domingo 4  de  enero 2026
ANÁLISIS

Atacar al régimen de Venezuela es justicia, mientras Cuba espera

Mantengamos la fe y hagamos todo lo que sea necesario para salvar la isla. Los cubanos clamamos porque se cumpla con la R2P para nosotros

Diario las Américas | LUIS LEONEL LEÓN
Por LUIS LEONEL LEÓN

Nadie debe dejarse engañar con falsas retóricas. Atacar al régimen venezolano y capturar al dictador Nicolás Maduro no fue una opción política discutible del presidente Donald Trump y su Secretario de Estado, Marco Rubio, sino una obligación moral y jurídica tortuosamente postergada. Ambos saben que seguir tratando a la narco-dictadura venezolana como un Estado soberano pleno equivale a otorgarle refugio jurídico a un gobierno criminal y consagrar la impunidad. Las razones y la legitimidad de la operación dentro del derecho internacional, son muy claras.

El régimen de Maduro era un gobierno de facto calificado como narco-Estado, afincado en el fraude y sostenido por una estructura criminal. Al no estar reconocido como jefe de Estado legítimo por varios países, Maduro carece de inmunidad. La Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional obliga a los Estados a perseguir y cooperar contra organizaciones criminales transnacionales, incluso cuando estas involucran o son dirigidas desde el propio aparato estatal. Bajo la doctrina del state capture, un régimen que convierte al Estado en instrumento del narcotráfico deja de operar como sujeto normal del orden internacional. La doctrina internacional conocida como Responsabilidad de Proteger (R2P) establece que, cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población de crímenes atroces, la comunidad internacional tiene el deber legal y moral de actuar. Además, la jurisdicción penal extraterritorial (effects doctrine) se impone cuando las conductas criminales, aunque planificadas o ejecutadas desde el exterior, producen efectos directos, sustanciales y previsibles dentro de otro Estado —como el ingreso de drogas, el lavado de dinero, la violencia y las muertes asociadas— habilitando así la acción de sus tribunales y autoridades. No hacía falta más. Ya era demasiado.

Desde hace meses, cuando Estados Unidos desplegó sus tropas en las cercanías de Venezuela, el final de Maduro estaba decidido. Los venezolanos no debían esperar más para recuperar su país: ningún pueblo merece ser abandonado a merced de una tiranía cuyas prácticas criminales no solo devastan a su propia nación, sino que trascienden y contaminan toda la región. Trump, quien ha reiterado su compromiso con la paz mundial y con el derrocamiento de las dictaduras comunistas, no podía seguir postergando su promesa de poner fin al narco-Estado venezolano, cuya cabeza del poder y centro de mando político, ideológico y represivo sigue estando en Cuba, la isla, por más de 6 décadas abandonada a su suerte, que tampoco debe seguir esperando.

Trump se ha anotado otro gol en la arena internacional. Perfeccionó y superó la operación ordenada por George H. W. Bush en 1989 contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y conspiración criminal. En poco más de dos horas, fuerzas élite de Estados Unidos neutralizaron, extrajeron y pusieron bajo custodia al dictador Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladados en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima para responder ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. La “Operation Absolute Resolve”, planificada durante meses, fue quirúrgica, sin bajas para Estados Unidos y sin intervención de los altos mandos militares venezolanos. Según The Washington Post, más de 150 aeronaves participaron, incluyendo cazas, bombarderos, drones y aeronaves de apoyo, que atacaron posiciones de defensa y bases militares clave, como La Carlota y Fuerte Tiuna, para neutralizar las defensas venezolanas y desorientar al mando militar.

Los oficiales a cargo de Maduro, varios de ellos del régimen cubano, fueron eliminados. Según Reuters, las fuerzas especiales del Ejército (especialmente Delta Force) crearon una réplica exacta de la residencia fuertemente fortificada donde se hallaba Maduro y estuvieron practicando cómo ingresar y extraerlo sin bajas. La combinación de información de inteligencia de agencias como la CIA, NSA y fuerzas especiales del Ejército, con apoyo aéreo y de inteligencia avanzada, fue vital para el éxito.

