión presidencial en todos los ángulos: desde inmigración, las mal llamadas políticas de inclusión (que no son otra cosa que más discriminación), hasta sus acciones económicas dentro y fuera de EEUU para beneficiar la economía ahogada en deuda que dejó la administración Biden-Obama, o quien estuviera al frente del gobierno federal
El Presidente ha impuesto, como medida de defensa y seguridad nacional, aranceles específicos a México, Canadá y China en el acero, el alumnio, y en segmentos de la industria automotriz.
Un tribunal, alineado a la tendencia de izquierda, falló en mayo que Trump "excedió" su autoridad al imponer los aranceles, aunque la apelación permitió que permanezcan en vigor.
Luego, un tribunal de apelaciones federal, también de la misma tendencia en estados demócratas, falló 7-4 en agosto que los gravámenes eran "ilegales". Esto confirmó la decisión del tribunal inferior, lo que llevó a Trump a presentar la disputa en la Corte Suprema.
La decisión del Máximo Tribunal de la nación tendrá importantes repercusiones, pero la sentencia podría demorarse varias semanas o, el peor de los casos, meses.
Los jueces del Supremo podrían considerar válidas las acciones presidenciales y las demandas de Trump.
A pesar de que la política arancelaria de la actual administración es de magnitud histórica, todos los presidentes de EEUU -incluidos los demócratas- y en el resto del mundo la han utilizado como una herramienta económica esencial; en este particular, Trump busca justicia para EEUU en el comercio mundial en medio de una transformación económica interna radical.
La plataforma “América First” incluye la reindustrialización del país, medidas contra el exceso de gastos y la burocracia en el gobierno federal, fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, regulación e impulso de las criptomonedas como una nueva opción de cambio monetario, aumento récord de la producción y exportación de combustibles fósiles, desarrollo de la explotación y comercio de “tierras raras”, auge de la tecnología y enormes inversiones en la Inteligencia Artificial, consolidación del dólar y el oro como reservas en los bancos centrales del mundo, entre otras premisas.
Gracias a la efectiva estrategia arancelaria de Trump, el país ha recaudado o recuperado más de 200.000 millones de dólares para sus arcas federales, un acontecimiento inédito en la vida económica del país.
El fallo de la Corte Suprema deja fuera de su análisis los aranceles específicos por sector que impuso Trump, incluidos los del acero, aluminio y automóviles, como defensa a la economía y la seguridad nacional de EEUU.
En opinión de Ryan Majerus, un ex alto funcionario comercial de Estados Unidos, la Corte Suprema podría finalmente validar la política arancelaria de Trump, pero con ciertas limitaciones.
Los magistrados podrían fallar de forma diferencial en función de los aranceles "recíprocos", que buscan reducir brechas comerciales, y otros derechos aduaneros que son más bien herramientas de sanción; por ejemplo, para combatir el ingreso de fentanilo a Estados Unidos, agregó Majerus, actualmente socio del bufete de abogados King & Spalding.
Incluso si el Máximo Tribunal considerara ilegales todos los aranceles de Trump, la administración podría recurrir a otras leyes para imponer aranceles del 15% durante 150 días, y aprovechar ese plazo para abrir investigaciones oficiales, como le concede la Sección 301 de la Ley de Comercio, explicó Majerus.
Esa Sección 301 permite a Washington responder a conductas consideradas injustas.
Majerus estima que los socios que han negociado acuerdos de aranceles con Trump preferirán mantener esos términos en lugar de reabrir negociaciones.
Las consultas en el Congreso sobre estos temas pueden estancarse varios meses y hasta años, una de las razones por las que el presidente Trump utiliza sus poderes presidenciales de emergencia para agilizar los beneficios que esta nueva transformación en el comercio mundial representa para el país, con una deuda que dejó su predecesor de 37 billones (trillions) de dólares y más del 80% de los indicadores económicos en terreno negativo como la contracción de la industria, crisis del mercado inmobiliario, el déficit comercial y fiscal, entre otros.
FUENTE: Con información de AFP, The Western Journal, The Epoch Times, The Wall Street Journal, Daily Mail.
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