WASHINGTON — Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin, el poderoso analgésico de venta bajo receta que según los expertos contribuyó a detonar una epidemia de abuso de opioides en Estados Unidos, se declar culpable de tres cargos criminales como parte de un acuerdo por 8.000 millones de dólares, anunciaron funcionarios del Departamento de Justicia el miércoles.

La empresa se declarará culpable de asociación ilícita para defraudar al país y violar las leyes federales contra el soborno. La resolución será detallada en un pedido de quiebra ante un tribunal federal.

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El acuerdo no absuelve a los directivos o dueños de la empresa —miembros de la adinerada familia Sackler— de responsabilidad penal, y la investigación criminal sigue su curso. Pero una secretaria de justicia estatal dijo que el acuerdo no obliga a los Sackler a rendir cuentas.

El acuerdo judicial es el de mayor repercusión hasta el momento del intento del gobierno federal por hacer responsable a una de las grandes farmacéuticas de la crisis de adicción y sobredosis vinculada con más de 470.000 muertes en el país desde el 2000.

“Purdue lamenta profundamente y acepta la responsabilidad por las infracciones detalladas por el Departamento de Justicia en la declaración acordada de los hechos”, dijo en un comunicado Steve Miller, presidente del directorio de la empresa desde el 2018. No hay miembros de la familia Sackler en esa junta, aunque siguen siendo los dueños de la empresa.

El acuerdo surgió a menos de dos semanas de una elección presidencial en la cual la epidemia de opioides ocupa un lugar secundario con respecto a la pandemia de coronavirus y otros asuntos. Pero sí es un ejemplo de lo que la administración del presidente Donald Trump está haciendo sobre la crisis de acciones, una de sus promesas electorales.

Según la secretaria de Justicia de Massachusetts, Maura Healey, el Departamento de Justicia federal “fracasó”. Dijo en un comunicado que no había terminado con Purdue o los Sackler. “La justicia en este caso requiere revelar la verdad y obligar a los culpables a rendir cuentas, no a lograr un acuerdo apresurado antes de una elección”.

Purdue efectuará un pago directo al gobierno de 225 millones de dólares, parte de una confiscación criminal de 2.000 millones. También debe una multa de 3.540 millones, pero es probable que no se cobre esa suma en su totalidad ya que se tomará a través de una quiebra que incluye a gran cantidad de acreedores. Además, aceptará pagar 2.800 millones de dólares en daños para resolver su penalidad civil.

FUENTE: AP

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