El contexto internacional estratégico hizo el resto: China (concentrada en Taiwán), Rusia (empantanada en Ucrania y otros frentes) e Irán (desbordado por la protesta interna) optaron por el silencio. Cuando la justicia actúa con la fuerza y decisión que le corresponde, el ruido ideológico se disipa. Lo mismo debe ocurrir con el caso de Cuba, que es la vieja asignatura pendiente de Estados Unidos.

La Venezuela decente, como suele llamar María Corina Machado a los buenos venezolanos de a pie, celebra la acción liberadora liderada por Trump. A pesar de que medios de comunicación que justifican los totalitarismos de izquierda, como The New York Times, intenten deformar la verdad, no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando un gobierno toma el poder no para proteger a sus ciudadanos sino para destruir sus libertades y convertir el miedo, la miseria y el exilio en su arma de control, pierde instantáneamente toda legitimidad soberana. Ya no gobierna: delinque. Y debe ser despojado de su ilegítimo poder. Eso hizo Trump.

La entrada de los militares estadounidenses en Venezuela y la captura de Maduro no se trató, siquiera remotamente, de una agresión contra el pueblo, sino de una acción militar humanitaria dirigida contra una estructura criminal organizada, incrustada en el poder del Estado, responsable de crímenes de lesa humanidad, persecución sistemática de inocentes civiles, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y saqueo sin límites de una nación, que antes del chavismo y la intervención del régimen cubano fuera libre y próspera, y que no merecía tan largo y profundo sufrimiento nacido del error de haber votado, en 1998, a favor del socialismo, momento en que entregaron, como mansas palomas, su democracia a una trampa, de la que no hubiera sido posible escapar sin la operación de los militares estadounidenses. Esa enseñanza histórica, luego de arrastrar un cruel error por más de un cuarto de siglo, ojalá que no la olviden otra vez los venezolanos.

Ante la desinformación, vale insistir en que el derecho internacional es claro, aunque muchos prefieran ignorarlo. El Estatuto de Roma tipifica como crímenes de lesa humanidad los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Venezuela cumple ese criterio desde hace años. Lo han documentado organismos internacionales, misiones independientes y expertos que ya no hablan de excesos ni de desviaciones, sino de una política de Estado criminal. En ese punto, no rige la inmunidad diplomática ni la ficción de la soberanía: rige la persecución penal.

Estados Unidos está, por tanto, plenamente amparado jurídica, histórica y moralmente en la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula chavista. Estados Unidos no ha intervenido un Estado democrático y funcional: ha iniciado el desmantelamiento de una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, al terrorismo y a redes de corrupción hemisférica. Confundir deliberadamente al régimen con el pueblo no es un error conceptual: es complicidad narrativa. En ese marco conceptual se inscribe la declaración pública del presidente Trump, difundida en un video en la red X. Trump afirmó textualmente: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y expulsado del país en avión. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”.

La narrativa de la izquierda se derrumba frente a los hechos. Mientras The New York Times (NYT), confirmado otra vez como uno de los medio más maquiavélicos y desvergonzados de Estados Unidos, sostiene que la acción de Trump “es ilegal e imprudente”, los venezolanos, dentro y fuera del país, de a pie celebran y aplauden el inicio del retorno a la libertad, la democracia, el imperio de la ley y la prosperidad. No es un simple error editorial del NYT: es una toma de partido moralmente indecente. Hay que ser profundamente malintencionado para titular que la captura de una cúpula criminal es “ilegal”, mientras se guarda silencio o se relativiza el carácter ilegal y asesino del régimen de Maduro. Al NYT no le importa que un dictador haya matado y encarcelado venezolanos durante años: le importa, únicamente, sostener su dogma liberal (no clásico, sino socialista estadounidense), y atacar a Trump y a todo lo que huela a derecha. A su periodismo, en este caso, no le interesa informar, solo militar.

Pero la verdad se impone: la acción de Trump no se trata de una guerra contra un pueblo, sino de una acción contra un mafioso acusado de delitos graves. Trump no ha dirigido esta operación como un acto bélico clásico, sino como una intervención penal internacional destinada a dinamitar una estructura criminal enquistada en el poder, que durante décadas ha dañado al pueblo venezolano y a naciones del hemisferio como Estados Unidos. Que esta formulación haya provocado alarma en ciertos medios no es casual. Para el progresismo editorial, encarnado, una vez más, por The New York Times, cualquier ruptura con la lógica latinoamericana de la impunidad resulta “ilegal” o “imprudente”, incluso cuando se invoca explícitamente la persecución de crímenes de lesa humanidad. Para ese tipo de periodismo ideológico de izquierda, que quiere ser visto como el adalid de la comunicación, el dictador siempre merece contexto, pero sus víctimas necesitan malvivir en una cárcel de paciencia infinita. Menuda hipocresía.

En este proceso resulta clave el papel de Marco Rubio, quien ha sostenido durante años una verdad que muchos en Washington se negaron a aceptar: Venezuela no es un conflicto ideológico, sino un caso criminal. No se resuelve con mesas de diálogo ni con elecciones simuladas, sino con arrestos, juicios y condenas de los criminales. Ante el marco jurídico internacional, virarle el rostro a la obligación de intervenir en Venezuela en nombre de un vacuo pacifismo es abandonar a las víctimas y proteger a los verdugos. Claro, siempre habrá quienes justifiquen los asesinatos de Maduro en nombre del socialismo y la más adulterada y vulgar democracia. Rubio, además, ha sido claro en algo esencial: la justicia no puede detenerse en Maduro. Deben responder todos: Cabello, la cúpula militar, los jueces cómplices, los operadores financieros. Absolutamente todos los criminales. Sin pactos de impunidad. Algo que deberá ocurrir paulatinamente para minimizar los efectos secundarios.

La historia ya ha dictado sentencia contra Maduro. Pero no se trata de un fenómeno inédito. En Europa del Este, los regímenes comunistas no cayeron por editoriales seudopacifistas, socialistoides ni bienintencionados, sino por el colapso de estructuras criminales sostenidas artificialmente. Tampoco la captura de Noriega fue un ataque contra el pueblo panameño, sino la eliminación de un dictador narcotraficante que había secuestrado al Estado. Entonces también hubo indignación descaradamente selectiva, advertencias apocalípticas y sermones morales para intentar desacreditar a los libertadores y limpiarle las manos a los asesinos. Pero el tiempo, como siempre, puso las cosas en su sitio. Y así ocurrirá otra vez. La lección es inequívoca: cuando un régimen se convierte en amenaza interna y externa, actuar no es temeridad: es deber. Lo verdaderamente imprudente es la inacción moral. Y tanto Trump como Rubio han hecho no solo lo correcto, sino también lo más humano.

Ahora quedan varias acciones imprescindibles: mantener un bloqueo naval, aéreo y terrestre que controle todas las fronteras venezolanas, la captura y el enjuiciamiento de todos los criminales del régimen venezolano, la desactivación y condena de todas las organizaciones paramilitares nacionales y extranjeras (entre ellas, la inteligencia militar y los mercenarios enviados por Cuba) que operan en el país, la activación del gobierno legítimo venezolano con Edmundo González y María Corina Machado a la cabeza, la liberación de los presos políticos de Maduro, la permanencia de tropas estadounidenses que garanticen la transición (Trump aseguró que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica”, lo cual es una excelente señal de tino), y la distribución de ayuda humanitaria al pueblo. Con estos elementos controlados, Corina Machado y González podrán gobernar la transición bajo la asesoría de Estados Unidos y como necesita Venezuela. Y ojo, con el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y los subalternos y aliados de Maduro sueltos y armados en Venezuela, aún no se sabe si se necesitará un segundo y aún más contundente y largo ataque de Estados Unidos para garantizar una transición real.

Para los cubanos, lo ocurrido este 3 de enero de 2026 en Venezuela representa una esperanza para su anhelo de libertad. Hace más de 6 décadas los valientes jóvenes cubanos de la Brigada de Asalto 2506 fueron traicionados y abandonados por el gobierno demócrata del presidente John Fitzgerald Kennedy en la única acción militar de un pueblo contra el comunismo: la invasión de Bahía de Cochinos. Pocos pueden hoy trastocar una verdad conocida desde hace décadas: la dictadura cubana es la matriz del desastre continental. Es la cabeza de la serpiente, el epicentro del veneno. Sin una Cuba castrocomunista no habría existido una Venezuela castrochavista. Ambos proyectos criminales letales y exportables son partes del cáncer que ha contaminado América Latina durante casi siete décadas.

Mientras Venezuela, gracias a Trump y Rubio, inicia el camino hacia su reconstrucción, Cuba sigue siendo la gran tarea pendiente. En Cuba, siquiera existe oposición reconocida. No hace falta justificar que Cuba necesita aún más la ayuda de Estados Unidos. Decir que los cubanos –bajo un crudo totalitarismo y con una situación en general aún más difícil– han de salir a las calles, puede ser juzgado de muchas maneras, pero, definitivamente, sería la más contundente y legítima declaración del pueblo cubano solicitando la misma ayuda del ejército estadounidense que ha recibido Venezuela. Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo". Los cubanos queremos que diga lo mismo de la familia Castro y sus gendarmes asesinos. En cuestiones militares, desmantelar el neocastrismo en Cuba sería una operación mucho más fácil.

Maduro vociferaba amenazas y consignas, pero hoy está esposado, reducido y acobardado. Muchísimos cubanos tienen fe en que Trump y Rubio —el cubanoamericano de más alto rango en la historia política de Estados Unidos— comprenden que la coherencia histórica exige ir hasta el final. "Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”, acotó el Secretario de Estado en una conferencia de prensa en Florida junto a Trump. Frente a la posibilidad de una intervención en Cuba reaparecen diversos argumentos, unos válidos y otros trascendidos, como el de que la isla no posee los recursos naturales de Venezuela y que no “vale lo mismo”. Aunque la diferencia económica con Venezuela en parte sea real, la defensa de la libertad obliga a saltar cualquier trampa intelectual hasta hoy conocida. La liberación de Cuba no es un problema de materias primas, sino de salvación de una nación y del compromiso cardinal de la civilización consigo misma. En La Habana, aunque también vociferan y convocan falsas marchas, en realidad tiemblan, conscientes de que el precedente está marcado.

Una Cuba despojada de la mafia neocomunista no sólo será una nación recuperada para su pueblo: se convertirá en el puerto estratégico, el canal político y el eje geopolítico que Estados Unidos necesita para repatentizar la economía de libre mercado, cerrar el ciclo del totalitarismo en el hemisferio, sanar las heridas que el comunismo le viene provocado desde el siglo XX y marcar una nueva era de mayor liderazgo mundial. Tampoco olvidemos lo que para Estados Unidos en términos comerciales significa la cercanía y la ubicación geográfica de la isla, el capital de tantísimos cubanos y cubanoamericanos interesados en invertir y hacer progresar su país o la isla de la que escaparon sus padres, así como las posibilidades de la Base Naval de Guantánamo teniendo otra vez a Cuba como aliado.

Con una Cuba comunista, la seguridad de Estados Unidos, la de una liberada Venezuela y de toda la región, seguirán en constante peligro: no es alarmismo, la historia lo confirma. Esperar a que el castrismo caiga por su propio peso, además de insistir en un reiterado error, es continuar (la otra cara de la continuidad) abandonando a los cubanos a merced de una hábil tiranía de naturaleza antiestadounidense. Desde dentro y fuera de la isla, reclamamos que, con el respaldo de tratados internacionales, se salve también a nuestra patria secuestrada por delincuentes y represores que no van a entregarla por las buenas. Desde hace varias décadas merecemos ser libres. Estados Unidos debe completar la “Operation Absolute Resolve” en Cuba.

Publicado originalmente en El Nuevo Conservador.

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